Con tutela, Procuraduría busca tumbar sometimiento de Salvatore Mancuso en la JEP

Nuevamente la Procuraduría presentó reparos frente a la decisión que tomó el pasado 18 de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que aceptó el sometimiento de Salvatore Mancuso.

Esta vez, el Ministerio Público presentó una tutela en la que pide su expulsión argumentando que con esa decisión se violaron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso efectivo a la administración de justicia y al derecho a la verdad.

En concreto, la Coordinación Nacional de Temática de Justicia y Paz de la Procuraduría expone en primer lugar, que el hecho de considerar a Mancuso como una persona “vinculada orgánica y funcionalmente a la Fuerza Pública” podría ser tomado como una invitación a demandar al Estado por crímenes atribuidos a su comandancia paramilitar.

La tutela, dirigida al Tribunal para la Paz de la JEP, dice además que el juzgamiento de paramilitares es competencia exclusiva de Justicia y Paz y que su aceptación genera un conflicto de competencias.

“En la actualidad cursan contra Mancuso Gómez varios procesos parciales transicionales que se encuentran en diferentes etapas sin fallo en firme algunos con solicitud de imputación, otros con formulación de imputación, en audiencia concentrada o lectura de sentencia, que aproximadamente comprenden 65.067 hechos y por los que se emitirán eventualmente 45 sentencias parciales transicionales adicionales en su contra”, explicó la Procuraduría.

En días pasados el Ministerio Público alertó que 137 víctimas no fueron tenidas en cuenta en el auto de la JEP. “Precisó el procurador delegado Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, que la providencia (de la JEP) reiteradamente afirmó que las víctimas con derechos adquiridos de reparación en Justicia y Paz, producto de una decisión en firme, tienen garantizados (…) que el compareciente atienda las obligaciones ejecutoriadas que le hayan impuesto en materia indemnizatoria”, añadió el ente dirigido por Margarita Cabello.

Salvatore Mancuso fue aceptado de manera excepcional por la JEP el pasado 18 de marzo. Con aquella decisión se revocó su sometimiento parcial y en su lugar se ordenó resolver su situación jurídica, de cara a su labor como gestor de paz del Gobierno.

La decisión ha causado mucha controversia porque fue acogido como “bisagra” o punto de conexión entre las Autodefensas Unidas de Colombia y miembros de la Fuerza Pública.

*Con información de Colprensa.