Llegada de mujeres a las cárceles del país está en aumento; estas son las razones y las cifras

Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, Colombia cuenta con una población total de 104.396 reclusos, de acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Planeación, de los cuales el 93% son hombres y el 7% mujeres.

Si bien el número de privadas de la libertad es mucho menor que en el caso de los hombres, llama la atención el crecimiento de la población femenina en los centros penitenciarios del país, pues según la Revista Criminalidad de la Policía Nacional “se reporta una mayor tasa de crecimiento de la conducta delictiva femenina que en la tasa de crecimiento de la conducta criminal masculina, de acuerdo con los reportes del Inpec”.

Además, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Mujeres, mientras que en la región el número de hombres privados de la libertad ha aumentado en un 20%, en el caso de las femeninas se ha incrementado en un 53% desde el año 2000.

Aunque es una situación llamativa para los expertos, Iván Carvajal, consultor en seguridad pública e inteligencia estratégica, aseguró que esta realidad no debe ser motivo de estigmatización, pues la estadística es muy similar a la del resto del mundo.

“El aumento puede deberse al porcentaje de esclarecimiento de la Policía Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, del CTI y de la Sijín que han sido más precisos en el asunto de probar la culpabilidad o inocencia de una persona”, indicó Carvajal.

Por su parte, Héctor Herrera, experto en seguridad, indicó que las desigualdades de las que las mujeres son víctimas en el país son un factor determinante tanto en el aumento de las privadas de la libertad como en la comisión misma de los delitos, ya que de acuerdo con un estudio de la Organización de Estados Americanos, el 80% de las mujeres que están en prisión tiene escasos recursos económicos.

“Muchas femeninas terminan involucradas en actos delictivos por la falta de oportunidades. Algunas son maltratadas en sus hogares, han sido abandonadas por sus esposos o las han despedido de sus trabajos y en vista de que no consiguen empleo porque desafortunadamente en Colombia hay mucha discriminación, terminan cometiendo delitos para solventar sus necesidades. Hay que resaltar que una mala situación económica no es excusa para cometer crímenes, pero en muchas ocasiones sucede así”, dijo Herrera.

Cabe destacar que, en Colombia había 16.095 mujeres con libertad restringida, según cifras del Inpec entre enero y agosto de 2024, 6.440 de ellas están en centros penitenciarios, por su parte, 8.950 están cumpliendo medidas en prisión domiciliaria y 705 cuentan con vigilancia electrónica, lo que quiere decir que casi el 60 % está cumpliendo su condena fuera de las cárceles.

De acuerdo con Herrera, estas cifras se deben a que la mayoría de los delitos cometidos por las mujeres son económicos, como por ejemplo el tráfico de drogas, la estafa o el hurto y en algunos de ellos los jueces determinan que las condenas pueden ser cumplidas con medidas de aseguramiento en el lugar de domicilio.

Si bien estos podían ser algunos de los motivos, Carvajal aseguró que la razón de la privación de la libertad de una mujer es distinta en cada caso, que debe ser examinado individualmente. “En esto hay que tener mucha prudencia, ya que en estos casos de análisis los porcentajes están dentro de la media y no son un efecto específico del país. Si bien estamos muy lejos de disminuir la impunidad e incrementar el esclarecimiento, sí es un hecho que el aparato judicial está más preciso al entregar los elementos materiales probatorios en los juicios”, añadió el consultor en seguridad pública e inteligencia estratégica.

Ante esta realidad, Carvajal puntualizó que se debe seguir fortaleciendo el aparato judicial y del restablecimiento de derechos de las víctimas. También debe tenerse en cuenta el enfoque de género en los casos de violencias contra esta población.

Por su parte, Herrera concluyó que es urgente que desde el Estado se brinde un acompañamiento a las mujeres vulnerables para evitar que sean instrumentalizadas, en algunos casos, por bandas delincuenciales que se aprovechan de su situación económica para llevarlas a delinquir, ya que “muchas veces cuando ellas se quieren salir de este mundo criminal son amenazadas y deben continuar con estas actividades”.