¿Qué pasa? La tensión entre el Gobierno y excombatientes por casas para desmovilizados

A inicios de 2021, mientras en el país se denunciaba la falta de garantías para los excombatientes de las Farc que se acogieron al proceso de paz (son 285 los exintegrantes de esa guerrilla que han sido asesinados, según la ONG Indepaz) el Gobierno anunció que garantizará que las personas en el proceso de reincorporación tengan acceso a vivienda propia.

En parte el proyecto consiste en comprar los predios de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, (ETCR), las antiguas Zonas Veredales donde los excomabatientes reciben capacitación para retornar a la vida civil, y, como en el caso del Valle, donde no hubo un ETCR propiamente, la alternativa es ofrecer subsidios y créditos para la compra de vivienda rural. En el departamento, por cierto, son 495 las personas que actualmente están en el proceso de reincorporación.

Sin embargo, en los últimos días se desató una polémica, por un lado por una tutela de varios excombatientes en la que le piden al Gobierno de Iván Duque el derecho a la seguridad en el territorio ante los constantes hechos de inseguridad a los que se enfrentan a diario, y por otro porque aún el gobierno y los exfarc no se ponen de acuerdo sobre un asunto fundamental con respecto a las casas: los materiales en los que serán construidas.

Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, estuvo en Cali y conversó con El País sobre esta discordia que podría generar que la construcción de las casas tarde no 7 meses como se tenía previsto, “sino dos años, y a un costo mucho mayor”.

¿Cómo avanza la promesa de garantizar vivienda para las personas en proceso de reincorporación?

El compromiso por parte del presidente Duque es consolidar los antiguos espacios territoriales. Estas zonas tenían una duración de dos años y el Presidente comenzó a tener un diálogo con los excombatientes y ahí se toma la decisión de comprar esa tierra, con fines de vivienda y proyectos productivos, y de esta manera consolidar el arraigo a la legalidad de más de 2400 familias. En ese marco ya hemos realizado la compra de 11 predios. Son más de 565 hectáreas dispuestas hacia la población en proceso de reincorporación. También comenzamos la contratación de las Gerencias Integrales.

¿Qué es un una Gerencia Integral?

Son las encargadas de liderar la construcción de las casas en cada uno de los territorios. Eso quiere decir que estas gerencias deben socializar con la población cuáles son los impactos de este proceso en las comunidades. También acordar el diseño de las viviendas, los materiales, los urbanismos, etc. Ya hicimos la contratación de la gerencia integral para el antiguo espacio territorial de Dabeiba, Antioquia. Y acabamos de concretar una segunda agencia en Arauca, para impactar el antiguo espacio territorial de Filipinas en el municipio de Arauquita. Estamos hablando de 187 viviendas con una inversión de $15.200 millones.

Sin embargo, hay una polémica con exmiembros de las Farc en Dabeiba por el tamaño y los materiales de las casas. No están de acuerdo.

Al respecto hay varios temas. Nosotros, en el marco del subsidio de vivienda rural, que son aproximadamente 70 salarios mínimos, logramos con aportes de gobernación y cooperación internacional ampliar ese cupo, para pasar de otorgar un subsidio de 70 a 90 salarios mínimos.
Esto nos permite ampliar el tamaño de las casas, que era una diferencia inicial que se tenía, para que no fueran del tamaño de lo que se viene entregando en cuanto a vivienda rural en Colombia, que son casas de 45, 50 metros, sino que pasamos a casas de 68 metros. Ese aspecto ya está acordado.

Pero los materiales no…

Lo que sucede es que en el proyecto, el factor de las tecnologías de construcción es clave. ¿Por qué? Debemos ser amigables con el medio ambiente, ser más ágiles en los tiempos de entrega de las casas y garantizar que el presupuesto alcance. Las casas que estamos proponiendo tendrían una tecnología nueva en Colombia pero que se usa desde hace mucho en el mundo: ‘Steel framing’. (Es un sistema de construcción que emplea perfiles de acero en vez de vigas de madera o aluminio como elementos estructurales). Son casas con todas las normas de sismo resistencia y además con estos materiales podemos garantizar que sean de 68 metros, pero en cambio ellos solicitan que sean de mampostería estructural. Es decir, cemento y ladrillo.

