Regulación de Uber y otras aplicaciones, una 'papa caliente' para el Estado

Esta semana, Uber anunció su salida de Colombia tras seis años de operación en el país, cumpliendo una orden de la Superintendencia de Industria y Comercio, que falló en su contra una demanda por “competencia desleal”.

Su partida —que podría ser solo temporal— abre nuevamente la polémica sobre cómo los nuevos modelos de negocio digitales siguen poniendo ‘en jaque’ a las empresas tradicionales y la capacidad del Estado para regular estas actividades.

Así como Uber se convirtió en una ‘amenaza’ para los taxistas, aplicaciones de alojamiento como Airbnb han ‘sacado canas’ a la hotelería tradicional; y servicios de ‘streaming’ como Netflix han transformado por completo el consumo de contenido audiovisual.

En el caso de los dos primeros, el reto regulatorio ha sido aún mayor, pues los servicios son prestados por personas particulares, que no son considerados empleados, y que tampoco están obligados a pagar un impuesto por su labor. Una situación similar a la de aplicaciones de domicilios.

Solo desde el año pasado, las plataformas de servicios digitales extranjeras, como las mencionadas Uber, Airbnb, Netflix o Spotify, pagan impuesto por ventas, IVA. Pero siguen sin tributar los cobros particulares de cada sector.

Sobre esto ha dicho el Ministerio de las TIC: “tenemos un gran desafío regulatorio frente a los impactos sectoriales de la digitalización, en campos como la hotelería, transporte o los servicios financieros. Estos desafíos obligan a los reguladores de cada sector a analizar las nuevas realidades derivadas de la economía digital”.

Mientras se alcanza lo que menciona MinTIC, la prestación de los servicios de estas plataformas seguirán siendo una ‘papa caliente’ para el Estado.

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“Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”, dijo el viernes la compañía Uber en un comunicado en el que anunciaba que dejará de operar desde el 1 de febrero de este año, acatando el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según el mensaje, la firma está utilizando “todos los recursos legales para defender el derecho de 2 millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados“.

El fallo de la Superintendencia se dio respondiendo a una demanda de la empresa Cotech, aliada de Taxis Libres, por “competencia desleal” en el servicio de transporte individual.

Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas, aseguró que esperan fallos similares con otras 'apps' de transporte.

La ‘pelea cazada’ que han mantenido en los últimos años los taxistas con plataformas como Uber es similar al conflicto de las empresas de hotelería con las aplicaciones Airbnb o Booking.

En Colombia, el número promedio mensual de alojamientos en estas plataformas fue de 61.738 el año pasado; más de tres veces lo que era en 2014, de acuerdo con un estudio desarrollado por el Sistema de Información Turística del Valle - Situr-.

En el departamento, según esa entidad, el año pasado la oferta promedio mensual de alojamientos en estas plataformas fue de 5.246; siendo el quinto con mayor oferta en el país.

La mayor parte de ofertas se encuentran en Airbnb, pero también participan en el mercado plataformas como Booking, Vrbo (antes Home Away) o Couchsurfing.

“No estamos en contra de estas plataformas, para nosotros la tecnología es bienvenida, pero es fundamental que éstas tengan los mismos pagos de impuestos y condiciones en nuestro país”, dice Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato.

En ello coincide Marcos Romano, gerente del hotel Marriott en Cali, quien advierte que “el Gobierno está dejando de percibir una cantidad importante de dinero en impuestos de lo que se genera en estas plataformas y deja de recibir lo que nosotros dejamos de vender”.

En materia de ingresos, según los datos de Situr, en el 2018, las ventas de estos alojamientos sumaron $182.000 millones en Colombia.

En una mirada a la oferta de alojamientos de Airbnb en Cali se pueden encontrar más de 300 opciones. Una de las ofertas disponibles en la ciudad es el apartamento del caleño Camilo Mantilla, quien ofrece en San Antonio un alojamiento con una habitación de cuatro camas, y una amplia sala comedor por $98.000 la noche.

“Hace unos dos años comencé con el tema. Trabajo con dos plataformas: Airbnb y Booking, las dos ofrecen alojamiento por días o semanas. Es una experiencia buena, en donde vi una oportunidad de negocio. Hice un viaje con la intención de ver las propuestas que hay y comencé a adecuar espacios de acuerdo con lo que pensé que podía funcionar”, cuenta el caleño, que cumple el rol de ‘Anfitrión’ dentro de la plataforma Airbnb.

Para Harold Rivas, director de Situr Valle del Cauca, el auge de este tipo de plataformas puede traer consecuencias para las zonas residenciales en las que se prestan estos servicios, como un aumento en el costo de alquiler o de consumo para las comunidades locales, al convertirse en sectores de vocación turística.

Sobre el tema de “competencia desleal” que mencionan los hoteles tradicionales, Rivas asegura que “aún así recomendamos a los hoteles que si el mercado evoluciona, ellos también deben hacerlo, comenzar a pensar en nuevos servicios para competir en un nuevo mercado que se ha abierto a través de estas nuevas plataformas de comercialización”.

El dilema de la regulación de estos nuevos modelos de negocio aún no es claro ni siquiera al interior del Gobierno Nacional, ni en el actual ni en la anterior administración, pues ya se han visto choques de opiniones entre los ministerios de Transporte y de TICs sobre la legalidad de estas ‘apps’.

Esta semana, el MinTransporte recordó sus razones para considerar a Uber como ilegal: prestar servicio de transporte en vehículos privados y no cumplir con regulaciones de las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996.
Mientras tanto, los ministros de las TICs han sostenido posiciones contrarias. La actual ministra, Sylvia Constaín, aseguró recientemente: “Lo que tenemos que hacer desde el Ministerio es asegurarnos de que la innovación se pueda dar y que esa plataforma y otras puedan nacer y ofrecer servicios que antes no estaban”.

Y su antecesor, David Luna, era aún más punzante: “Desde 2009 está consagrado el principio de neutralidad en la red, significa que cualquier plataforma puede rodar por la red salvo que exista prohibición expresa del Congreso, y este solo ha establecido dos prohibiciones: la pornografía infantil y los juegos de azar; todo lo demás es legal”.

Así como se dividen opiniones, tampoco es claro quién será el responsable de realizar las reformas regulatorias que está pidiendo el mercado.

Sobre esto, esta semana el MinTransporte señaló que le debería corresponder al Congreso y no al Gobierno: “Se deben realizar reformas en el Congreso para prever estos fenómenos nuevos de economía colaborativa, que permita nivelar las reglas del juego para todos los actores”, dijo.

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