Minjusticia explica polémico decreto sobre dosis mínima: ¿penalizará a consumidores?

“Si esa persona demuestra que es adicta y que tiene una prescripción médica, no se le retendrá el estupefaciente. Vamos a tratar de regular el consentimiento expreso para conducir a esa persona a los planes de salud y educación para que supere la dependencia”.

Con esta afirmación, hecha por la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, el Gobierno le salió al paso a la polémica generada en el país por cuenta de la próxima expedición de un decreto nacional que autoriza a la Policía a incautar cualquier dosis de droga que una persona tenga en el momento de un requerimiento de la autoridad.

Actualmente, de acuerdo con la Ley 30 de 1986, es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de 20 gramos; la de marihuana hachís que no exceda de 5 gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína que no exceda de 1 gramo, y de metacualona (medicamento sedante-hipnótico) que no exceda de 2 gramos.

Ayer, la ministra Borrero explicó a medios, en el Congreso de la República, los alcances del decreto y cómo será su aplicación en el terreno una vez quede en firme, dentro de 15 días, el borrador del documento que ya está disponible para la consulta del público en la página web de esa entidad. La funcionaria explicó la norma.

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¿En qué consiste este decreto?

Es una reglamentación del Código de Policía y no es una penalización de la dosis mínima, es una medida administrativa de incautación de la droga que se encuentre portando, consumiendo, un ciudadano en espacio público.

¿Va en contravía de la decisión de la Corte Constitucional sobre la libertad personal para consumir drogas?

No, porque no es penalización. Se puede consumir en espacios privados, no se puede consumir en sitios públicos, vamos es a proteger a los niños y a los jóvenes de este país y a perseguir a los jíbaros.

¿Si una persona es encontrada en un parque consumiendo qué le va a pasar?

Simplemente se le decomisa la droga, hay un proceso verbal y se le hace unos descargos. Si demuestra que es un adicto, bien sea con un escrito médico o el testimonio de sus padres o profesores, por ejemplo, se le devuelve la droga. Las demás sustancias se destruyen.

¿A dónde va ir a parar la droga incautada?

La Policía está estableciendo dónde van a quedar los diferentes depósitos donde se llevará la droga para su destrucción rápida. Tenemos que tomar medidas anticorrupción para que esto no se convierta en un instrumento de corrupción y que la droga vaya a parar a otro lado.

¿Esta parte ya está lista?

Con el Ministro de Defensa llevamos dos semanas haciendo el diseño de cómo va a operar el tema. Se van a capacitar policías en el procedimiento, queremos hacer énfasis en alrededores de colegios y universidades.

¿Cómo la Policía va a saber que la persona es adicta?

Será un proceso donde le pedirá (la persona) un momento a la Policía para ir por el certificado, si lo tiene, o por su padres o profesores del colegio para dar testimonio ante la autoridad de que es un adicto.

¿La expedición del nuevo decreto va a afectar el libre desarrollo de la personalidad?

Las personas pueden seguir consumiendo en privado, no pueden estar vendiendo la droga a niños y adolescentes porque estamos dañando a esta generación.

¿Cuándo saldría el decreto nacional?

El decreto estará publicado durante quince días para comentarios de todos los ciudadanos dentro del diseño de la Política Integral (de Drogas) que tiene esta parte de consumo y prevención.

¿A la persona que se declare adicta se le ofrecerá atención en salud?

Se le ofrece el servicio de salud y se le pide el consentimiento expreso, no es que la persona vaya a ser conducida, eso está prohibido. Esto es parte de una política integral contra las drogas.

¿Vienen más normativas relacionadas con el consumo de drogas en el país?

El Ministro de Salud está diseñando una política de salud mental para poder ofrecer tratamientos para adictos porque estas personas son enfermos; la Ministra de Educación va a hacer énfasis en educación a menores sobre las consecuencias del consumo de drogas.

Julián Quintero, sociólogo y experto en políticas de drogas, dijo que el nuevo decreto es “inconstitucional, posiblemente se radicarán medidas cautelares para su suspensión, entonces tiene bastantes complicaciones de tipo jurídico y constitucional”.

El experto cree que tomar medidas en términos de prohibir, restringir e incautar “es retroceder porque el mundo está avanzando hacia la regulación de mercado y la reducción de riesgo y daño”.

”Quitarle a la gente la droga en la calle demuestra que el Estado es incapaz de educar a los ciudadanos para que tomen decisiones acertadas”, dice Quintero.

"Respaldamos el decreto del presidente Duque que le da herramientas a la Policía para combatir, de manera efectiva, el tráfico y la venta de estupefacientes”, Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali.