¿Qué hará el Gobierno para evitar la quiebra del MÍO? Responde el ministro de Transporte

Guillermo Reyes González, ministro de Transporte, visitó la capital del Valle del Cauca para reunirse con el Bloque Regional del Pacífico y hablar de uno de los temas que más preocupa a la región: la movilidad vial.

La doble calzada Buga-Buenaventura, el dragado, el puente de Juanchito, la situación del MÍO y, por su puesto, la búsqueda de una solución a la problemática de la vía Panamericana, fueron algunos de los puntos tratados.

En diálogo con El País, Reyes dijo que para el próximo 15 de febrero se tiene prevista la firma del acta de inicio de las obras de la doble calzada y dio a conocer que el proyecto del dragado en la bahía de Buenaventura estará a cargo de Invías y no de la ANI.

Igualmente, anunció que el Gobierno Nacional iniciará una labor contundente para combatir la ilegalidad en el transporte público, para lo cual hizo varios anuncios.

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¿Cuándo arrancan las obras pendientes de la doble calzada Buga–Buenaventura?
Ese contrato de concesión se adjudicó y se firmó hace unos tres meses y medio en Buga y ahí lo anunciamos al país. El próximo 15 de febrero vamos a hacer la firma del acta de inicio en Buenaventura, y comienza todo el proceso de lo que será la construcción de lo que falta de esa doble calzada, que ha sido el sueño de todo el mundo y que creyeron que nunca iba a ser posible. Ese mismo día vamos a aprovechar para presentar el proceso y cronograma de la obra pública para el dragado de la bahía de Buenaventura.

¿Ya se decidió que el dragado se hará por obra pública?
Este proyecto se va a pasar de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) a Invías, para que se haga por obra pública, no por Alianza Público Privada. Esta APP fue rechazada por el Gobierno anterior y esa decisión fue confirmada por este. Así será más barato y más rápido. Eso podría significar que este año pudiéramos empezar con el trabajo de ese dragado, que debe llegar a los 16 metros de profundidad.

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¿Se puede arrancar rápido con esta obra o habrá más estudios?
Vamos a aprovechar lo que se presentó y con esa información, y alguna más adicional que tenga la ANI y el Invías, se va a trabajar en ese proyecto de obra pública que tendrá una inversión cercana a los $3 billones. Además, esto hará parte del proyecto que tiene el Presidente de tener un gran puerto, un gran muelle que permita que lleguen los grandes buques, desembarquen la mercancía y pueda ser llevada al Atlántico, que es un poco de lo que llamamos un canal seco, es decir, hacerlo por ferrocarril o a través de las carreteras.

Un proyecto de la región que no ha podido despegar es la vía Mulaló– Loboguerrero, ¿qué novedades hay?
Esto se ha venido trabajando con la ANI y Corficolombiana, que es la empresa concesionaria, y con la intervención de los ministerios de Hacienda y Transporte, buscando cómo encontrar una solución amigable. Seguimos buscando acuerdos para llegar a una conciliación.

¿Qué sería lo mejor para la obra?
Que se llegue a un acuerdo, eso es en lo que hemos insistido, en especial el Ministerio de Hacienda, con una fórmula que permita arrancar las obras. Llevamos ocho años con temas de tribunal de arbitramiento, ambientales, sociales y la vía es una necesidad.

En la región hay otra obra que no avanza y es el puente de Juanchito, ¿qué sabe al respecto?
En eso ya el Invías avanzó y se desarrollan los trabajos con la Gobernación. A mi despacho fue varias veces el senador Alexánder López pidiendo soluciones al Gobierno Departamental y Nacional. Nos reunimos con Invías y logramos una solución y anunciamos que ya el proceso va para adelante.

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¿Por qué la demora en las obras?
Por recursos, ya que no se habían apropiado los necesarios. Ahora le fueron asignados $10.000 millones que ya tiene la Gobernación para seguir con las obras y el Invías, por solicitud del Ministerio, pidió acompañamiento de la Contraloría para la ejecución de esos dineros. La obra tiene que quedar terminada máximo a finales de este año.

Una de las preocupaciones de la región es el futuro del MÍO, ¿qué apoyo se recibirá del Gobierno Nacional para garantizar ese futuro?
El tema del MÍO es como el de Transmilenio y los demás sistemas de transporte masivo del país. Tenemos una gran oportunidad en la Ley del Plan de Desarrollo, donde vamos a llevar todo un capítulo de normas que van a permitir solucionar la problemática que tienen los sistemas de transporte masivo en las ciudades capitales. Lo primero es que nosotros hemos señalado que estos sistemas están en una situación de crisis por el tema de la ilegalidad. Hoy, el peor de los enemigos que se tiene es la inacción de los gobernantes locales por luchar contra la ilegalidad, algunos la toleran y otros quisieran luchar contra ella, pero no tienen las condiciones.

Segundo, vamos a reforzar las facultades de las autoridades locales y territoriales para tomar medidas directas para salvar los sistemas, en especial financieras. Le dije al Alcalde de Cali que me permitiera reunirme con los operadores y buscar cuál es la propuesta de solución.

Tercero, el tema de la sostenibilidad. Es fundamental saber cómo lo hacemos sostenible y eso es posible con fuentes financieras de orden territorial. Es importante revisar la operación y reducir los costos; establecer temas de calidad para que la gente prefiera subirse a un MÍO y no a un transporte ilegal.

