Claves para que las empresas no arriesguen sus ingresos ante los retos actuales de la economía

En épocas de dificultad económica y grandes retos en materia de fraudes, lavado de activos y delitos corporativos, el sector privado debe actuar con cautela y contar con un adecuado análisis de riesgo. Para ello es clave la asesoría de profesionales en el área.

"Teniendo en cuenta el sector en el que se desempeña cada compañía, es importante implementar una estrategia personalizada que genere todo un sistema de prevención del delito y la correcta administración de riesgos”, señaló Raúl Muriel, CEO de Cosinte, empresa especializada en gestión del riesgo y consultora de seguridad en Colombia.

Agregó que para que esa gestión sea eficaz debe estar basada en el tratamiento y el control preventivo para posteriormente tomar decisiones y estrategias a partir del verdadero perfil de riesgos de cada empresa.

Esta compañía realizó un análisis interno en donde estableció que la mayoría de empresas pueden llegar a perder entre un 10 a un 15% de sus ingresos anuales si no llevan adelante este tipo de procesos. De esta manera, el experto y CEO de Cosinte, recomendó cuatro puntos básicos para poder llevar adelante una adecuada gestión de riesgos:

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1. Establezca un diagnóstico: Se debe tener en cuenta, de forma clara, la situación de la empresa frente a los riesgos de cada proceso en la compañía, independientemente que estos sean misionales o de apoyo, estratégicos u operativos.

2. Efectúe una evaluación objetiva: Con base en lo anterior, es importante determinar, la posibilidad de ocurrencia de cualquier siniestro, a través de matrices de riesgo objetivas, calculadas matemáticamente y alineadas con la operación real de la compañía, para evitar cálculos imprecisos y gastos innecesarios.

La única manera de efectuar dicha evaluación es mediante un trabajo de campo desarrollado por equipos interdisciplinarios, que alimenten la información necesaria que permita un análisis objetivo e integral.

3. Implementación: El concepto se desarrolla a través de un plan estratégico de riesgos, en donde todos los líderes de procesos deben participar, exigiendo, como política corporativa, la aplicación obligatoria de procedimientos y protocolos encaminados a la mitigación de los riesgos detectados.

4. Monitoreo y seguimiento: Este último punto de la metodología garantiza un plan estratégico de riesgos como herramienta dinámica, acorde con la operación diaria de la empresa.

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Las inspecciones a los procesos y a los subsistemas, garantiza una constante valoración del impacto en el equipo de trabajo que ha tenido a cargo la implementación de un sistema de gestión de riesgos proactivo, exigiendo a toda la organización que actúe en sintonía para lograr una cultura de seguridad.

De esta manera, Raúl Muriel, señala que los riesgos asociados a narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, entre otros, se materializan porque las empresas suelen desconocer cómo prevenir de manera correcta estos fenómenos, “debido a la falta de un robusto y efectivo sistema de gestión de riesgos”.

“Es por ello que las compañías necesitan tener un sistema en gestión de riesgos documentado y administrado por un gerente de riesgo; estudios de confiabilidad de proveedores, clientes y empleados; entrenamiento en seguridad y conciencia de las amenazas; herramientas de seguridad para los contenedores y demás unidades de carga, entre otros elementos”, destacó.

Dentro de este mismo panorama, también surge la figura del oficial de cumplimiento, persona que debe estar registrada ante las autoridades de vigilancia empresarial en Colombia, y quien debe velar por el efectivo, eficiente y oportuno cumplimiento de la gestión de riesgo de lavado de activos.

Además, la ley establece como norma obligatoria que la gestión de riesgo de lavado de activos debe regir para un 70% de las empresas existentes en el país, lo que significa que aproximadamente más de 17 mil empresas vigiladas por la Superintendencia de las Sociedades, necesitan el apoyo de empresas especializadas en este tema y avaladas por el estado para prestar este tipo de servicios.