¿Son viables o no? Las dudas que despiertan las grandes apuestas de cambio de Petro

Recaudar $50 billones con la reforma tributaria, eliminar la Procuraduría, suspender el fracking y el día sin IVA y trasladar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a otra cartera son algunas de las polémicas iniciativas del electo Presidente. ¿Qué tan viables son?

“Hay que ver caso por caso. Aparentemente Gustavo Petro va a poder constituir una mayoría, más fácilmente de lo que hubiéramos podido pensar, pero incluso si logra que una mayoría de congresistas se declare oficialista, no significa que automáticamente van a apoyar todas sus reformas y propuestas. Hay algunas que por naturaleza son muy difíciles de plantear”, dice el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario Yann Basset sobre la viabilidad de estas ideas.

De acuerdo con él está el politólogo Alejandro Echeverry, quien advierte que las reformas que plantea Petro son controversiales, pero aun más “complejas de realizar”.

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Para transformar la Procuraduría General en una ‘gran fiscalía’, dice Echeverry, el próximo Mandatario tendría que llevar a cabo una reforma constitucional vía asamblea constituyente “que cambiaría todo el panorama mismo de la Constitución”.

Lo anterior llama la atención, en tanto Petro, en repetidas ocasiones, ha prometido públicamente que no hará una asamblea constituyente durante su gobierno.

“Petro tiene una confrontación directa con la Procuraduría desde que era alcalde de Bogotá y fue suspendido. La pregunta es: ¿hasta qué punto esa transformación no terminaría por acabarla y por cercenar muchos puestos que existen en el Ministerio Público”, sostiene Jaime Gutiérrez, director de Innopolítica.

No obstante, el electo Jefe de Estado indicó en su cuenta de Twitter que “transformar la Procuraduría en la gran fiscalía anticorrupción dentro del Poder Judicial no es eliminarla, es empoderarla como toca. La corrupción no es una irregularidad administrativa, es un delito. Nada deben temer los empleados de la Procuraduría”.

Es quizá la reforma tributaria que plantea el Gobierno entrante la propuesta que más ha sido criticada en el plano económico. Desde algunos sectores se argumenta que el dinero que se espera recaudar, $50 billones, es una cantidad que podría generar descontento entre los colombianos.

“Es una cifra muy difícil. Creo que ningún Gobierno ha conseguido más de $20 billones, ni los pro Establecimiento. Ni aunque Petro quiera gravar a los más ricos, alcanzaría el recaudo. Es una discusión compleja en términos de lo que se viene, al parecer el próximo año, con una posible recesión a nivel mundial”, explica el politólogo José Luis Grisales.

Pero es una reforma que se debe hacer, según el analista Echeverry, y no únicamente para disminuir el déficit fiscal y recaudar para el gasto social, sino también para aplicar la justicia tributaria.

“Eso implica que este país debe dejar de tener impuestos regresivos para empezar a consolidar un modelo de impuestos progresivos, es decir que, efectivamente, como sucede en los países desarrollados, quienes tienen o ganan más, tributan más”.

Y agrega que hasta la fecha las reformas tributarias que se han aplicado en el país han gravado especialmente a la clase media y a los sectores populares: “Dentro del marco de impuestos regresivos, son los que más han pagado”.

De otro lado, el Gobierno entrante ha anunciado que ya no se celebrará el día sin IVA: “No ha sido una buena política, y lo vamos a quitar. No ha beneficiado los hogares pobres. Muchos de los productos que terminan sin IVA son importados y eso tiene un costo”, dijo el entrante ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

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“No habrá fracking”, sentenció Petro en su cuenta de Twitter, avivando la discusión de qué pasará con la economía del petróleo en Colombia en el siguiente cuatrenio.

Pero fue la recién nombrada ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien inició el debate, cuando dijo que se les cerrará la puerta al fracking y al glifosato.

“Cuesta pensar que las decisiones alrededor del fracking solamente dependan del Ministerio de Ambiente, pero por lo menos ya sabemos que va a haber una postura firme sobre la práctica y sobre el glifosato desde ese ministerio”, manifiesta el politólogo Grisales.

En efecto, explica el docente Basset, “el porvenir del fracking va a depender también del lobby que puedan hacer los sectores vinculados a esos temas”, es decir, de las presiones que generen las organizaciones medioambientales y el sector petrolero.

El sucesor de Iván Duque piensa trasladar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a una nueva cartera, con el objetivo de que sea de carácter civil: el ministerio de la paz, la seguridad y la convivencia.

El director de Innopolítica difiere de esa iniciativa: “Tenemos una Policía Nacional con una formación altamente militar, se tienen tropas de combate rural, aviación policial con equipo de apoyo de infantería blindado”.

No obstante, Echeverry apunta que la creación del ministerio de la paz es una idea pertinente, dado que “gran parte de los problemas de seguridad suceden en el país urbano. Por eso es necesario construir un modelo de seguridad ciudadana o de seguridad integral. Se debe convertir la Policía Nacional en un cuerpo civil”, afirma.

También está por definirse qué pasaría con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad. Se prevé que el electo Presidente reforme esa fuerza policial, que no ha estado exenta de polémica.

Sin duda, una de las mayores controversias que tuvo lugar durante la campaña a la Presidencia de Petro fue su idea de transformar las pensiones.

La iniciativa del electo Mandatario expone que a los adultos mayores que no tienen pensión se les otorgaría medio salario mínimo; quienes ganen de uno a cuatro salarios mínimos cotizarían en Colpensiones, y los colombianos con ingresos superiores lo harían en las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP.

Frente a la iniciativa de unificar el sistema pensional en uno solo y público, el presidente Iván Duque aseguró el pasado viernes que “hay casi una expropiación del sistema de ahorro individual. Lo que va a pasar es que le quita el incentivo a la existencia de los fondos privados, pero lo más grave es que perdemos a uno de los mayores inversionistas”.

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“Hay que ver bien en qué consiste la reforma a la salud, no creo que se trate como tal de eliminar las Entidades Prestadoras de Salud, EPS. Pero debatir el tema podría ser problemático y estará por verse qué tan sensible será el Congreso de la República a las presiones que generen los sectores afines”, dice el profesor Basset.

Y es que las dudas sobre qué pasará con estas instituciones están todavía más presentes luego del nombramiento de Carolina Corcho como ministra de Salud, médica que ha sido crítica de la forma cómo operan las EPS.

Sobre esto, la nueva funcionaria dijo que “se dialogará con los distintos actores del sector para que no haya ningún tipo de traumatismo”.