Reclutamiento forzado, un delito que sigue afectando a los menores en Colombia

La cifra es de dolor y vergüenza: entre 1956 y 2017 al menos 31.000 menores de edad fueron obligados a tomar las armas por alguna de las organizaciones criminales que existen en Colombia, siendo las extintas Farc las responsables de al menos la mitad de estos casos, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, pero no solo eso, según el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, 542 más han sido víctimas de este flagelo desde el 2016 hasta el 21 de agosto de 2022.

Esto es prueba de que este crimen ha continuado vigente en el país aun después de la desmovilización de la guerrilla tras el Acuerdo Final de Cuba y es la principal razón de que el Ministerio de Defensa haya ejecutado la estrategia Generación Futuro, que busca evitar que esta situación se siga extendiendo por el territorio nacional.

De acuerdo con expertos, la mayoría de las víctimas del reclutamiento forzado comparten signos de tragedia: nacieron en lugares en los que no hay acceso a la salud, a la educación o a los servicios básicos y para vivir y crecer de forma digna deben regirse por la ley del más fuerte. Estas circunstancias los hacen vulnerables a los grupos ilegales, quienes necesitan aumentar sus números.

“Los ilegales recurren a esta práctica, principalmente, por su afán interno de engrosar sus filas y por eso apuntan a los grupos de mayor vulnerabilidad, que son los menores a quienes les resulta más difícil rechazar sus ofertas e imponer su voluntad de seguir su vida al margen de la violencia”, explica el exdefensor del Pueblo Carlos Negret.

Es por eso que las zonas en donde más se presentan denuncias de reclutamiento forzado son aquellas en donde hay una mayor extensión de economías ilegales.

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“No es coincidencia que sean las regiones donde confluyen condiciones estructurales de pobreza y falta de oportunidades, como lo son la infraestructura educativa digna, servicios de salud accesibles y garantías adecuadas para el derecho a la alimentación con la presencia de estas agrupaciones criminales, las que sean las más afectadas. Además, por supuesto, que son territorios estratégicos para las economías ilegales del narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando. Son, entonces, al suroccidente del país en departamentos como el Cauca, Nariño y el Valle; al noroccidente, en el Chocó y el Bajo Cauca antioqueño; en el Nororiente el Catatumbo y la frontera con Venezuela hasta el departamento de Arauca; en el piedemonte amazónico en Caquetá y Meta”, añade Negret.

Por su parte, la docente e investigadora Juana Dávila, señala que una parte del impacto negativo que tiene el reclutamiento es que obliga a las víctimas a vivir de la violencia.

“Este delito es sumamente grave porque son reclutados cuando en promedio tienen 15 años de edad, que es un momento en que muchos de nosotros adquirimos y desarrollamos una serie de habilidades que después vamos a tener la capacidad especializarnos en ellas. Sin embargo, ir a la guerra solo da dos opciones: o se muere en ella o se sobrevive, y lo que queda son capacidades de servicios violentos en el que las víctimas se convierten en mano de obra especializada en hacer la guerra”.

Dávila añade que esto se extiende a las comunidades, ya que muchos de los afectados por este crimen pueden fomentar en sus hijos y otros familiares la idea de que ese tipo de vida es viable y puede contribuir a inducirlos a que participen de la violencia.

Un investigador del conflicto que trabaja en algunas de las zonas más afectadas, que pide reserva de su identidad, explica que en cuanto a este delito, Colombia se distingue de otros países en conflicto porque la mayoría de los casos de reclutamiento forzado se hacen sin violencia, como pasa, por ejemplo, con Boko Haram en Nigeria que realiza secuestros masivos.

“En Colombia hay modalidades de reclutamiento por otro tipo, son más por la vía del convencimiento ideológico, por una oferta remunerada y por sociabilidades compartidas. Las tasas de reclutamiento nunca han sido lo mismo, no volvimos a la guerra de los años 90, las cifras han descendido notablemente. Lo que sí ocurre es que se siguen afectando a unas poblaciones particulares”.

El experto en estudio de violencia y conflicto dice que en el país el reclutamiento forzado de menores no es desordenado y, por el contrario, obedece a una estrategia definida. “Cuando suman a alguien nuevo a sus filas lo hacen con conciencia, saben que se están llevando a alguien que nació en la zona, que pueden usar su conocimiento del terreno para beneficio del grupo y que pueden entrenar y moldear para la guerra. Buscan algunas características, como que sea alguien disciplinado, tranquilo y a quien puedan llevar a combate, estamos en mora de comprender mejor ese fenómeno de que hay algunos perfiles más vulnerables que otros”, añadió.

El investigador agrega que una tendencia es que el reclutamiento por razones ideológicas ha venido disminuyendo y cada vez más los menores son sacados de sus hogares con la promesa de remuneración económica o por la posibilidad de lograr un ascenso social en sus comunidades. “En algunas zonas del país los actores armados son mecanismo de ascenso social. En este momento los que más hacen eso son las AUC y el Clan del Golfo, eso tiene que ver con los ingresos que deja el tráfico de cocaína y que estos grupos manejan un portafolio de tributación muy amplio derivado de diversas economías ilegales, por lo que estar dentro de ellos es el único mecanismos satisfacción de bienes y ascensos sociales”.

Es este panorama el que llevó a que esta semana el Ministerio de Defensa pusiera en funcionamiento una estrategia para evitar el reclutamiento forzado de menores de edad. A través del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado realizan actividades con menores en las que les dan información sobre los riesgos del reclutamiento forzado, sus derechos y la ruta de prevención que podría salvarlos de una situación.

Las jornadas de prevención se denominan ‘Generación Futuro 3D: Diversión, Dignidad y Derecho’. Hasta el momento, el programa ha beneficiado a 330.000 menores y sus familias, con más de 4500 actividades desarrolladas en el territorio.

Según cifras del Ministerio de Defensa, desde el año 2002 a la fecha, se han presentado para el proceso de desmovilización individual, un total de 34.697 personas, de las cuales 5.925 han sido menores de edad que se desvincularon de los grupos armados ilegales, es decir un 17%.
Del total de estos menores desvinculados, 4.150 son de sexo masculino (70%) y 1.775 son de sexo femenino (30%).

De las 34.697 personas 8.623 fueron reclutadas siendo menores de edad. El Ministerio agregó que durante los casi 12 años de existencia del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado se han visitado alrededor de 700 municipios, veredas y corregimientos en zonas vulnerables de todo el país, implementando programas culturales y deportivos, desarrollando conversatorios y talleres en escuelas y colegios.