El nuevo conflicto de tierras que llena de zozobra a Cajibío, Cauca

Setenta familias residentes en dos parcelaciones y propietarios de tres fincas de la vereda El Cofre, jurisdicción de Cajibío, a 12 kms de Popayán, están preocupados por los hostigamientos y amenazas que el Cabildo Indígena NasaUss Cofradía viene haciendo desde abril así como por las ocupaciones que realizaron a dos predios el 1° de mayo.

Los afectados dicen que siempre vivieron en completa armonía con las familias indígenas asentadas a la orilla del camino viejo, vía nacional Popayán- Cali antes de construirse la Panamericana.

En 2011, con resolución del MinInterior, estas familias nasa conformaron el Cabildo Cofradía en la franja de esa vía y ahora buscan que los propietarios de las tres fincas más grandes, oferten sus predios para que la Agencia Nacional de Tierras los compre para ellos, ya que los consideran “territorios ancestrales que milenariamente nos pertenecieron”.

Ante su negativa a vender, dicen los dueños, cavaron dos chambas en la vía que les impide entrar sus vehículos para ingresar insumos y sacar sus cosechas. Instalaron una guadua-retén, que custodian los mayores “para la seguridad de todos”, dicen. Solo dan paso peatonal.

Uno de los más afectados es el dueño hace 30 años de la finca Tengueny, de 18 hectáreas (hs.) sembradas de 50.000 matas de café castilla. Relata que el pasado 30 de abril el mayordomo fue sorprendido con una toma por vías de hecho. La Policía hizo presencia, los indígenas desalojaron, pero ocho días después volvieron y le dieron cuatro horas al mayordomo para salir con su familia, incluida una niña de 2 años.

El propietario regresó con la Policía y los indígenas desocuparon. Se negaron a trabajar en la cosecha, como tradicionalmente hacían, y tampoco dejaron ingresar a los 20 trabajadores que el dueño llevó y el contratista se fue ante la amenaza de quemarle el camión.

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Ante las denuncias, la Defensoría del Pueblo citó a las partes, al gobernador del Cabildo, Tobías Flor Miranda, la Policía y consejeros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Allí los indígenas expresaron que solo estaban interesados en que les oferten sus predios.
Cuatro herederos de la finca El Alba de 7,8 hectáreas, adquirida por su padre hace 24 años, “el primer constreñimiento ocurrió en 2016, cuando miembros del cabildo les dijeron que tenían que venderles a ellos”. El pasado 1° de mayo irrumpieron en el predio, adultos, adolescentes y niños y causaron daños.

“Amparados en el artículo 81 del nuevo Código de Policía y en el artículo 58 de la Constitución Nacional, el 2 de mayo la Policía efectuó un desalojo y se firmó un acta de entrega. La ocupación se repitió el 5 de mayo y el 6 hubo otro desalojo con el Esmad y su respectiva acta de entrega”, dice un coopropietario de El Alba.

Sin embargo, continuaron las amenazas al mayordomo y a su hijo menor de edad y les obligaron a abandonar la finca. Se vinculó otra persona y pasó lo mismo. Luego se contrató una empresa de seguridad privada a la que amenazaron por teléfono y el vigilante también se tuvo que ir. Los dueños no han podido volver desde el 2 de junio, que el grupo indígena irrumpió otra vez diciéndoles que tenían que irse porque ese territorio ya era suyo.

“Somos gente pacífica, tuvimos que refugiarnos en Tengueny, nos acompañaban dos policías y los indígenas llevaban palos, bastones de mando y guadañas con las que cortan el pasto y lo queman en las cercas para que el ganado se salga; tumbaron el portón, crearon un paso alterno, sitios de estadía y una cancha donde van a jugar fútbol”, relata.

Ilde Pete, vocero del Cric, dijo a El País que hubo una orden de desalojo, “pero como los comuneros están en sus casas, entonces no hay a quién desalojar”. Agregó que una última reunión fue para aclarar “un malentendido de que el Cabildo iba a atacar al vecino y mandaron el Esmad a la finca El Alba, pero se aclaró el asunto”. Versión desmentida por los finqueros que dicen sentirse amenazados y amedrantados por la actitud agresiva de los nasa y que no pueden ir a sus predios sino es acompañados por la Policía.

Otra familia que adquirió la finca Río Cofre, de 15 hs., en 1968, dice que hizo una inversión importante para el cultivo de 34.000 matas de cafés especiales y semillas exóticas. Es su sitio de residencia y de trabajo y considera intimidatorias las ocupaciones a los predios de los vecinos, la vara del retén y las chambas en la única vía de acceso.

“El 28 de mayo recibí una llamada de alguien con acento indígena que se tapaba con un pañuelo, diciéndome que no volviera a la finca y que iban a ‘chambiar’ la vía. Es un constreñimiento bárbaro a una familia que les da empleo a cuatro personas indígenas”, dice el dueño que añade que Tobías Flor, gobernador del cabildo, le pidió trabajo y les hizo un contrato por $3,5 millones para que Flor y su familia sembraran 7000 árboles de café. Hoy tiene 12 personas cosechando y así a veces no necesita tantos, los deja porque sabe de sus necesidades.

Un propietario denuncia que en las reuniones para intentar dirimir la situación, los nasa han manifestado que no les interesa ningún acuerdo y “que se tomarán las fincas a toda costa, sin importar si nosotros las ofertábamos a la Agencia Nacional de Tierras o no, o si el Gobierno dice que las comprará o no”.

Pete dijo que en el documento firmado en la Defensoría del Pueblo, “se decidió entrar al diálogo para no ir a las vías de hecho y que los propietarios aceptaron ofertar las tierras”. Pero El País conoció el documento y 12 propietarios que asistieron dejaron en claro que no tenían intención de vender sus predios y menos si era a la fuerza, dijo uno.

