¿Qué cambios necesita la Policía tras la crisis por la muerte de Javier Ordóñez?

El Gobierno Nacional lo explicó esta semana así: “desde diciembre del 2019 se viene trabajando en el proceso de transformación de la Policía, queremos una Institución mucho más cercana a los ciudadanos, más moderna y mucho más profesional”.

La ministra del Interior, Alicia Arango, incluso, aseguró que esta estrategia de transformación de la Policía tiene como base la formación y capacitación de cada uno de los miembros en términos de derechos humanos.

También afirmó que en esta transformación se trabaja por profesionalizar el modelo de vigilancia por cuadrantes, es decir, estaciones y los CAI, “para que se perfeccione y se dé una mayor trazabilidad de cada actuación de los oficiales”.

Arango expresó que aunque es el Ministerio el encargado de definir la política de seguridad del país, la modernización de esta Institución se logrará gracias a un trabajo articulado con la misma Policía Nacional.

Y es que las muertes de Javier Ordóñez, Dilan Cruz y el grafitero Diego Felipe Becerra son apenas tres de los rostros visibles que ha dejado el abuso de autoridad por parte de policías en el país. En dichos casos, un mal procedimiento generó cientos de investigaciones para más de diez oficiales inmersos en irregularidades y también dejó tres familias de luto.

Ordóñez, Cruz y Becerra encontraron la muerte, presuntamente, en manos de policías. De acuerdo con la Constitución, el derecho a la vida debe primar por encima de cualquier situación, sin embargo, en estos tres casos, los policías fallaron.

Un disparo a la humanidad de Becerra, un disparo con arma no letal por parte de un miembro del Esmad a Cruz, y una fuerte golpiza junto con choques de ‘taser’ a Ordóñez, fue lo que les cegó la vida, y estos hechos no solo tienen en vilo a sus familias, sino también a un país que debate sobre qué transformaciones debe tener la Policía.

Esta reestructuración, a juicio del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se viene adelantando por orden del presidente de la República, Iván Duque, bajo la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que establece lineamientos para fortalecer a la Policía Nacional, su eficacia en la lucha contra las organizaciones criminales y delincuenciales, y generar un acercamiento al ciudadano.

Para Gustavo Trejos, padre del grafitero Diego Felipe Becerra, y quien tras la muerte de su hijo se dedicó a la defensa de los derechos humanos, la reforma policial debe tener cinco características esenciales: mejorar los procesos de incorporación, mejorar los procesos de entrenamiento con armas, afianzar la capacitación en derechos humanos, orientación en temas psicológicos y profesionalizar a los uniformados.

Sobre la capacitación en derechos humanos, el padre de Diego Felipe Becerra resaltó que es quizá la falla más grande que tiene la Institución, dado que de estas clases reciben apenas 40 horas de capacitación. Para el hombre, este debe ser el eje fundamental de un policía, “ya que ellos son un cuerpo civil, que está para seguir del lado de la gente y protegerla, más no atacarla”.

Al respecto, Néstor Rosania, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, dijo que una de las mayores implicaciones que tiene en este momento la Institución es el juego de roles y funciones, que a su juicio, “no es otra cosa que una consecuencia del conflicto armado, dado que ha hecho que Colombia tenga una Policía militarizada”.

“Desde su doctrina hasta su equipo, una Policía con escuadrones jungla, en operaciones en la mitad de la selva hizo que tuviéramos un Ejército más que un cuerpo civil armado como lo dice la Constitución, hecho que derivó que el imaginario del policía contraguerrilla sea el norte institucional, y hoy tenemos policías en las ciudades que actúan bajo esa lógica y no como el policía mediador entre los ciudadanos y defensor de los derechos humanos”, argumentó.

Asimismo, Alejo Vargas, analista de los temas de seguridad, defensa y paz, consideró que se deben abocar unas reformas urgentes a la Policía y que estas deben ocuparse de por lo menos cuatro aspectos: “Uno, el proceso de selección de los miembros de la institución; dos, el proceso de formación de los agentes y la centralidad que deben tener en el mismo el tema de los derechos humanos, que no es simplemente darles un curso, sino que esta sea una orientación que atraviese todo el proceso de formación”.