¿Qué implica que se cambien los materiales?

Implica unos sobre costos para la obra muy altos, tanto económicos como en materia de tiempo. Estábamos pesando que teníamos un proyecto con una duración de 7 meses, ahora con este cambio vamos a irnos a un proceso que puede llegar a durar entre dos y tres años. Y hay un tema particular: como todos estos sobre costos impactan el presupuesto del proyecto, ya no estamos hablando de casas de 68 metros, sino que las casas se tendrían que reducir un 20% del tamaño inicialmente concertado, lo que implica volver a hacer el proceso de concertación. Retrocedemos otros 6 meses en los cronogramas.

Y el tema de las vías. Si estamos hablando de materiales más livianos y ligeros como los que proponemos, pero con toda la calidad, estamos hablando de hacer entre 30 y 60 viajes para llegar al sitio donde se va a hacer la construcción de estas casas. Al cambiarlos por materiales más robustos estamos hablando de más de 200 viajes y eso va a tener un tipo de afectación sobre las vías que también debemos tener en cuenta.

¿Qué pasa con los excombatientes en el Valle, que no están propiamente en un ETCR?

La oferta que estamos focalizando en el Valle por parte del Gobierno nacional está mucho más dada a los temas de vivienda rural. Como en el Valle no existió un espacio territorial como tal, entonces la estrategia del gobierno es que las personas en proceso de reincorporación puedan acceder a subsidios para vivienda rural y otras flexibilidades para que tengan ese derecho fundamental de un techo y les permita avanzar en ese proceso del arraigo de la legalidad. Hasta el momento son 90 personas, de las 495 en proceso de reincorporación, todas exintegrantes de Farc, que están vinculadas en la ruta de acceso a la vivienda en el departamento. Además, hasta julio de 2021, 240 personas que residen en este territorio han recibido el desembolso de sus proyectos productivos: 80 en proyectos colectivos y 160 en proyectos individuales. Y a nivel nacional el 98% de las personas en proceso de reincorporación están vinculadas al sistema de salud.

Sin embargo sigue la estigmatización con esta población. Ya son 285 los excombatientes asesinados…

Sin duda es uno de los retos más grandes. De la mano con la Defensoría, en el Día Nacional de los Derechos Humanos, hacíamos una reflexión sobre el tema de la estigmatización, que son vulneraciones invisibles y a veces naturalizadas, lo que terminan afectando los derechos a la vida, a la honra, al trabajo, de las personas. Y es un gran reto garantizar la seguridad. Por ello el presidente Duque ha dispuesto de múltiples estrategias, desde desplegar esquemas de protección, hasta fortalecer la investigación para que estos crímenes no queden impunes. El 56% de estos actos han sido esclarecidos por la Fiscalía.

Se ha dicho que este gobierno hizo ‘trizas’ el Acuerdo de Paz. ¿Usted qué responde?
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Muchos de los beneficios para los reincorporados acababan a los 24 meses de la firma del Acuerdo. Este gobierno en cambio amplió ese marco de acción. El Acuerdo además no definía el acceso a tierras para la población en proceso de reincorporación, ni para vivienda, ni para proyectos productivos. Y este gobierno estableció rutas claras en ese sentido para garantizar ese acceso a la tierra como factor fundamental para la reincorporación. Todo ello demuestra el compromiso con el Acuerdo de Paz. Existe además una planificación para que el proceso sea irreversible, que no tenga vuelta atrás por el cambio de los gobiernos, porque la implementación de la paz va mucho más del periodo de un mandato. Es un proceso de transformación de Colombia que implica por lo menos 15 años.