Continúa la ola de violencia en el norte del Cauca: Asocaña pidió celeridad en las investigaciones sobre homicidio de colaborador

Por: Laura Cortez Palacios/ Reportera de El País

Guillermo José Villegas, un guarda de seguridad del Ingenio Incauca quien desempeñada su labor en zona rural del municipio de Padilla, en el norte del Cauca, falleció luego de que hombres armados lo atacaran junto a su compañero mientras realizaban un recorrido por los cultivos de caña a bordo de un vehículo de la compañía. Este homicidio se suma a los numerosos ataques que recibe cada año esta agroindustria, siendo el norte del departamento uno de los lugares más afectados.

“Hacemos un sentido llamado a todo el país: no podemos naturalizar estos hechos que están sucediendo, no podemos seguir tolerando la falta de garantías para los trabajadores del campo en el norte del Cauca. Exigimos al Gobierno colombiano garantizar la seguridad de los trabajadores agrícolas y de las comunidades, quienes a diario son afectadas por pandillas y por grupos al margen de la ley”, denunció Claudia Calero, directora de Asocaña.

“Para que haya bienestar, para que haya progreso en las regiones, se necesitan garantías de seguridad y de justicia para todos. Expresamos nuestra solidaridad a la familia de Guillermo José, a sus amigos, a sus compañeros y al Ingenio”, concluyó.

Diversos actores influyen en la violencia generalizada en el norte del departamento, entre ellos grupos ilegales y delincuenciales, quienes además de homicidios, también han cometido actos de secuestro, lesiones personales y quema de maquinaria, explicó un exuniformado, Sargento (r), experto en seguridad consultado por El País.

“Estas acciones pueden ser producidas por grupos al margen de la ley con fines extorsivos, pero también pueden ser generadas por campesinos que tienen algún problema con la empresa o por grupos que quieren adueñarse de las tierras utilizadas por los ingenios, son muchos actores y muchos factores que influyen en estos desenlaces fatales”, afirmó.

Para María Ximena Román, exsecretaria de Seguridad de Cali y actual directora de proyección social de la Universidad de San Buenaventura, este fenómeno de violencia contra los trabajadores e insumos de la industria de la caña existe debido a que históricamente en esta zona “se han presentado conflictos por tenencia de tierras, reivindicaciones de indígenas, afros y últimamente hay una afectación de la seguridad por presencia de grupos armados al margen de la ley que invaden tierras, asesinan trabajadores de los ingenios, a líderes sociales y también reclutan menores, lo que dinamiza el conflicto”.

Debido a lo anterior, se puede asegurar que las agresiones contra la agroindustria no es la única que se presenta en este punto del país, es más, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de inminencia 036-23 hace un mes debido a la “situación de riesgo de vulneración a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, para la población civil que habita los municipios del nororiente-centro de Cauca: Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suarez, Miranda, Corinto, Caloto, Guachené, Toribio, Jambaló, Caldono, Morales y Cajibio”.

Todos estos municipios son vecinos de Padilla, donde ocurrió el homicidio de Guillermo José Villegas, y están en vulnerabilidad frente a los ataques de grupos armados al margen de la ley como las guerrillas, quienes incrementaron su accionar delictivo entre julio y septiembre, impactando también a Jamundí, en el sur del Valle.

Además, 25 de los 123 casos de líderes sociales asesinados en Colombia entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2023 ocurrieron en el Cauca, convirtiéndolo en el más afectado por este fenómeno. De la misma manera, seis de los 30 firmantes del acuerdo de Paz que fallecieron a causa de la violencia se registraron en esta zona del país, de acuerdo con los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.

Según el experto en seguridad, el norte del departamento es especialmente complejo debido a que los grupos armados ilegales tienen la posibilidad de avanzar por medio de franjas rurales y selváticas, además del control de economías ilegales como la siembra, fabricación y envío de coca y cocaína.

De la misma manera, en estos territorios pueden “incrementar el pie de fuerza mediante el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes”, indicó la Defensoría del Pueblo. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, a través del Sistema de Información y Monitoreo de Derechos Humanos, informó que con corte al 31 de octubre, 89 personas habían sido víctimas de este crimen en esa región.

El Coronel (r) sostuvo que la falta de oportunidades laborales y académicas hace que los menores de esta parte del país sean más vulnerables ante los ofrecimientos de grupos terroristas y al margen de la ley. “Les prometen cosas y como la mayoría vive en situación de pobreza, se les presenta esta manera de salir adelante, eso es lo que les pintan, aunque no es así, estos niños terminan instrumentalizados y envueltos en una guerra que los afecta negativamente en todo sentido”.

Román aseguró que al no evidenciarse una estrategia fortalecida por parte del Estado en esta zona del país, los grupos ilegales lejos de emprender la huida están tomando más espacios en el departamento.

Además, “La falta de atención integral a la minería ilegal, la invasión, despojo de tierras y el narcotráfico por parte del Estado, agudizan estos fenómenos violentos”, concluyó la especialista.