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Exintegrantes de las Farc reconocen secuestros cometidos en Cali
En audiencia programada para el mes de noviembre, los exguerrilleros deben comparecer antes las víctimas y contar la verdad.
Por Colprensa
Siete exintegrantes del Bloque Occidental de las extintas Farc reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por secuestros cometidos en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el sur del Chocó.
Durante una audiencia pública, que está programada para el 28 y 29 de noviembre en Cali, los ex mandos deberán comparecer frente a la justicia y las víctimas y decir la verdad de lo que sucedió.
Estos exguerrilleros, imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, seguían las directrices del Secretariado de la antigua guerrilla, responsables de secuestros de cientos de personas, incluidos los diputados del Valle.
Durante el proceso, que ya se ha llevado a cabo ante la JEP, se determinó que los secuestros fueron utilizados como mecanismo de financiamiento, presión política para el intercambio de guerrilleros presos, y control territorial en las zonas donde operaban. La Sala de Reconocimiento de la JEP confirmó que, bajo su mando, se perpetraron graves crímenes como toma de rehenes, desapariciones forzadas, homicidios y torturas.
Juan Carlos Ramírez, alias Miguel Pascuas o Sargento Pascuas, también fue imputado, pero debido a su diagnóstico de demencia, su caso fue trasladado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Este reconocimiento se enmarca en el caso 01 de la JEP, donde se investigan los secuestros cometidos por las Farc. En junio de 2022, durante la primera audiencia, varios miembros del Secretariado aceptaron su responsabilidad por los secuestros en todo el país.
Ahora, la justicia avanza hacia los mandos medios de las estructuras regionales, respondiendo a las demandas de verdad de las víctimas.
El Bloque Occidental, que en su apogeo contaba con más de 1.400 combatientes, jugó un rol clave en los secuestros masivos en el suroccidente del país, como el caso de los diputados del Valle y el de los trabajadores de la represa de Anchicayá.