¿Usted ve bien lo que se está haciendo aquí con el MÍO, es decir, la búsqueda de recursos con la sobretasa a la gasolina?
Si bien es una decisión de carácter municipal, creemos que es una de las formas de salvar el sistema.

En la operación del MÍO le recomendamos al Alcalde que es muy importante evolucionar a un sistema que incorpore componentes de micro alimentación, que combinen sistemas tradicionales de transporte con las nuevas tecnologías y con el nuevo modelo del MÍO y se cambie la estructura tarifaria, para eliminar de ahí los componentes de infraestructura.

Estamos trabajando también a instancias de la Procuraduría para lograr que la Policía aumente el pie de fuerza en la lucha contra la ilegalidad, eso va a implicar recursos y vamos a trabajar para ese propósito. La ilegalidad se vence a través del control por la Fuerza Pública.

¿Qué otra estrategia hay para ayudar a los sistemas de transporte masivo del país?
Ahora estamos trabajando con una idea que le he conversado a la Ministra de Trabajo y es que los recursos que corresponden al subsidio de transporte no se entreguen en efectivo, sino que se entreguen en una tarjeta para que se use en ciudades donde hay sistemas de transporte como el MÍO.

Pero esa propuesta puede generar polémica con los trabajadores...
Es un subsidio para el transporte público y lo que están haciendo las personas es utilizarlo para pagar la cuota de una moto que utilizan como fuente de ilegalidad. El mayor porcentaje del uso de las motos es para el moto taxismo.

¿Esa propuesta en qué fase va?
Estamos conversando para tener la seguridad de que se incluya bien sea en la Ley del Plan de Desarrollo o en la reforma laboral.

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Hablando de la emergencia que se registra en la Panamericana, ¿cuándo estaría lista esa variante de 1,8 kilómetros de la que habla el Gobierno como alternativa?
La situación es esta: hoy tenemos dos vías alternas para vehículos livianos. Las dos están en proceso de rehabilitación por el Invías y vamos a ir permitiendo que pasen algunos de carga.

La nueva variante que se está haciendo va a ser de 1,8 kilómetros y va a estar lista en el menor tiempo posible para que puedan pasar tractomulas. Esta tendrá una inversión cercana a los $90.000 millones.

¿Qué va a pasar con la vía Panamericana?
Ahí no hay nada qué hacer, la tierra se llevó la carretera, además, por la falla geológica, la tierra se sigue moviendo. Si se invierten recursos ahí, se pierden. Entonces se está abriendo una vía más allá del punto del desastre, que será para vehículos de tráfico pesado. La solución definitiva es la obra pública Pasto-Popayán, que arrancaría con la variante desde Timbío, que está ubicado antes de Rosas, y sale adelante hasta El Estanquillo, son 67 kilómetros y esto puede costar unos $5 billones.

Vamos a utilizar el procedimiento de emergencia que nos da la ley para acelerar toda la fase técnica. La ANI se comprometió a que en cinco semanas deben estar entregando ya los estudios técnicos, para que Invías los tome y arranque con lo que serían los procesos de compra de terrenos y consultas previas. Yo creería que el otro año, en el primer semestre, se estaría empezando el proceso de construcción.

Por ahora tenemos que confiar entonces en que la variante se haga rápido?
Con los indígenas, que habían impedido el acceso, se llegó a un acuerdo. Ellos permitieron trabajar, hay unos puntos que quedaron acordados y se va a trabajar sobre ellos.

Se están trabajando en turnos de 24 horas y se espera más o menos que entre 100 y 120 días estén listas esas obras. Sin embargo, con doble turno se podría reducir a 80 o 90 días, que es nuestro proyecto.

Se han tomado otras decisiones. Habilitaremos también el paso por las dos variantes que hoy funcionan, y estamos buscando el paso de insumos médicos, entre otros.

También tenemos habilitados los aeropuertos de Ipiales y de Pasto para aviones de carga y mayor capacidad de tráfico de personas.
Por carretera igualmente estamos trabajando de la mano con Invías en mejorar y rehabilitar la vía San Francisco- Mocoa, que conecta a Nariño y Putumayo al centro del país, esa es la famosa troncal de la muerte. La estamos habilitando de un solo carril, de manera que sea un día en un sentido y el otro día del otro, y habilitar por ahí el paso de tractomulas.

¿En el Valle se congeló la tarifa de todos los peajes?
En el caso del Valle del Cauca hay uno o dos peajes que son departamentales. Ellos no se acogen a una norma que es para peajes nacionales. Hubo algunos de las vías concesionadas que habían hecho el incremento cuando no podían hacerlo y ya están con las tarifas anteriores.

¿Qué pasará con los que prestan servicios de transporte público ilegal? Vamos a luchar en contra de aquellos que presten un servicio público y no se someten a las reglas existentes. No se puede permitir un servicio privado de transporte que no cumpla con todos los requisitos que se exigen para los taxis. Mientras ellos pagan por una cantidad de conceptos, los otros no lo hacen. Radicaremos un proyecto de ley para establecer mecanismos de control contra la ilegalidad como implementar medios técnicos para fortalecer la capacidad de control de las autoridades y combatir las plataformas que facilitan la prestación de un servicio ilegal.