Nueva prima a la canasta familiar afectaría a subsidios de cajas de compensación

La propuesta de la nueva prima a la canasta familiar, que fue aprobada en junio en el Senado, tuvo algunos cambios en los últimos días antes de ser presentada en la Cámara. Ahora no sería pagada con dinero adicional de las empresas, sino que saldría de los aportes que estas hacen actualmente a las cajas de compensación familiar.

Esto traería consecuencias sobre los servicios y subsidios que las cajas prestan actualmente a 9,6 millones de afiliados, y a sus 11,4 millones de beneficiarios, según advirtió la Asociación Nacional de Cajas de Compensación, Asocajas.

Ese cambio en el método de financiación de la prima se dio después de las fuertes críticas que suscitó la iniciativa en el sector empresarial, e incluso en el mismo Gobierno Nacional, quienes argumentaron que este pago adicional impactaría negativamente sobre el crecimiento.

“La propuesta surge de las reuniones que tuvimos con empresarios por todo el país. Ellos expresaban que ya tenían demasiadas cargas y de manera espontánea en todas las regiones estos empresarios nos decían que porqué no se pagaba la prima de los aportes que ellos ya hacían a las cajas”, explicó el senador Gabriel Velasco, ponente del proyecto en el Senado.

Al respecto, las cajas de compensación mostraron su preocupación.
“Esto implicaría el acta de defunción de las cajas. Tendríamos que acabar con la cuota monetaria, el subsidio de vivienda, los jardines infantiles y los colegios, cerrar los centros recreativos; significaría también no irrigar recursos para el sistema de salud, pues las cajas son los principales giradores de recursos frescos a la Adres. Las cajas se volverían pagadoras de una prima”, dijo al respecto Adriana Guillén, presidenta de Asocajas.

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Tal como se estudia la propuesta en la Cámara, la nueva prima sería de 15 días de salario mínimo mensual en grandes empresas; 10 días en medianas; y 5 días en pequeñas.

Cobijaría a empleados que devenguen máximo 1,5 salarios mínimos ($1.242.174) y que tengan a una persona de su núcleo familiar estudiando.

Con estas condiciones, según la ejecutiva de Asocajas, el costo de la prima desbordaría el dinero aportado por las empresas, que en el 2018 fue de $ 6,9 billones.

Para Felice Grimoldi Rebolledo, director de Comfenalco Valle, la iniciativa terminaría afectando a los mismos asalariados.

“La propuesta afecta directamente el bolsillo de los trabajadores y sus familias. Las cajas no tendríamos cómo soportar los servicios que actualmente prestamos. Las más afectadas serían las familias de clase media emergente, que componen el 75 % de los afiliados, es decir 18,4 millones de colombianos; y los hogares de clase media consolidada, que constituyen el 15 % de los afiliados, es decir 14,2 millones de colombianos”, señaló.

Asimismo, la caja de compensación Comfandi manifestó su preocupación sobre las consecuencias del proyecto.

“Pese a las buenas intenciones de esta propuesta, se hace necesario un análisis más profundo, dado el impacto que esta iniciativa tendría sobre el Sistema del Subsidio Familiar, patrimonio social más grande del país que contribuye a la consolidación de la clase media, y sobre los recursos que están destinados para servicios y beneficios de la clase trabajadora colombiana”, dijo la entidad en un comunicado.

Sobre estas advertencias, el senador Velasco respondió que afectar el programa de subsidios “no es la idea”, y que en la Comisión Séptima de la Cámara se podría llegar a consensos con las cajas de compensación, antes de presentar una ponencia.

“Según nuestras cifras, hoy puede existir entre un 22 y un 25% de los aportes a las cajas que no están beneficiando directamente a los afiliados. Pero tenemos la disposición y la intención de revisar esto con Asocajas”, respondió Velasco.

En contrarrespuesta, la ejecutiva de Asocajas, Adriana Guillén, negó que haya algún porcentaje del dinero recibido por las cajas que no se esté usando.

“Sobre estos porcentajes, estoy convencida que el Senador desconoce que estos recursos a los que hace referencia ya están comprometidos en el mecanismo de protección al cesante, de manera que tampoco podrían las cajas volver a entregar subsidios al desempleo, ni hacer programas de educación para el trabajo, ni invertir en emprendimiento”, dijo Guillén.

Para el docente Iván Jaramillo, de la Universidad del Rosario, cargar esta tercera prima a las cajas de compensación traería sin duda consecuencias a los servicios que estas prestan.

“Cambiar la naturaleza del pago que hacen las empresas a las cajas va a traer problemas en el diseño y en los servicios que ofrecen las cajas de compensación, seguramente. Afectaría todo el sistema de servicios sociales complementarios diseñado como complemento de la seguridad social en Colombia”, dice.

“Es bueno pensar la iniciativa de una prestación que compense los gastos de la canasta familiar por la pérdida de poder adquisitivo. Eso lo veo correcto. Pero no desquiciando el tema de servicios sociales complementarios”, añade el académico.

Para Jaramillo, el beneficio de la prima terminaría afectando a otros beneficios incluidos en el servicio de las cajas de compensación; algo con lo que está de acuerdo la presidenta de Asocajas: “Es como si le sacáramos plata al trabajador de un bolsillo para metérsela en el otro. Es el mismo trabajador el que termina financiando con los recursos de una prestación reconocida constitucionalmente, la prima a la canasta familiar”.

Según dijo a El País el senador Velasco, esta iniciativa aún no ha sido radicada como ponencia en la Cámara de Representantes, y por ahora estará en estudio en la comisión económica, por lo que es susceptible de tener cambios.

$414.058
sería la prima para quienes ganen hasta 1,5 salarios mínimos en grandes empresas.
$6,91
billones pagaron las empresas en 2018 a las cajas de compensación familiar.
21,1
millones de personas están afiliadas a las cajas, entre empleados y beneficiarios.

El proyecto contempla el pago de medio salario mínimo legal vigente, es decir, $414.058, en dos cuotas: una antes del 30 de marzo de cada año, y otra antes del 30 de septiembre.

Esto cobijaría a quienes ganen menos de 1,5 salarios mínimos y tengan a una persona de su núcleo familiar estudiando.

La iniciativa ha sido rechazada por el sector empresarial y el mismo Gobierno. "Esta medida generará mayor desempleo y se afectará la competitividad del país. Se debe olvidar el populismo. Nuestro deseo es seguir impulsando la economía para generar más desarrollo, educación, empleo, riqueza y oportunidades", dijo ayer el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.