La convergencia entre narcotráfico y minería ilegal que devora a los bosques del país

Durante el 2020 fueron deforestadas en Colombia 171.000 hectáreas de bosque, el equivalente tres veces al tamaño de una ciudad como Cali, en buena medida para actividades relacionadas con la minería ilegal.

Son 144 municipios, casi todos distantes de la geografía nacional, en los que grupos armados ilegales han llevado maquinaria amarilla, dragas y dragones que les genera ganancias mensuales de hasta $400 millones.

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Pero en los últimos años se le puso una talanquera a esa actividad ilícita que se desarrollaba libremente en los lugares más recónditos del país.

La Unidad contra la Minería Ilegal (Unimil), en cabeza del brigadier general Alejandro Barrera, comandante de la División de Carabineros, puede aterrizar un día en un paraje del Bajo Cauca antioqueño; al siguiente en un entable en Río Quito, Chocó; y dos días después en un territorio arrasado en Barbacoas, Nariño.

Ese trabajo arduo, junto a sus cerca de 500 hombres, le ha permitido formar un concepto claro: ‘En Colombia hay una convergencia entre el narcotráfico y la minería ilegal’.

¿El precio y la facilidad de mover el oro están privilegiando esta actividad ilegal sobre el narcotráfico?
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No, lo que hay es una convergencia criminal. Donde hay influencia del narcotráfico, donde están los cultivos, son las mismas zonas en donde infortunadamente existe la posibilidad de obtener oro del subsuelo. Son los mismos lugares donde los grupos armados criminales se disputan el control territorial buscando el beneficio de estas dos actividades ilícitas. Pero el oro les ofrece la facilidad de que si bien su extracción es ilegal, una vez se comercializa queda totalmente legalizado, diferente a lo que sucede con los productos que se derivan del narcotráfico como la cocaína, los opiáceos y la marihuana.

¿Cuáles son las organizaciones armadas ilegales que promueven y se disputan esa minería ilegal?
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El principal de ellos es el clan del Golfo, que tiene una injerencia criminal en el Bajo Cauca, en el sur de Bolívar, el sur de Córdoba y la región de Urabá, donde dos semanas atrás hicimos una importante hallazgo de cuatro entables mineros en el nudo del Paramillo, una zona inhóspita donde tenían instalado un complejo logístico y tecnológico.

Tenemos otras áreas en el Chocó donde el ELN y el Clan del Golfo se están disputando el departamento; regiones como Cauca y Valle donde las disidencias de las Farc y el ELN están también en confrontación por los yacimientos mineros ilegales; y están los Marquetalianos y la línea de Gentil Duarte y Mordisco, ambos disidentes de las Farc, también en disputa por el control criminal en Putumayo, Caquetá y parte de la Amazonía colombiana.

¿Esa convergencia criminal es solo en la explotación ilegal?
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Así como hablamos de una convergencia criminal entre el narcotráfico y la minería ilegal en las zonas de producción, de igual manera se da en las zonas de comercialización. También donde se comercializa el contrabando se comercializa el oro que luego se exporta y que es aparentemente obtenido de forma legal.

¿Qué tan amplio es el papel de la Unidad contra la Minería Ilegal?
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Tenemos la misionalidad de atacar toda esa cadena criminal de la extracción ilegal de yacimientos mineros desde el punto donde se extrae e identificando las estructuras, hasta la comercialización y distribución del oro extraído ilegalmente.

¿Cuántos hombres tiene la Unimil para controlar toda la minería ilegal en el territorio nacional?
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Quisiéramos tener muchos más, pero hoy estamos hablando de entre 400 y 500 hombres que hacen parte de estas unidades y con esta capacidad realizamos el despliegue a lo largo y ancho del país.

¿Eso no es muy poca gente para hacerle frente a un fenómeno que se extiende por todo el país?
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Para atacar el fenómeno de la minería ilegal y todo lo que esto conlleva no está solo la Policía Nacional ni la Dirección de Carabineros con su Unidad contra la Minería Ilegal. Nosotros trabajamos de la mano con toda la capacidad institucional. Nuestra Dirección de Investigación Criminal (Dijin) tiene a sus investigadores contra delitos ambientales trabajando directamente con la Unimil, ubicando los sitios y las estructuras criminales; lógicamente trabajamos de la mano con la Fiscalía General de la Nación, entendiendo que este es un fenómeno que afecta los activos estratégicos del país, con las Fuerzas Militares, y tenemos acompañamiento de los ministerios de Defensa, Minas y Energía y del Ministerio de Ambiente.

