Vigilantes privados ayudarían a suplir falta de policías en Cali

La Policía de Cali abrió la posibilidad de establecer una mesa de trabajo con las empresas de seguridad privada para complementar fuerzas entre ambas y crear un plan de choque contra los delitos ocurridos en la ciudad.

Así lo informó Claudia Marcela Giraldo, directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada, Ccsp, quien indicó que se está trabajando con las autoridades para concretar estrategias y dar paso a esta colaboración.
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“Luego de que se tenga algo definido podremos llevar esas estrategias a la operatividad y luego hacerles seguimiento”, indicó Giraldo.

¿Pero en qué consiste, precisamente, esta alianza? De acuerdo con la vocera de la Ccsp, mientras la Fuerza Pública ejerza tareas reactivas, las empresas privadas lo harían desde lo preventivo. Por ejemplo, al mantener a la Policía constantemente alerta ante actividades sospechosas en los barrios en donde operen los vigilantes.

Según Giraldo, “la gente debe entender que los 20.000 vigilantes que hay en la ciudad tienen un rango de acción, un perímetro para poder actuar en la defensa de las personas, pero que también puede mantener canales de comunicación constantes”.

Aun así, se piensa como una idea que haría contrapeso al déficit de policías en Cali, en donde al menos hacen falta 1500 uniformados -según la Secretaría de Seguridad- para que haya más de 7500.

Y acorde con los planteamientos iniciales del proyecto, se abre la posibilidad de que se aporten a la Fuerza Pública recursos humanos, como expertos en uso de armas letales y no letales, pero también otros temas como ciberseguridad, transporte de valores, seguridad canina, entre otros.

Igualmente, se habla de intercontectar alrededor de 18.000 cámaras de vigilancia más para la capital vallecaucana, en donde actualmente hay 1300 de estos equipos, según cifras de la Policía.

Sin embargo, la estrategia en la que se trabaja desde octubre pasado- ha tenido inconvenientes para ser implementada. “Antes de que se abriera una posibilidad de una mesa de trabajo con las autoridades, no podíamos hacer mucho, porque las redes de apoyo eran manejadas por uniformados de poco rango, como intendentes, por lo que era algo que no pasaba de una simple reunión, lo que generaba apatía en las empresas”, indicó Marco Antonio Ortiz, asesor de la Ccsp.

Pero aunar fuerzas entre autoridades y empresas es una idea que todavía genera polémica. Andrés Preciado, experto en seguridad, afirmó que las funciones de la Policía no pueden ser asumidas por la vigilancia privada, en primer lugar, porque no son funcionarios públicos.

“Aparte de que la seguridad terminaría siendo pública y no privada, ya es problemático que las autoridades lleguen a compartir información de inteligencia con particulares”, anotó.

Preciado tampoco estuvo de acuerdo con la interconexión de cámaras de seguridad privadas, dado que -señaló- algunas no tienen la suficiente capacidad logística para que el material grabado sea considerado una prueba judicial. Esto, sin contar los costos que el Estado tendría que asumir por contratar estos equipos y su interconexión.

Por su parte, Katherine Aguirre, experta en seguridad, manifestó estar de acuerdo con la estrategia, pero advirtió que el papel de los vigilantes solamente puede ser preventivo, dado que “si llega a ser reactivo se trataría de un paso muy riesgoso, algo así como una paramilitarización de la seguridad”.

Frente a esto, el asesor de la Ccsp aclaró que este tipo de alianzas no pueden ser malinterpretadas, ya que las empresas que se sumarían a esta estrategia están adscritas a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, es decir, cumplen los requisitos exigidos por el Gobierno.

Tras el anuncio del ministro de Defensa, Guillermo Botero, de que no se enviarán más uniformados a las capitales del país, el general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que una estrategia a nivel nacional es aumentar los graduados de las escuelas de 5000 a 8000.

Y a ello se suma un plan de reincorporación de policías que se han retirado, con un potencial de inscripción de 5946 en todo el país. Esto, como una solución ante el fallo del Consejo de Estado, que el año pasado permitió que los agentes se pensionaran tras 15 y 20 años de servicio; en la capital del Valle se fueron 574 policías luego de este pronunciamiento.

Por su parte, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, pidió al Ministro de Defensa que “reconsiderara su decisión” de no enviar más policías a la ciudad.

Luego de que la Ley del Vigilante entrara en vigencia el pasado 5 de agosto, estos trabajadores contarán con mejores oportunidades laborales que antes no tenían y no estaban amparadas jurídicamente.

Entre los puntos principales se destaca el seguro de vida obligatorio colectivo las 24 horas para los vigilantes, así como el pago de horas extras después de cumplir las 8 reglamentarias y la profesionalización por parte del Sena por competencias, es decir, de acuerdo al tipo de funciones del personal, que es muy diferente de quien trabaja para un banco a otro que labora en un colegio.

Asimismo, la Ley posibilita contratar vigilantes que tengan discapacidades físicas.

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