Imputan a siete excomandantes del bloque Noroccidental de las Farc por secuestros que dejaron más de 300 víctimas en Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a siete excomandantes del Bloque Noroccidental de las extintas FARC por secuestro. La decisión la tomó la Sala de Reconocimiento tanto por las órdenes que dieron de cometer secuestros y asesinatos, como por omitir el control de la tropa, que de manera reiterada, dio malos tratos a las personas cautivas.

Se trata de Luis Óscar Úsuga, quien fue comandante del Frente 34, entre 2008 y 2017; Jesús Mario Arenas, comandante del Frente Urbano Jacobo Arenas entre 1993 y 2006; Rodolfo Ruíz Restrepo, comandante del Frente 57 entre 1993 y 1998; Martín Cruz Vega, comandante del Frente Aurelio Rodríguez entre 2000 y 2014; Ovidio Antonio Mesa, comandante del Frente 36, entre el 2003 y 2017; Pedro Baracutao comandante del Frente 34, entre 2008 y 2017; y Jhoverman Sánchez Arroyave, comandante del Frente 58 desde 1998 hasta el 2017.

Para llegar a esa decisión, la JEP tuvo en cuenta 314 hechos documentados. Analizó los informes recibidos, escuchó en versión voluntaria individual o colectiva a 40 comparecientes, en las que participaron 211 víctimas a través de sus abogados y escuchó directamente a 91 víctimas que tenían observaciones a las versiones voluntarias.

“El proceso de contrastación judicial de la JEP evidenció que estos comparecientes del Bloque Noroccidental tuvieron poder y mando regional para liderar la ejecución de la política de secuestro que trazó el antiguo Secretariado de las Farc-EP. Secuestraron siguiendo tres patrones criminales: para financiar su estructura, para forzar el intercambio de guerrilleros presos y para controlar los territorios donde operaron: toda Antioquia, el sur de Córdoba, el norte del Chocó, Risaralda y Caldas”, explicó la JEP.

Con esa imputación, el Tribunal de paz llamó a reconocer la responsabilidad a este grupo de comparecientes de las FARC y les ordenó aportar a la Sala y la Unidad de Búsqueda de Personadas Dadas por Desaparecidas (UBPD) toda la información disponible para encontrar a las víctimas de desaparición en medio del cautiverio.

Entre ellas a 17 personas desaparecidas por las que sus familiares han preguntado en el proceso judicial y les dio a los comparecientes un máximo 30 días hábiles para aportar lo que sepan sobre el paradero de estas personas.

La investigación de la JEP arrojó que El Bloque Noroccidental, también conocido como Bloque José María Córdoba, Bloque Efraín Guzmán y Bloque Iván Ríos, secuestró para forzar el intercambio por guerrilleros presos, para financiarse y para controlar los territorios donde operaba.

“Las privaciones de la libertad se hacían en residencias, en casas de recreo, en las tomas guerrilleras, en los retenes, en las vías y en los ataques de la antigua guerrilla a la población civil. En todos los patrones la Sala encontró crímenes adicionales al secuestro y el asesinato, relacionados con el maltrato que la guardia cometía sin control de los superiores. Lo que es propio de la región durante el conflicto armado fue la gran cantidad de actores armados irregulares que competían por el control del territorio y de las rutas e ingresos provenientes del narcotráfico, y la intensidad de la violencia que desataron contra los civiles”, explicó la JEP.

Este bloque fue el responsable de más de 300 secuestros, entre ellos, los del excongresista Óscar Tulio Lizcano y el secuestro y asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y el consejero de Paz, Gilberto Echeverri.

Tras esta decisión, los siete imputados serán notificados y tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional.

Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados darán la cara a la justicia, a las víctimas y al país.

De lo contrario, el caso llegará a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. El proceso podría terminar en un juicio mucho más parecido al de la justicia ordinaria, y de ser hallados responsables de los crímenes, los comparecientes podrían pagar hasta 20 años de cárcel.

*Con información de Colprensa.