“Las provocaciones de los mineros al Ejército son constantes”: funcionario ambiental

Hay preocupación en el departamento, luego de que en la noche del pasado miércoles 21 de junio, soldados del Batallón de Alta Montaña N.º 3 de la Tercera Brigada, fueran secuestrados mientras adelantaban un operativo en contra de la minería ilegal en la zona.

A eso de las 11:00 p.m. se presentó una compleja situación de orden público entre la Policía Nacional y la población civil, a la que posteriormente se sumó el Ejército.

El altercado inició cuando miembros de la Tercera Brigada incautaron los elementos de seis mulares a cargo de cuatro personas que pretendían entrar a la zona Peñas Blancas, en el corregimiento de Pichindé en los Farallones de Cali, que según la comunidad, se trataría de alimentos.

En ese momento se dio un forcejeo donde participaron más de 100 civiles. Para evitar confrontaciones, los soldados devolvieron los víveres incautados y salieron de la zona.

Sin embargo, el punto más álgido de la situación llegó cuando la Policía Nacional retiene a un hombre que, según la información brindada por los uniformados, habría afectado a uno de los vehículos de la institución, detalló el Ejército.

Añadieron que las tropas fueron atacadas con disparos y habrían reaccionado para preservar su integridad, por lo que se vieron obligados a defenderse con sus armas.

En estos hechos, la comunidad denunció maltratos por parte de la Fuerza Pública y afirmaron que los uniformados comenzaron a disparar deliberadamente contra los civiles desarmados.

Jonh Hilber Zambrano, habitante del sector, mencionó que en su afán de velar por la seguridad de su compañero que estaba en poder de las autoridades “la Policía nos tiró a las patrullas”.

Según él, en medio de estos hechos resultó herido de bala en su pie derecho y al disponerse a abandonar el lugar, con ayuda de algunos compañeros, se percataron de la llegada del Ejercito nuevamente a la zona.

“Yo creo que cuando escucharon los disparos se devolvieron, hirieron a otros tres compañeros, uno de ellos resultó grave y perdió la vida unos minutos después”.

Luego de estos sucesos, la comunidad secuestró a seis militares y no permitieron que los demás abandonaran la zona, lo que da un total de 30 militares retenidos ilegalmente por los mineros.

¿Cómo se dio la liberación?

Ya en horas de la mañana, hicieron presencia en la zona la Personería del Pueblo, la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, la Subsecretaría de Paz y las autoridades ambientales para velar por los derechos, tanto de la comunidad como de los militares que continuaban secuestrados por los civiles.

Gracias a la gestión de la mesa humanitaria dirigida por los entes gubernamentales, se llegó a acuerdos con la comunidad de Peñas Blancas para la liberación de los militares.

Con este fin, también fue puesto en libertad el civil que había sido retenido por las autoridades en horas de la noche, aunque estuviera vinculado al proceso legal correspondiente.

Los demás uniformados que se encontraban en la zona también fueron evacuados y, aunque algunos presentaban heridas leves, todos estaban sanos.

“Ya está controlada la situación de orden público en el sector de Peñas Blancas. No hay ninguna alteración al orden público ni situaciones que afecten la seguridad y tranquilidad en la zona”, afirmó Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, luego de la liberación.

Además, se permitió la entrada del CTI para realizar el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida, identificada como Wílmer Álvarez, oriundo de Suárez, Cauca, cuya muerte es investigada.

Este no es el primer enfrentamiento

Las autoridades ambientales denuncian que la minería ilegal en la zona va en aumento. Hace más de diez años, personas provenientes, principalmente del departamento del Cauca, se han desplazado hasta los Farallones de Cali para extraer oro.

“Nosotros estimamos que arriba hay aproximadamente unas 500 personas ejerciendo la minería ilegal”, explicó uno de los funcionarios ambientales, quien ha pedido que se preserve su identidad por temor a las amenazas recibidas.

También comentó que tanto el Ejército, la Policía y las autoridades ambientales son burladas por los mineros, quienes continúan subiendo herramientas hacia la zona de explotación y retan a las autoridades: “Los incitan diciéndoles dispárenme, dispárenme, ¿qué es lo que van a hacer?”, comentó.

Estas confrontaciones son frecuentes, cada semana se presentan nuevos hechos que alteran la tranquilidad del territorio y ponen en riesgo a las autoridades ambientales que velan por la preservación de esta zona protegida.

El peligro de la minería ilegal en la zona es la contaminación de las fuentes hídricas con mercurio y otros tóxicos. “El mayor impacto lo está recibiendo el río Felidia, cuyos afluentes desembocan en el acueducto San Antonio”, que provee de agua a unas 700.000 personas en Cali, explica el funcionario.

Para evitar futuros enfrentamientos se coordinó una mesa de negociación con los mineros, con el fin de darles soluciones en diferentes vías, pero garantizando que no crezca la actividad de minería ilegal en la zona, aseguró Dranguet.

Además, sostuvo que se van a adelantar todas las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y las responsabilidades que establece la norma.