Millonario embargo a presunta red criminal que bajaba ilegalmente multas de tránsito de Cali

La Fiscalía informó que en las últimas horas se llevaron a cabo varias diligencias de embargo y secuestro de varios millonarios bienes, relacionados con una presunta red criminal señalada de realizar trámites fraudulentos para evadir el pago de multas de tránsito en Cali.

“Se impuso medidas cautelares de suspensión del poder adquisitivo, embargo y secuestro sobre un apartamento y un parqueadero que pertenecerían a Sandra Liliana Castañeda Reyes, presunta integrante de una red delincuencial señalada de realizar trámites fraudulentos para evadir el pago de multas de tránsito en Cali”, informó la Fiscalía por medio de un comunicado.

Según el ente acusador, los dos inmuebles, que superan los 300 millones de pesos, habrían sido comprados con dineros provenientes de la presunta acción criminal de eliminar cientos de multas de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Cali, dejando un multimillonario detrimento patrimonial al municipio.

“Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio estableció que habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actividades ilícitas desplegadas por la mujer, a través de un establecimiento de comercio que gestionaba las maniobras irregulares en los organismos de tránsito”, señalaron desde el ente investigador.

¿Funcionarios públicos involucrados?

Cabe recordar que recientemente, Castañeda Reyes y otras personas, entre ellas cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali, fueron judicializadas por impedir que se cobraran 516 multas a 336 ciudadanos que habrían infringido las normas de tránsito.

Desde la Fiscalía explicaron que el supuesto actuar criminal de esta organización consistía en emitir resoluciones revocatorias sin sustento alguno a cambio de alta sumas dinero.

La información entregada por la Alcaldía de Cali en el mes de junio de este año da cuenta que tan solo en el mes de mayo, se logró la identificación de más de 15 mil multas exoneradas, por un valor superior a los 12 mil millones de pesos.

Por último, el ente acusador señaló que los “bienes afectados con fines de extinción de dominio fueron ocupados por el CTI en Cali. Quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración”, finalizaron.