Capturan a tres presuntos integrantes de una red de narcotráfico que exportaba cocaína desde Buenaventura

En un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se logró la captura de tres presuntos articuladores de una red dedicada al narcotráfico y que estaría involucrada en el envío de varias toneladas de clorhidrato de cocaína desde el puerto marítimo de Buenaventura hasta Centroamérica y Europa.

Se trata de Justino Coral Perea, alias Tío; Jim Brayan Coral Pretel, alias Brayan, y Ronal Montaño Mariñez, a quienes, además, se les incautaron 875 kilogramos de cocaína y $ 330 millones de pesos en tres procedimientos distintos.

“La organización ilegal, al parecer, contactaba y pagaba a integrantes de la Policía Nacional que cumplían funciones en la terminal marítima para que permitieran el ingreso del estupefaciente a las bodegas de carga y facilitaran el posterior camuflaje en contenedores que salían del país”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

La droga era exportada en diferentes contenedores y cargamentos, como piña enlatada, abono orgánico, plástico molido, entre otros productos y mecanismos.

Pero la logística criminal de la red era mayor, ya que los uniformados de la Policía que colaboraran les compartía información confidencial sobre los movimientos portuarios y la programación en la que entraban y salían los buques llenos de la mercancía, con lo que podían planear y preparar las cargas para la exportación sin mayores problemas.

“Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los detenidos los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir. Por disposición de un juez de control de garantías, todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”, añade la Fiscalía en el boletín.

Sin embargo, adicional a estos hechos delictivos y al proceso que se abrió en contra de los señalados, también fueron impuestas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 16 bienes, por parte de fiscales de la Dirección Especializada del Derecho de Dominio.

Estos bienes estarían a nombre de los señalados cabecillas de la red de narcotráfico y ascienden a la suma de $ 2600 millones de pesos.

“Se trata de dos establecimientos de comercio, cinco sociedades, cinco inmuebles urbanos y cuatro vehículos, los cuales fueron ocupados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional en Cali, Jamundí, Buenaventura en el Valle del Cauca y Apartadó en Antioquia”, sostuvo Lina Patricia Donado Sierra, directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía.

La funcionaria resaltó que ahora estos bienes pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras que las investigaciones, capturas y extinciones hacen parte de la estrategia Argenta, “dispuesta por la Fiscalía para afectar las finanzas de la criminalidad organizada y del narcotráfico”, agregó la directora especializada.

Fiscalía judicializó a ‘Los Hunters’, red de tráfico de migrantes

Este miércoles, 8 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de tres de los posibles articuladores de la red delictiva ‘Los Hunters’, señalada de obtener documentos falsos para tramitar visas y de movilizar de manera irregular a México a ciudadanos nacionales y extranjeros que pretendían ingresar a Estados Unidos.

Así entonces, las personas fueron capturadas en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dijin de la Policía Nacional, en Bogotá y Medellín. Los detenidos son Maiker Enrique Villa Mesa; su pareja sentimental, Luz Dary León Gallego; y Clara de las Mercedes Yépez Palacios.

De acuerdo con la Fiscalía, ‘Los Hunters’, presuntamente, falsificaban historias clínicas y otros documentos para que peticionarios de visas a Estados Unidos simularan que padecían enfermedades de alto costo o las denominadas huérfanas; y así justificar la urgencia de viajar a ese país para recibir tratamiento médico.

Asimismo, obtenían extractos bancarios y certificaciones financieras para soportar que los solicitantes tenían la capacidad económica necesaria para costear los medicamentos y los procedimientos que les ejecutarían. De esta manera, habrían inducido en error a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que aprobaban las visas.