Sigue la polémica por restricciones a construcción en cercanías de la Base Aérea

Mientras la Fuerza Aérea celebró la decisión del Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali, que ordenó la suspensión provisional de licencias de construcción alrededor de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, la Alcaldía anunció que apelará el fallo porque impacta la actividad constructora en la ciudad.

La discusión sobre el tema surgió desde el mes pasado, al interior del Concejo Municipal, cuando se conoció que el Comando Aéreo No. 7 interpuso una acción popular debido a que las construcciones en altura proyectadas alrededor de la base, que no contaron con un concepto técnico de la institución militar, “generan un riesgo para las personas que van a vivir allí y para las operaciones aéreas que se adelantan en el Suroccidente del país”.

En la sentencia del Juzgado Noveno se ordena, específicamente, la suspensión provisional de las licencias otorgadas por la Curaduría Urbana No. 2 mediante resoluciones del 30 de agosto del 2017 y del 9 de mayo del 2018, “así como de las licencias que han sido otorgadas para levantar edificaciones de más de 12 metros de altura sobre el área de influencia de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, la cual se encuentra comprendida en un radio de acción de 4 kilómetros, a partir de cualquier límite de la pista, y que no cuenten con el concepto técnico... expedido por la autoridad aeronáutica”.

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Para el coronel Juan Carlos Martínez, comandante del Comando Aéreo de Combate No. 7, “es incorrecto decir que se va a parar el desarrollo de la ciudad” con esta decisión judicial.

“Esperábamos que saliera a favor porque estamos, a través de la acción popular, pidiendo que se cumplan los requisitos y las normas que hay tanto a nivel nacional como internacional. En este caso es la Base Aérea la que se ve afectada por dichas construcciones, a las cuales se les debe hacer el estudio técnico de altura, para no parar las construcciones, sino para determinar las alturas máximas que pueden tener”, afirmó Martínez.

Por su parte, la directora de Planeación Municipal, Elena Londoño Gómez, contó que hace varias semanas estaban en mesas de trabajo con la Fuerza Aérea y tenían un proceso conciliatorio para armar un plano, q ue después sería compartido con la ciudadanía y las curadurías, con el fin de que no se generara un atraso en la expedición de licencias.

“Esto afecta 100 por ciento la construcción de la ciudad, porque el fallo, como le repito, ha solicitado que se paren absolutamente todas las licencias”, expresó Londoño.

Planeación indicó que hizo una solicitud a las curadurías para que entreguen un informe sobre la cantidad de licencias de construcción que se verían afectadas por el fallo.
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Entre tanto, Alexandra Cañas, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, en el Valle, manifestó que, según sus cálculos, esta medida afectaría alrededor de 12.000 unidades de vivienda, entre las que están en preventa, proyectadas o que inclusive están en venta o han sido entregadas.

“Estas 12.000 unidades suman cerca de 1,6 billones de pesos y estamos hablando de que cada unidad de vivienda fomenta alrededor de siete empleos para la ciudad de Cali, por lo tanto este es un tema muy importante donde como dice este fallo ahora queda hacer un pacto de cumplimiento entre las partes, este pacto sin duda alguna va a beneficiar tanto a la ciudad de Cali como a la Fuerza Aérea y a todas aquellas empresas que tengan desarrollos inmobiliarios en estos cuatro kilómetros”, precisó Cañas.

Para Fernando Tamayo, presidente del Concejo de Cali, la medida cautelar expedida por el Juzgado Noveno es preocupante porque deja sin piso lo actuado por las curadurías en los últimos dos años y es complejo porque hay constructores que ya tenían permisos de Planeación y de las curadurías, lo que podría generar demandas contra el Municipio. Según Tamayo, la situación obedece a un desconocimiento de normas por parte de Planeación, que es la entidad rectora en materia de planeación urbana y de los mismos curadores.

“Si no se tenía conocimiento sobre la autonomía que tiene la Fuerza Aérea en temas de aeronáutica de Estado, en especial en lo referente a la competencia que les asiste en los 4 kilómetros alrededor del aeródromo Marco Fidel Suárez y la zona de influencia, vendrán demandas que se harán efectivas porque las inversiones quedan en el limbo o limitadas a un concepto que debe expedir la Escuela Militar de Aviación”, dijo Tamayo.

Sin embargo, el concejal Flower Rojas cree que la medida es conveniente. “Pienso que las constructoras no han respetado esta norma y por eso la acción popular sucede, lo importante es garantizar la seguridad de los ciudadanos ante todo, porque si se va a construir afectando la movilidad aérea más adelante puede ocurrir una tragedia o un accidente”, afirmó el cabildante.

El País intentó conocer la opinión de Fernando Ruiz, gerente de la Constructora Corasa, que desarrolla cuatro proyectos a unos 650 metros del extremo nororiental de la Base Aérea, pero no hubo respuesta. Sin embargo, hace dos semanas que fue consultado sobre el tema, manifestó que restringir la construcción de altura alrededor del aeródromo militar “hace inviable la expansión de la ciudad a nivel vertical... los afectados van a ser finalmente los caleños, teniendo en cuenta que en Cali hay un déficit de 120.000 viviendas aproximadamente”.

El coronel Juan Carlos Martínez, comandante del Comando Aéreo de Combate No. 7, indicó que antes de diciembre de este año esperan tener listo un estudio técnico donde Planeación, las curadurías y la ciudadanía en general podrán verificar las alturas que se pueden construir en el sector aledaño a la Base Aérea.

“Todo depende de la distancia que estén respecto a la pista, nosotros podemos hablar de construcciones de 30 metros de altura a una distancia de tan solo 500 metros de la pista, por colocar un ejemplo. Si miramos frente a la Base Aérea hay edificaciones que tienen entre seis y ocho pisos y no están afectando las operaciones en ningún momento, entonces el estudio técnico es el que determina hasta qué altura pueden ir los edificios”, precisó Martínez.

El oficial añadió que entre 2011 y 2019 han expedido 315 conceptos a constructoras y personas naturales que han querido hacer modificaciones o construcciones en altura: “no es la primera vez que se hace, solamente que se omitió el pedir este requisito dentro de las licencias de construcción que se expidieron (las que ordenó suspender el Juzgado Noveno)”.

En diciembre del 2017, a través de una acción popular se suspendieron provisionalmente las licencias de construcción otorgadas y futuras en la Comuna 22. En abril del año pasado se levantó la medida.

Tenga en cuenta
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El POT restringe las construcciones de altura mayores a dos pisos en un polígono de 500 metros a la redonda del aeródromo de la Base Aérea.

Según la Fuerza Aérea Colombiana, estas medidas no son acordes a los requerimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional, Oaci.

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