Judicial
Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que el deterioro de la situación humanitaria en Colombia llegó a niveles que no se veían desde hace ocho años
El suroccidente colombiano es una de las zonas más afectadas.
Este jueves 27 de marzo el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) publicó el informe Retos Humanitarios 2025, en donde se reveló que el año anterior el deterioro de la situación humanitaria en Colombia alcanzó su punto más crítico en los últimos ocho años.
La organización aseguró que la intensificación de las hostilidades y el endurecimiento del control de los grupos armados sobre la población civil son algunos de los riesgos para la vida, la integridad y la dignidad de miles de personas.
“El sufrimiento de estas comunidades no es una consecuencia inevitable de los conflictos armados. Es el resultado directo de la falta de respeto a las normas humanitarias diseñadas precisamente para proteger a quienes no participan en las hostilidades”, afirmó Patrick Hamilton, jefe de la delegación del Cicr en Colombia. “La población civil sigue pagando un precio demasiado alto. Esto no debería suceder”.

El Comité documentó 382 presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), reflejo de la creciente falta de respeto a las normas que protegen a la población civil y a quienes han quedado fuera de los enfrentamientos.
El 44 % de estas violaciones estuvieron dirigidas contra la vida y la integridad física y mental de las personas protegidas por el DIH.
Un 33 % se relacionó con la conducción de las hostilidades, particularmente con el incumplimiento de la obligación de las partes en conflicto de tomar precauciones para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil de los efectos de los ataques.
El 23 % restante abarcó hechos que afectaron la satisfacción de las necesidades básicas en las comunidades, su bienestar y el acceso a servicios esenciales.
Estas cifras documentadas por el Cicr, evidenciaron los graves retos que enfrenta el país para garantizar la protección de quienes no participan en las hostilidades y por ello la organización expresó su preocupación ante esta falta de respeto al DIH y recordó que las partes en conflicto tienen la responsabilidad inexcusable de salvaguardar a la población civil.

“No se trata de un gesto de buena voluntad. Es una obligación que debe cumplirse de manera urgente y sin excepciones”, subrayó Hamilton. “El respeto del derecho internacional humanitario es fundamental para evitar que esta crisis siga profundizándose”.
Cauca, Valle y Nariño, de las poblaciones más afectadas
Esta región del país ha registrado las mayores afectaciones por desplazamientos masivos y artefactos explosivos, indicó el Cicr a través de un comunicado. Frente a este último, solo en Valle del Cauca, Cauca y Nariño reportamos 468 casos, es decir, el 65% de las personas heridas y fallecidas en todo el país.
Por otro lado, Cauca es el departamento a nivel nacional donde más se han registrado víctimas por artefactos explosivos lanzados (101), en este sentido, llama la atención el uso de vehículos aéreos no tripulados (drones) como medios de lanzamiento.

En relación con el desplazamiento masivo, según la Uariv, en Nariño se reportaron 15.060 personas desplazadas, ubicándolo como el departamento con más víctimas (36% del total) en todo el país, por sexto año consecutivo.
En segundo lugar, está Cauca con 8.433 personas desplazadas, presentando un incremento del 75% en eventos, al pasar de 12 en 2023 a 21 en 2024. Por su parte, Valle del Cauca ocupa el sexto lugar con 1.546 personas afectadas.
Sin embargo, en desplazamientos individuales Valle del Cauca ocupa el primer puesto con 16.220 personas afectadas, seguido por Cauca el segundo con 14.476 y Nariño el tercero con 14.120. La suma de estos tres departamentos representa el 38% de las personas desplazadas a nivel nacional. Además, Buenaventura se posiciona como la principal ciudad expulsora, con 11.532 personas desplazadas, reporta la UARIV.
“Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) reafirmamos nuestro compromiso para mantener el diálogo bilateral y confidencial con todos los actores armados, tanto estatales como no estatales, para recordarles las reglas del derecho internacional humanitario. Además, reiteramos nuestro propósito de brindar ayuda a las comunidades. Por eso hacemos un llamado urgente a los actores armados a no involucrar a la población civil en los enfrentamientos. El cumplimiento del DIH es obligatorio: las guerras sí tienen límites”, expresó Juan Carlos Carrera, jefe de la subdelegación del Cicr en Cali.
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