“Tres, el tema de la doctrina operacional, entendida por la propia Institución como el conjunto de ideas u opiniones, preceptos éticos, legales y conceptos oficialmente aceptados, en los cuales se fundamenta todo el quehacer policial; y por último, la cultura de la rendición de cuentas a la sociedad, además de sus superiores”, explicó Vargas sobre lo sugerido.

Por su parte, el experto en seguridad Jairo Libreros, dijo que pese al debate que se ha generado a raíz del caso de Javier Ordóñez, el problema no tiene nada que ver con la regulación de la Fuerza Pública debido a que la jurisprudencia colombiana y, en particular, la convención de La Habana establece los parámetros con base en los cuales los funcionarios que hagan parte de los cuerpos de cumplimiento de la ley pueden establecer hasta dónde puede llegar el uso de la fuerza o la utilización de armas de fuego, así como las herramientas consideradas no letales, como los ‘taser’.

En este sentido, el analista indicó que debería haber una mejor formación a los miembros de la Fuerza Pública en cuanto al manejo de este tipo de herramientas. Expresó que también sería recomendable que se incorporarán parámetros en forma de protocolos para las actuaciones en los diferentes casos donde sea necesaria su intervención.

A su vez, Ana Margarita González, coordinadora de la línea de acceso a la justicia y política criminal de la Ilex Acción Jurídica, señaló que los reglamentos internos que tiene la Policía no son suficientemente detallados ni exhaustivos sobre los límites del uso de la fuerza. Agregó que el problema radica en que la regulación es demasiado amplia, lo que deriva en un vacío legal que facilita la arbitrariedad.

“Al no haber una regulación detallada y específica sobre el uso excesivo de la fuerza, sobre el uso de ciertas armas no convencionales, se genera un caldo de cultivo para que se presenten situaciones de abuso de discrecionalidad. Por otro lado faltan mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de sanciones a la Policía”, apuntó González.

De acuerdo con la experta, las investigaciones internas que ellos realizan, en su mayoría, terminan archivadas, lo mismo que los procesos penales. Por esta razón, acotó, sería conveniente mejorar los procesos de investigación, en especial, para que sean más ágiles y generen sanciones ejemplarizantes.

De igual forma, González aseveró que las actuaciones de la Policía deben regirse por esos estándares del uso de la fuerza en el marco de los derechos humanos, pero en el accionar de la Policía no se cumple con estos parámetros porque hay muchas situaciones de abuso y de uso excesivo de la fuerza, que se profundizaron en el contexto del Covid-19, donde aún hay restricciones a la movilidad y a la circulación.

Sin embargo, Jairo Libreros en contraposición a Ana Margarita González, manifestó que en términos de derechos humanos la Policía Nacional ha hecho un trabajo muy destacado durante la última década porque no solamente ha incorporado parámetros de respeto sino, especialmente, procedimientos que son respetuosos de la vida y la integridad de los ciudadanos.

“La Policía más prestigiosa a nivel internacional es la colombiana. Es el servicio de Policía que ha resultado mejor evaluado en los últimos cinco años, entre otros tópicos, por su compromiso con los derechos humanos. Que sea esa evaluación tan exitosa no significa que la Policía sea ajena a la comisión de delitos y deje de asumir responsabilidades por actuaciones individuales de los uniformados”, aclaró Libreros.

Entre tanto, para el representante a la Cámara Erasmo Zuleta, lo que se debe buscar ahora, de manera urgente, es la forma para que desde el Congreso de la República existan condenas ejemplarizantes para los uniformados que cometan actuaciones irregulares contra la ciudadanía.

No obstante, a la vez requirió que los ciudadanos que vandalicen o atenten contra los miembros de la Institución también sean judicializados.