Se disparan daños y robos, ¿hay una mafia tratando de dejar a Emcali sin clientes de telecomunicaciones?

Desde el año pasado, cuando se registró el estallido social en Cali, los daños y eventos por robo y vandalismo a la infraestructura de Telecomunicaciones de Emcali se dispararon.

Mientras en un mes los eventos podían ser de máximo 100 casos, para marzo de este año la cifra alcanzó los 524. Esto, de acuerdo con el subgerente operativo de Emcali, ingeniero Reinaldo Henao, no solo ha desbordado la capacidad operativa de la empresa y demandado mayor recurso humano y económico, sino que afecta los tiempos de respuesta y el servicio que se presta a los caleños.

Los hechos se han registrado precisamente en sectores como Juanambú, donde sus habitantes denunciaron que llevan más de un mes sin el servicio de internet y telefonía y sin respuesta por parte de Emcali. “Vamos a ver si la factura llegará como si hubiéramos tenido internet todo este tiempo”, dijo una vecina de ese barrio.

Otras zonas afectadas en la ciudad son: Desepaz, Marroquín, Poblado, Alfonso López, La Flora, Vipasa, Prados del Norte, El Refugio, San Fernando Viejo y algunos puntos en el centro.

El ingeniero Henao, indicó que “los daños normales se evacúan en tiempos muy rápidos, pero cuando se presentan otro tipo de afectaciones se requieren más frentes de trabajo”.

Agregó que un robo o saboteo puede impactar a clientes en una cuadra, una manzana o todo un edificio de apartamentos, dependiendo de los cables que se hurten o destruyan. Con ello dejan sin servicio de internet, telefonía o televisión a personas y empresas o afectan la iluminación de sectores como el Túnel Mundialista.

Las pérdidas superan los $1.100 millones mensuales. El año pasado, según Emcali, el costo de toda esta afectación fue del orden de los $10.000 millones. Pero lo más grave “es la pérdida de clientes”, dice.

Para el Subgerente Operativo de las Empresas Municipales de Cali, los daños y vandalismo a la infraestructura van mucho más allá del robo tradicional de los habitantes de calle.

Según dijo, han encontrado estructuras y procesos mucho más articulados y organizados. “Hemos detectado situaciones en las cuales hay un vehículo que pasa y recoge el material, incluso hay suplantación en algunos casos”.

Para el funcionario, en estas actuaciones hay un claro saboteo que busca perjudicar a la empresa; de lo contrario, dice, no se explica cómo arreglan un daño en una noche y 24 horas más tarde hurtan nuevamente los cables.

“Casualmente, en los sectores donde está la competencia o diferentes empresas colocando infraestructura, es donde se nos presentan más robos, afectación de la fibra óptica y cables”, manifestó Henao.

Y agregó: “Creemos que hay una actuación mucho más allá del robo que busca sabotear y afectar a la empresa con algún otro propósito. Esto está impactando el servicio a los clientes, pero también un bien público de la comunidad”.

Ante estos hechos, piden mayor investigación, ya que son situaciones que se han puesto en conocimiento de las autoridades municipales de seguridad, de la Fiscalía, la Sijín y la Dipol. Más allá de capturar o aprehender a los responsables de los daños y robos, se necesita establecer quiénes están detrás de estos actos.

“Para nosotros, aquí que se configuran dos delitos: hurto calificado y doblemente agravado y daño a redes de telecomunicaciones, por todas las afectaciones para Emcali y, sobre todo, para la gente y las empresas que hacen teletrabajo”, advirtió el ingeniero Reinaldo Henao.

Para tratar de contrarrestar un poco este flagelo, Emcali recurrió a un grupo de reacción motorizado que trabaja las 24 horas del día durante toda la semana, en los sectores más críticos. Al notar alguna irregularidad, inmediatamente se comunican con la Policía.

En los últimos ocho meses, esta articulación permitió la aprehensión de 60 personas, cinco de las cuales fueron judicializadas pero solo tres terminaron en la cárcel, porque el robo de cable es considerado un delito de menor cuantía.

José Grimaldo, vocal de control de servicios públicos domiciliarios, sostuvo que la problemática en el componente de Telecomunicaciones no es nueva. Según afirmó, la caída dramática en el número de clientes de la empresa tiene que ver con el interés de privatizar la organización.

“Hay una ‘guerra’ entre las empresas particulares y Emcali, porque a los privados les conviene que esta desaparezca para poder aumentar las tarifas”, subrayó Grimaldo.

Por su parte, Óscar Zúñiga, también vocal de control, manifestó que existen tres factores que están llevando a la crisis a esta sección de Emcali. Primero, afirmó, la competencia al parecer estaría interesada en destruir la infraestructura de la empresa, porque “si los cables que van por la tierra a través de ductos aparecen cortados pues son los vándalos, pero cuando son cables que cuelgan en forma aérea ya no es una acción de los habitantes de la calle, sino una actuación premeditada”.

Asimismo, añadió, hay una paquidermia de la administración, porque si bien existen daños en gran parte de la ciudad, deben atacar los sitios neurálgicos donde las empresas están asentadas.

De otro lado, el concejal Harvy Mosquera sostuvo que la situación que padece el componente de Telecomunicaciones obedece a que durante las dos últimas administraciones no se le inyectaron recursos para inversión, lo que ha afectado el negocio.

Lo contrario sucede con los operadores privados que no solo invierten grandes cantidades de recursos sino que compran a escala, haciéndose más competitivos. “Esto termina por agravarse con la ola de robo de cableado y Emcali no tiene la capacidad operativa para responder”, dijo el cabildante.

El valor del cobre en el mercado se viene incrementando de manera importante en los últimos años. Mientras que en el 2020 un kilo de este material valía $18.935, a finales de 2021 costaba $30.237.

El llamado que hacen desde entidades como Emcali es a las autoridades para determinar quién está comprando este material en la ciudad y cómo se distribuye.

Al identificar los actores principales de este delito, se podría frenar la problemática que también afecta la infraestructura de acueducto, pues se roban los contadores, las tapas y medidores.