Erradicación de cultivos ilícitos no avanza en Colombia, ¿está en peligro el apoyo de EE.UU.?

Durante el pasado mes de enero no se erradicó ni una sola hectárea de cultivos de coca en Colombia, cifra que contrasta con las 2982 que se destruyeron durante el mismo periodo de 2022.

Este dato, extraído de un informe del Ministerio de Defensa, ha encendido las alarmas frente a la política antidrogas del Gobierno.
Ante la polémica desatada por esta revelación, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, aclaró que en “los meses de noviembre y diciembre de 2022 se aprobó el presupuesto para la erradicación del siguiente año. Ya en enero se iniciaron los procesos contractuales a efectos de garantizar que tengamos el suficiente personal de erradicadores en los diferentes puntos. Es decir, en el mes de enero es normal que no hagamos erradicación”.

A pesar de esa afirmación del general Sanabria llama la atención que en enero del año pasado se erradicaron casi 3.000 hectáreas.

El Director de la Policía afirmó también que en lo que va de febrero se han eliminado 413 hectáreas de coca. “Se quiere llegar a los sitios donde hay cultivos industriales, hacer la erradicación en estos lugares y generar una presencia policial para que no haya resiembra”, explicó el Comandante de la Policía, quien también aseguró que la proyección anual es de 22.000 hectáreas erradicadas.

Otro dato que genera preocupación frente a la lucha contra el narcotráfico es el de la cocaína incautada, pues en enero del presente año, las autoridades confiscaron 40 toneladas, mientras que en el mismo periodo de 2022, se decomisaron 58.7.

La pregunta que se hacen los analistas es cómo puede afectar la seguridad nacional el tratamiento a la problemática de cultivos ilícitos que le está dando el Gobierno.

Para el investigador en seguridad nacional Juan Carlos Ruiz, las cifras son impresentables y traerán consecuencias a Colombia en el concierto internacional. “Las explicaciones del Comandante de la Policía son insuficientes y muestran una gran improvisación. No se sabe exactamente cuál es la estrategia y política del Gobierno para erradicar las 200.000 hectáreas que se cultivan hoy en el país”.

Al ser preguntados sobre la meta de erradicación impuesta por el Estado para el 2023, la cual cayó de 50.000 hectáreas a 22.000, los expertos afirmaron que se debe analizar cómo se desarrollarán las acciones en contra de estos cultivos y la posibilidad del uso del glifosato.

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Para Ruiz, el que el Estado no esté dispuesto a utilizar este químico, “el cual, las estadísticas muestran que fue lo que más ayudó a erradicar hectáreas en el pasado, dificultará que se pueda hacer una eliminación muy severa. Eso pondrá en entredicho la certificación que siempre da Estados Unidos a los países que colaboran en la lucha contra los estupefacientes y sembrará dudas ante la política antidrogas de Colombia hacia la EE. UU. Este es un precedente que nunca había sucedido”.

A su vez, el experto en seguridad nacional Óscar Palma, sostiene que el hecho de que no se haya erradicado ni una sola hectárea en enero puede verse desde dos puntos.

“El primero corresponde a la producción ya que los cultivos de coca en Colombia durante el 2022 alcanzaron cifras históricas, los volúmenes que se han producido en el país son alarmantes de tal forma que el hecho de que no se haya erradicado ni una sola hectárea, no implicaría mucho, ya que sigue existiendo la producción suficiente para abastecer el mercado”.

Y es que el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que en Colombia hay una cifra cercana a las 204.000 hectáreas sembradas de coca, “ubicadas en los mismos territorios con condiciones de vulnerabilidad”, destacando los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

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Para Palma, el otro punto de vista corresponde a la gran incertidumbre que genera la situación actual del país, “especialmente relacionada con el desconocimiento que tenemos sobre cómo se está manejando el proceso de diálogo con los diversos grupos armados. El presidente Petro nos ha hablado de la Paz Total y el interés de negociar, pero no se conoce hasta ahora una estrategia sólida y la no erradicación de los cultivos puede llevar al fortalecimiento de algunas de estas organizaciones”.

Por su parte Mauricio Jaramillo, docente y experto en seguridad nacional de la Universidad del Rosario, afirmó que esto podría generar repercusiones en la relación entre Colombia y EE. UU. ya que nuestro país “ha asumido históricamente el compromiso de erradicar las hectáreas sembradas con hoja de coca”, además que “seguramente esto tiene que ver con la política de no acabar unilateralmente los sembrados sino hacerlo a través de negociaciones en este ideal de la Paz Total”.

Respecto a esto, Óscar Palma afirmó que “que no hay investigaciones suficientes para concluir cuál es el daño específico que el glifosato causa sobre la naturaleza y las personas, parecería que en algunas medidas y bajo ciertas circunstancias el daño puede ser controlable y mínimo. Entonces más allá de preguntarnos si se vuelve o no, la incógnita sería cómo lo haría”.

Jaramillo sostiene que la fumigación aérea tiene al menos tres problemas. “El primero tiene que ver con la salud humana. En Estados Unidos un informe que llegó al Congreso abría la posibilidad de que existieran casos de cáncer a partir de la utilización indiscriminada del glifosato”.

En segundo punto y contrario a la opinión de Ruiz, Mauricio Jaramillo afirmó que la aspersión aérea no ayudó mucho a la erradicación de los cultivos de coca, ya que “fue muy poco efectivo. En Colombia se asperjó y aún así siguió siendo el primer productor de cocaína del mundo en su momento”.

En tercer lugar, el experto de la Universidad del Rosario destacó el problema internacional que generó en su momento esta medida contra los cultivos, pues países como Venezuela y Ecuador, protestaron contra posibles afectaciones a su territorio. “Si se retoma la fumigación, habrá zonas del territorio nacional donde no se podrá asperjar, como en el caso de la frontera con Ecuador, lo que llevaría a que se vuelvan a llenar de cultivos ilícitos, como pasó hace algunos años en otros Gobiernos.