Los grupos ilegales que quieren agudizar la violencia en el Cauca

En los últimos años, el Cauca se ha movido en una frágil balanza: por un tiempo, los esfuerzos por consolidar la paz, luego de que se firmó el acuerdo con las Farc, hicieron creer a sus habitantes que los peores tiempos de la guerra habían quedado atrás, pero a medida que fue creciendo la presencia de grupos armados ilegales, los tiempos difíciles volvieron en varias zonas del departamento.

Ahora, tras el asesinato de la gobernadora del resguardo La Laguna-Siberia (Caldono), Sandra Liliana Peña Chocué, y con los cinco hostigamientos a la Fuerza Pública de esta semana se piensa que la balanza se ha inclinado de nuevo hacia la guerra.

Los factores que hacen que el departamento esté otra vez en esta situación incluyen el narcotráfico, el crecimiento de los grupos armados ilegales, la posición de unos sectores respecto al acuerdo de paz y la pandemia.

Esa tendencia hacia la confrontación, a la violencia, es palpable en esta zona del país, como lo muestran los mismos resultados operacionales de la Fuerza Pública: en menos de dos semanas han sido incautados cuatro cargamentos de armas, municiones, explosivos y abundante droga, movilizados por diferentes tramos de la Panamericana y descubiertos en controles de la Policía.

En los casos de los armamentos, según autoridades, tenían como destino los grupos armados que delinquen en esta región. A esto se suma la captura de ocho presuntos disidentes de las Farc en diferentes puntos, luego de ataques contra la Policía y el Ejército.

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De acuerdo con funcionarios de la Policía y del Ejército, en el departamento delinquen cuatro estructuras de las disidencias de las Farc, dos del ELN y otras como la Segunda Marquetalia y grupos armados por identificar.

“Los más beligerantes son los grupos armados organizados residuales: Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Carlos Patiño y Rafael Aguilera, estructuras que se integran a lo que ellos llaman Comando Coordinador de Occidente, al mando de alias Jonnier, quien fue la persona enviada por alias Gentil Duarte al Cauca para organizar a estas facciones armadas en plena pandemia”, explicaron integrantes de la Fuerza Pública.

Como el propósito de las disidencias es seguir con la lucha armada contra el Estado, estos grupos se extendieron por diferentes puntos del departamento para cumplir con dicha aspiración militar, buscando controlar las famosas economías de guerra, que no son más que financiarse con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Así las cosas, la disidencia autodenominada Columna Móvil Dagoberto Ramos, cuyos integrantes están en los municipios del nororiente del Cauca, del occidente del Huila y sur del Tolima, envió a las demás facciones hacia otros municipios caucanos.

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La facción Jaime Martínez llegó a los municipios de Buenos Aires, Suárez, Morales, Cajibío, Piendamó; mientras que el frente Rafael Aguilera se tomó los municipios de la costa pacífica caucana y la Carlos Patiño se abre paso militarmente en las localidades del suroccidente del Cauca, como El Tambo, Balboa, Argelia y El Patía.

Esa expansión de las disidencias empezó a generar conflictos con el otro grupo armado que históricamente ha estado en el Cauca, el ELN, el cual tiene dos frentes: José María Becerra y Manuel Vázquez Castaño.

“En Argelia es más evidente esa pugna, porque la Carlos Patiño busca tomar el control del denominado Cañón del Micay, la cual va desde este municipio, pasan por El Tambo y termina en el municipio costero de López de Micay. Y esa área, muy estratégica para el tráfico de drogas y de armas, ha sido controlada por años por la José María Becerra del ELN”, dijeron líderes sociales de este municipio.

También, y como lo denunciaron organizaciones sociales, en límites con Nariño están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, otro de los generadores de violencia de la zona.

El consejero presidencial, Emilio Archila, dijo que “es repudiable que los criminales se ensañen contra los indígenas y contra las mujeres que defienden el territorio”.

En el norte y el oriente del departamento del Cauca, la guerra se da en torno al cultivo de la marihuana genéticamente transformada, de algunos cultivos de coca y la minería ilegal.

En esta zona ya existe un control territorial por parte de la Dagoberto Ramos, que fue la primera disidencia de las Farc que se creó en la región, luego que mandos medios del entonces Sexto Frente de las Farc se apartaran del proceso de paz para continuar enfrentando al Estado.

Sin embargo, en esta zona hay otro factor que hace más crítica la situación y son las comunidades indígenas, pues en esta parte se concentra la gran mayoría de resguardos y cabildos, cuyos integrantes enfrentan al avance de este grupo armado, recurriendo a lo que ellos llaman el control territorial.

Eso fue lo que se vivió el pasado jueves en los sectores de Caimito, zona rural de Caldono, luego que la guardia y los comuneros destruyeran una plantación de coca como respuesta al asesinato de la gobernadora de La Laguna-Siberia, Sandra Liliana Peña.

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Precisamente, la lideresa indígena, días antes de su asesinato, dejó en claro que se oponía rotundamente al “dinero destructivo del narcotráfico, el cual tiene en riesgo a nuestra cultura ancestral, el territorio y los saberes de los mayores”, denunciando de paso a un grupo de personas dedicadas a esta actividad ilegal, lo que posiblemente causó el mortal ataque que acabó con su vida.

De ahí que la respuesta de las autoridades ancestrales fue enviar alrededor de 2.000 guardias indígenas para expulsar a estos sujetos, generando un ataque con arma de fuego por parte de estas personas, que estaban detrás de los cultivos de uso ilícito.

“Si hemos tomado la decisión de la armonización territorial, lo hacemos desde el principio de autonomía, porque sabemos que es la única manera de pervivir, aunque continuaremos exigiendo al Gobierno alternativas de sustitución en el marco de nuestros planes de vida, pero eso no se hace en consejos de seguridad, sino en espacios civilistas”, dijo Giovanni Yule, vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, directamente desde el territorio, destacó que el Gobierno reconoce a “la guardia indígena como mecanismo de organización y control social y, por eso, contará también con todas las capacidades de las Fuerzas Militares y de Policía para redoblar los esfuerzos y mitigar la inseguridad en esta parte del departamento”.

Añadió que se realizarán mesas de trabajo en conjunto con el Ministerio del Interior, el Alto Comisionado para la Paz, la Fuerza Pública, las autoridades indígenas, el Cric y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte para definir acciones y mecanismos de atención a las comunidades.

Molano acotó que la Policía y el Ejército designarán un oficial de enlace entre las instituciones y las comunidades, quienes tendrán como función apoyarlas en acciones de prevención, promoción y defensa de los derechos humanos de las comunidades étnicas.

Sin embargo, mientras todos estos anuncios se hacen realidad, la población del departamento del Cauca sigue clamando para que la balanza se incline de nuevo hacia la paz, y que el único tiempo difícil con el que tengan que lidiar hoy sea con el de la pandemia.

La Procuraduría hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales con el fin de adelantar medidas inmediatas para garantizar la vida e integridad de las comunidades indígenas en el Cauca.

El Ministerio Público, con el propósito de hacer seguimiento a la situación, creó una Comisión Especial, que se trasladó desde el viernes pasado al territorio para realizar acompañamiento a los habitantes de la región.

Desde Caldono, el Gobierno ofreció una recompensa de $200 millones por información que permita esclarecer el crimen de la gobernadora indígena, Sandra Liliana Peña.