Afectación de expedientes físicos en Palacio de Justicia de Tuluá llegaría al 90 %: Asonal

Graves afectaciones en mobiliario, equipos de cómputo, oficinas y la mayoría de los expedientes físicos que había en el edificio hacen parte del balance preliminar de daños en el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá.

La estructura fue quemada en la noche de este martes 25 de mayo, en medio de los disturbios que se registraron en el municipio del centro del Valle, tras enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública.

Abraham Pinchao Cepeda, presidente de Asonal Judicial en la 'Villa de Céspedes', indicó a El País que se habría afectado cerca del 90 % de los expedientes físicos, que corresponden principalmente a procesos terminados y en trámite desde el 2015 hasta el 2020, año en que se empezó a trabajar desde la virtualidad.

"Podemos afirmar que el 80 %, de los 22 estrados judiciales que hay, sufrió extremo perjuicio. Las dos oficinas administrativas que existen dentro del Palacio sufrieron una afectación del 100 %. Algunos elementos se salvaron porque estamos trabajando desde la virtualidad en nuestras viviendas, hay computadores que los tenemos nosotros que son de la rama judicial y se salvaron precisamente por eso", explicó Pinchao Cepeda.

Y agregó que "el fuego no arropó a todo el edificio, pero sí al 80 %. Se salvaron algunos equipos, algunos estrados judiciales y algunos expedientes, pero podríamos hablar de una afectación muy importante, del 90 % de expedientes".

Puede leer: Disturbios de este martes en Tuluá, Valle, dejan una persona muerta

El número exacto de procesos afectados, sin embargo, solo se conocerá una vez los funcionarios puedan ingresar al edificio, luego de que los investigadores de la Policía y la Fiscalía logren recopilar elementos probatorios y evalúen la seguridad de la estructura.

"Es imposible (tener ese dato) hasta tanto no se haga el análisis de cómo quedaron las condiciones de la estructura de la sede. Al ser antigua, patrimonio histórico de Tuluá, no podemos ingresar hasta tanto no se haga el estudio de los artefactos que pueden haber y las autoridades hagan la diligencia", aseguró la magistrada Gloria Stella López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

En el Palacio operaban juzgados penales, civiles y laborales, por lo que las autoridades han planteado que habría interés de grupos criminales en el ataque.

"Sabemos que en Tuluá, Palmira y Cali hay grupos armados al margen de la ley. Hay procesos de todo tipo que se están adelantando: extorsión, secuestro, de los juzgados especializados" aseguró la magistrada López Jaramillo, aunque reconoció que aún no se tiene mayor conocimiento de esto.

Por su parte, la Policía considera que detrás de los hechos podrían estar estructuras delincuenciales ligadas a las disidencias de las Farc.

"Esto muy posiblemente estaba programado o planeado por algunas personas, o con el fin de generar zozobra en la comunidad y generar hurtas o con el fin de destruir y desaparecer las evidencias que se mantienen en estos procesos penales, en estos juzgadas", indicó el general Carlos Ernesto Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

Agregó: "en esta jurisdicción delinquen Grupos Armados Organizados Residuales, Gaor, de la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez. Podemos verificar y muy posiblemente haya un interés criminal en desaparecer los procesos penales que se adelantaban en estas autoridades judiciales".

Puede leer: "Tuluá ha sido vandalizada": alcalde, tras disturbios e incendio del Palacio de Justicia

Al respecto, el presidente de Asonal Judicial afirmó que en el Palacio no había expedientes penales que se pudiese considerar crítico o de gran relevancia.

"En la parte penal, que es la parte sensible, podría aseverar que no hay ninguno que tuviera relevancia dentro de la comunidad judicial. No hay un expediente crítico que permitiera asegurar que el atentado se produjera por un expediente de esa naturaleza", sostuvo.

Pinchao Cepeda indicó que las autoridades trabajan en la inspección de los daños. Al sitio se dirigió la directora de la seccional de Administración Judicial del Valle, Clara Inés Ramírez, quien está realizando una evaluación de las afectaciones y trabajar en la posterior rehabilitación del edificio.

"En el tema de la administración de justicia, se expidió una resolución para suspender los términos para la ciudad de Tuluá, o sea que no van a haber asuntos ordinarios ni asuntos especiales para el municipio hasta el viernes que quedaron suspendidos los términos, con la posibilidad de prorrogarlo", agregó el funcionario.

La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura advirtió que se conoce de planes para atentar contra los complejos judiciales de otras ciudades del Valle.

"Sabemos que hay amenazas contra el palacio de justicia de Buga, Cartago y Cali. Amenazas contra las sedes judiciales, de que las van a atacar así como a la de Tuluá. Es preocupante", indicó la magistrada.

Aseveró que las estructuras son objetivo de los grupos que se han aprovechado de las protestas pacíficas realizadas en el marco del Paro Nacional y que pretenden desestabilizar el país con hechos vandálicos

"Hemos solicitado a los organismos que son responsables de la protección y tenemos claro que ellos están haciendo cerramientos perimetrales", apuntó.

El presidente de Asonal Judicial, por su parte, solicitó al Gobierno Nacional que se supere la situación crítica que se vive en el país y pidió a autoridades y comunidad que rodeen a la rama judicial.

"Es importante que haya un apoyo y que se rodee a los funcionarios judiciales, es necesario que nos comprendan y entienda que la recuperación y restitución de procesos va a ser muy lenta por las dificultades", sostuvo.

El fiscal general Francisco Barbosa expresó en la noche del martes su rechazo a los hechos, que calificó como "actos de terrorismo", y anunció que la investigación fue priorizada por el ente.

"La Fiscalía General de la Nación priorizará esta investigación y esclarecerá los hechos. Queremos decirle a la ciudadanía y al país que debe respetarse a la rama judicial del poder público en Colombia", afirmó Barbosa.

Y recalcó: "nuestros magistrados, jueces, fiscales, investigadores y todas las personas que hacen parte de la rama judicial le cumplen un servicio al país y protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de sus funciones".

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali rechazó los hechos de violencia sucedidos en Tuluá, en medio de los cuales se registró el incendio al Palacio de Justicia.

En un comunicado, el tribunal expresó "su repudio por esas acciones que se empeñan en desnaturalizar el contenido material del ejercicio legítimo de la consolidada protesta pública de varios sectores de la sociedad".

Así mismo, clamó "porque se adelanten las investigaciones con el propósito de identificar los elementos o fuerzas que persiguen de esa forma socavar las instituciones y deslegitimar ese derecho fundamental pacíficamente ejercitado, así como los autores de los graves daños".

Finalmente, extendió su voz de solidaridad con los servidores judiciales y la comunidad tulueña en general y abogó para que se aúnen fuerzas que permitan proteger a la rama judicial.