El líder nasa dijo que presentaron un derecho de petición al Ministerio del Interior y mientras llega la respuesta, insisten en que se dé en oferta el predio a la Agencia Nacional de Tierras para que la comunidad indígena quede allí.

Hoy Tengueny y El Alba están improductivas y custodiadas por diez carabineros de la Policía Cauca. Los uniformados reportan que los indígenas van hasta dos veces al día, recorren el predio mientras corren y cantan arengas en lengua nasa con megáfono e izan banderas del Cric en los árboles.

Los afectados cuestionan que desde 2014 el Gobierno les está ofreciendo 110 hs. de tierra fértil en Paispamba, municipio de Sotará, pero no la han querido aceptar, sino que exigen estas que están a cinco minutos de la vía Panamericana.

A ello, respondió Pete: “No es que la comunidad no acepte, sino que el dueño de esa finca no está de acuerdo con el avalúo técnico que hizo el Gobierno. Él pide $35 millones la hectárea, pero la Agencia Nacional de Tierras la tasó en 25 o $18 millones, entonces él no quiere vender; ahora la finca está en revalúo”.

Y aunque circula el rumor de que no afectarán a los residentes de los condo- minios El Alba y El Cofre, los afectados creen que el fin a futuro es englobar en un resguardo las tres fincas, las parcelaciones y pequeñas parcelas de 2500 y hasta de 1600 mts2 (1/4 de plaza).

“La petición no es tan ingenua, tiene su intención, este es un punto estratégico para Popayán y el día que quieran bloquear la Panamericana, quedarían incomunicados el Cauca y el sur del país”, advierte uno de ellos. “Más que una posición del resguardo, son suposiciones de la gente. No es la intención del resguardo ni tampoco del Cric”, desmintió el líder indígena.
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También les llama la atención que en los grupos que irrumpen en los predios y van a las reuniones, hay personas que no conocían ni viven allí y que al parecer las trajeron de otras zonas de Cauca y Huila, para completar el número requerido para conformar un cabildo. Y que son los que salen en medios de comunicación diciendo unas cosas, pero que hacen otras.

“Lo que más nos preocupa es que, ante el Gobierno, ellos hablan del territorio y del resguardo, incluyéndonos a todos y a nuestras fincas, están creando una autoridad sobre nosotros y nosotros no somos del cabildo”, concluyó otra de las afectadas.

Ilde Pete, consejero del Cric, admitió que las autoridades del cabildo de Cofradía han tratado de entrar a ocupar los predios El Alba y Tengueny, “a manera de ejercicio en la recuperación de la plataforma de lucha indígena”.

El vocero dijo que según la comunidad, les manifestaron que les vendieran sus fincas al Cabildo, pero no han querido ofertarles a ellos, sino vender a otras personas y el cabildo, por necesidad territorial, ha optado por “limpiar el prado” ocupando espacio.

Aceptó que en las reuniones dijeron que “no queríamos llegar a acciones de hecho, sino dialogar y concertar con el dueño y le hicimos varias propuestas”. También admitió que se firmó un documento “manifestando que los indígenas salían del predio, si el dueño lo ofertaba a la autoridad tradicional. Entendimos que él no había querido ofertar, entonces vuelve y juega la presión de las autoridades del Cabildo”, aludiendo a la segunda toma.

Al argumento de los afectados, que dicen que su gran error es reclamar tierras de pequeños propietarios, Pete coincide en que de acuerdo con la directriz política del movimiento indígena, le han dicho a su comunidad que no pueden aspirar a 7 hs., 20 hs. “No planteamos la recuperación de tierras de pequeños propietarios, pero cuando la autoridad (del cabildo) no hace caso, pues nos dijo que no podíamos decidir sobre ellos, pero esa no es la plataforma nuestra (del CRIC), sí es recuperar la tierra de grandes terratenientes de 500 o 1000 hs., a los ricos que tienen tierras como negocio”, dijo.

El líder concluyó que del 25 al 30 de junio realizarán el XV Congreso del CRIC en Río Blanco (Sotará), y tratarán el “por qué ya no miramos a grandes terranientes, sino a pequeños poseedores. Allí 10.000 nasa y 124 autoridades indígenas darán un mandato o una ley que diga que no vamos a presionar contra los pequeños propietarios a ofertar la tierra”. Aclaró que si en Inzá y en San Andrés de Pisimbalá recuperaron predios de solo 2 y 3 hs., “fue una iniciativa de ellos, personal, que no obedece a la política del CRIC.

Los indígenas han dicho que necesitan reunir 300 hs., pero Tengueny, El Alba y Río Cofre suman 40,8 hs., o sea, que a futuro sí intentarían intervenir también las parcelaciones.

El Cabildo afirma que son 105 familias y 290 personas, pero los dueños de las fincas afectados, dicen que en la zona no hay más de 40 casas de nasas.

Hace 25 años, el Incora les ofreció ir al resguardo Novirao y no aceptaron. Luego optaron por tierra en Cajibío, pero organizaciones campesinas ganaron la disputa ante el Incoder.

Propietarios de la finca Montepino dicen que compraron su finca hace 24 años, tras investigar y verificar con el Cric que el predio no tuviera reclamaciones de comunidades indígenas.

Desde entonces es su sitio de vivienda y de trabajo con una empresa de lácteos, cuyo sistema limpio de producción tipo granja, es modelo de capacitación del Sena y de universidades.

Aunque en su predio no ha tenido ocupación directa, dicen que lo que está pasando con sus vecinos, los afecta y que la afluencia de público los fines de semana bajó por esos hechos.