Exfiscal Ana Catalina Noguera fue condenada por ‘chuzar’ el celular de su expareja para intentar descubrir una infidelidad

A tres años y ocho meses de prisión fue condenada la exdirectora de Finanzas Criminales de la Fiscalía General Ana Catalina Noguera Toro, por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales y fraude procesal.

Según dictan las investigaciones del ente acusador, en hechos realizados en marzo de 2020 Noguera ‘chuzó’ el teléfono de Carolina Vélez, quien sería la pareja de un trabajador bancario con el que la exfiscal llegó a sostener una relación sentimental.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal encargado del caso, Mario Burgos, argumentó que la hoy condenada llevó a cabo este proceder porque quería tener conocimiento frente a si dicho hombre “sostenía una relación paralela a la de su matrimonio, y de esta manera poder entregar pruebas al señor Víctor Rojas para así poder terminar su relación sentimental, ya que Ana Catalina tenía intereses emocionales”.

Los informes de la Fiscalía indican que la entonces directora ejerció presiones para que un grupo de agentes interceptara un número de celular sin contar con una orden judicial. Tal interceptación respondía a un interés personal de la fiscal.

“Pedía, mejor, exigía, que le reportaran sobre las interceptaciones”, aseguró Burgos en medio de la diligencia judicial.

Por su parte, en la audiencia de lectura de sentencia el juez de Conocimiento en Bogotá afirmó que existían pruebas suficientes para demostrar la participación de Noguera Toro en actos irregulares que afectaron el sistema judicial e indujeron al error a funcionarios de Policía Judicial.

El juez subrayó que, dada su formación académica y conocimiento del derecho, la exfuncionaria era plenamente consciente de que estaba incurriendo en un delito al abusar de su cargo para exigir la interceptación de una línea telefónica sin la orden de un juez.

Así las cosas, tras aceptar su responsabilidad en tales delitos, la exfiscal deberá pagar una multa equivalente a 300 salarios mínimos vigentes para el año 2020, cuando ocurrieron los hechos. Además, dado su estatus como madre cabeza de familia, cumplirá la pena en su domicilio en Chía, Cundinamarca.