¿Un nuevo Distrito? Preocupación por masivas invasiones en corredor ecológico de Navarro

Al oriente de Cali, en un terreno de aproximadamente 1900 hectáreas, que incluye un cordón ecológico, se ubica el corregimiento de Navarro, lugar en el que hoy está prohibido construir, pero en el que se han identificado cerca de 2500 techos en por lo menos siete invasiones.

En estas tierras, que empezaron a poblarse de manera irregular hace más de cinco años, es normal encontrar tiendas, almacenes y hasta panaderías; hay casas en farol que soportan las paredes de hasta dos pisos de las viviendas que siguen expandiéndose.

En otros sectores del corredor ecológico las invasiones han arrasado con todo para dar paso a plásticos y lonas verdes, que cumplen la función de paredes y techos. Esto ha implicado la destrucción de la fauna y la flora a su alrededor, así como del suelo, que, a causa de los escombros que en él se han arrojado, han perdido sus propiedades para sembrar.

Muy cerca del Hospital Isaías Duarte Cancino y de una subestación de energía de Emcali, se encuentra, por ejemplo, el ‘barrio Estambul’, un cúmulo de cambuches que desde lejos se observa como un gran caserío y que se extiende a lo largo y ancho de lo que hasta hace unos meses era un cultivo de caña.

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De estas ‘viviendas’ entran y salen personas de todas las edades, muchas ya han sido desalojadas en otras ocasiones tras los controles de las autoridades, pero, a pesar de ello, en la primera oportunidad vuelven e invaden.

Es un proceso que se repite, una y otra vez en varios puntos de la ciudad, convirtiéndose en un ciclo vicioso que demanda del Estado un gasto importante de presupuesto, no solo económico sino humano. Esta situación deja también millonarias pérdidas a las Empresas Municipales de Cali por las conexiones ilegales de agua y energía.

Pero ¿por qué lo hacen? La respuesta es casi siempre la misma: “Somos desplazados, no tenemos para dónde irnos”, comenta un hombre que está asentado en ‘Estambul’. A su voz, se suma una mujer, no mayor de 30 años, quien objeta: “Salimos huyendo de la violencia ¿Por qué tenemos que irnos? Cali se ha construido a punta de invasiones”.

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Para funcionarios de la Alcaldía como el subsecretario de Acceso a servicios de justicia, César Lemos, “este es un discurso aprendido”, aunque reconoce que sí puede haber familias que son desplazadas. “En esos casos se les realiza la caracterización y se cruza la información con las bases de datos para reafirmar sus derechos”.

Además, aclara: “Hay asentamientos que nunca van a poder regularizarse porque están en sitios que tienen problemas ambientales, en zonas de alto riesgo no mitigable o en áreas protegidas, como el corredor de Navarro”.

Detrás de la invasión de tierras habría bandas criminales dedicadas a vender estos lotes e inducir a personas a ocuparlas. Es más, según las autoridades, al igual que ha ocurrido en otras oportunidades muchas de las personas que están en este punto tienen hogar en el mismo oriente de la ciudad, en otros municipios del Valle del Cauca o departamentos vecinos.

Las caracterizaciones adelantadas por la Secretaría de Seguridad y Justicia, en coordinación con la Secretaría de Vivienda y otras autoridades del Estado, dejan en evidencia que el corredor ecológico de Navarro alberga una población aproximada de 10.000 personas, llevando incluso a que algunos sectores cuestionen sobre la posibilidad de si esta zona de la ciudad puede o no convertirse, en mediano plazo, en un nuevo Distrito, tal y como ocurrió con Aguablanca en el Siglo XX.

Desde la mirada del concejal Richard Rivera, este problema toma fuerza debido a la “falta de rigurosidad y atención de esta y otras administraciones”.

A pesar de que en Cali existe un Comité de invasiones y protección del ecosistema, el cabildante cree que es indispensable revisar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Adicionalmente, “crear una unidad de bordes que tenga tareas específicas para impedir el crecimiento de asentamientos ilegales en la capital vallecaucana. Además, que cuente con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Personería, para que de manera integral se atienda la situación”, precisa Rivera.

Al respecto, Jimmy Dranguet, secretario (e) de Seguridad y Justicia de Cali, reconoce que lo que sucede en Navarro deja en evidencia que “el panorama de las invasiones en el oriente es crónico, a pesar de los múltiples esfuerzos de la Administración Distrital y la Policía Nacional”.

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pide a las personas respetar la propiedad pública y privada y evitar hacer parte de los grupos que hacen las invasiones, en vez de ello, sugiere “acudir a los canales institucionales”.

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“Quien es víctima de la violencia o está identificado como alguien que necesita vivienda, recibirá por parte del Estado el subsidio durante 18 meses hasta desarrollar el programa de vivienda; quien ya tiene casa y ha vuelto a invadir, tendrá que ser retirado. Y para quien está loteando sabiendo que eso es propiedad pública o privada para vendérsela a otros, tiene que ser judicializado”, advierte Ospina.

Según conoció El País, próximamente se lanzará una campaña interinstitucional para prevenir la ocupación de más predios y garantizar la recuperación de los que ya están invadidos, dando prioridad a la situación que se vive en Navarro.

Para ello la Administración Distrital sacará un fondo de recompensas para que la comunidad denuncie a las personas que están detrás de este negocio y que son conocidas como los tierreros. Ocupar un predio privado o público a la fuerza es un delito que da cárcel de entre cuatro y ocho años.