¿Cuáles son los lugares de mayor riesgo a los que deben llegar?
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Tenemos cinco polígonos en donde hemos enfocado las actividades contra la minería ilegal. El primero es el sur del departamento de Córdoba y el sur de Bolívar; los afluentes del río Atrato y el mismo río Atrato en el Chocó; el Triángulo de Telembí, en Nariño; la Amazonía, Putumayo y el departamento de Caquetá, donde hay una influencia fuerte de grupos armados organizados; y de igual manera las áreas apartadas como el departamento de Guainía y Vichada, donde hay una influencia fuerte de estructuras criminales tanto de Venezuela como de Brasil.

¿Qué costo puede tener un entable minero ilegal y qué ganancias arroja mensualmente?
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Hay dos tipos de minería: una es la minería de aluvión que es la que se hace a cielo abierto y especialmente los afluentes de los ríos, que es donde se construyen los dragones o dragas de gran magnitud. Una draga de esas tiene un coso aproximado de $1.200 millones de pesos y ese dinero se recupera perfectamente en tres meses, teniendo en cuenta que la producción de oro de una draga de esas en el río Nechí, en el Bajo Cauca, por ejemplo, permite ganancias de hasta de $400 millones mensuales.

Está también la minería de socavón, donde se utilizan los llamados entables mineros, con una ingeniería diferente y donde lo que se hace es trabajar para triturar la piedra y la tierra donde se da el oro. Un entable de estos tiene un costo aproximado de $400 o $450 millones y tiene una producción aproximada de $300 a $400 millones al mes.

¿Y cuánto le cuesta al Estado una operación contra la minería ilegal?
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Depende de la distancia, pero una operación puede oscilar entre $200 y $300 millones. Es un costo alto que se le genera al país porque desplazamos un mínimo de 80 personas, a veces en helicóptero y las horas de vuelo son bastante caras. También se hacen desplazamientos en lancha a zonas muy apartadas en la que hay un gasto importante en combustible y la logística que se necesita también es muy costosa. Por eso esperamos que la legislación sea más fuerte porque muchas veces, desafortunadamente, las personas que se capturan y terminan siendo vinculadas a los procesos, disfruta de muchos beneficios como libertad domiciliaria.

¿Qué tanto riesgo asumen sus hombres en estas operaciones?
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Tenemos varios casos lamentables donde hemos perdido la vida de hombres que han confrontado estas estructuras criminales dedicadas a la minería ilegal. Hace algo más de un mes perdimos al subintendente Steven Cardona, un gran investigador que murió realizando actividades de verificación sobre el río Atrato, en un área inhóspita entre Condoto y Nóbita (Chocó), donde opera el Clan del Golfo. Y ese riesgo es diario porque nuestros hombres y mujeres tienen que llegar a estas zonas alejadas a impactar las economías criminales de los grupos armados ilegales.

¿Es común la escena donde suben a mujeres y niños a la maquinaria amarilla para evitar la destrucción con explosivos?
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Es una situación muy triste porque algo que siempre ha estado en las bases de las estructuras criminales, especialmente las que tienen pseudología política como las Farc, el ELN y el mismo Clan del Golfo, es que se justifican en las bases sociales. Entonces coptan a las comunidades y con lo que ellos llaman movimiento de masas, manipulan la población. Los instrumentalizan porque desafortunadamente esta actividad ilegal los daña directamente porque para el procesamiento utilizan el mercurio que es altamente contaminante y el agua afectada es la misma que consumen los habitantes de estas regiones. Por el trabajo nuestro va de la mano con intervenciones sociales para que la comunidad entienda que hay opciones económicas distintas al narcotráfico o la explotación ilegal de yacimientos mineros.

¿Hay extranjeros realizando minería ilegal en Colombia?
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Desafortunadamente, sí. Hay participación de brasileños en la explotación ilegal de yacimientos mineros. Ellos tienen una capacidad de tecnología y de ingeniería rústica, pero de gran magnitud; son las personas que tienen mayor capacidad para hacer los dragones o las dragas de gran tamaño que hemos encontrado en el Bajo Cauca, en Bolívar y en la frontera con Brasil. También algunos ciudadanos venezolanos en los límites entre Colombia y Perú, así como peruanos; y algunas personas de nacionalidad China.

¿Existe cooperación internacional para hacerle frente a la minería ilegal en Colombia?
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Actualmente los delitos contra el medio ambiente, contra los recursos naturales, son a los que más se les está poniendo atención por parte de la comunidad internacional. Nosotros estamos trabajando tanto con Interpol como con Europol no solo para intercambio de información estratégica y operacional, sino que se están haciendo operaciones en conjunto. Lo hacemos también por parte de organismos Internacionales de manera binacional con el Gobierno de Estados Unidos. Estamos trabajando con el ICE, qué es donde están las aduanas americanas, con la DEA en la lucha contra el narcotráfico y con las policías en Latinoamérica.