Procuraduría formuló cargos contra exdirector y tres guardias de la cárcel de Tuluá por el grave incendio de junio de 2022

Por presuntas irregularidades en el manejo de la tensa situación en la Cárcel de Tuluá en junio de 2022, que desencadenó en los disturbios y luego en el grave incendio que acabó con la vida de 56 presos, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres guardas del Inpec que participaron en los hechos y contra el que fuera el director de la institución penitenciaria para la época, Arley Fernández Torres.

Como se recordará, las llamas iniciaron en el patio 8 en la madrugada del 22 de junio del año pasado. Instantes antes, dos grupos de reclusos que se disputaban el poder y el manejo del tráfico de drogas al interior de la cárcel tuvieron un enfrentamiento.

Los presos contaban con armas y diferentes elementos, como encendedores, que no debían tener en su poder y que terminaron tensionando mucho más la disputa en el interior del centro carcelario.

“Luego de una exhaustiva investigación que incluyó recolección de pruebas en el lugar de los hechos, pruebas documentales y testimonios de PPL (personas privadas de la libertad) y guardianes, el Ministerio Público pudo establecer que el director del penal y los guardianes encargados de la seguridad de ese sector de la cárcel no habrían tomado las medidas necesarias para evitar que los reclusos tuvieran en su poder armas contundentes, cortopunzantes, encendedores y otros elementos prohibidos que ayudaron a que la situación se saliera de control”, reveló la Procuraduría.

Una vez se presentaron las primeras llamas, la entidad también reveló que las fuerzas del orden optaron por lanzar gases lacrimógenos para controlar a los prisioneros, elementos altamente inflamables, lo que ayudó a que el fuego se extendiera a dimensiones difíciles de controlar por todo el pabellón.

“Las pruebas de campo realizadas nos permitieron evidenciar que el efecto propelente (aerosol) que tienen los componentes de la granada lacrimógena utilizada el día de los hechos para expulsar el agente químico o gas CS, sirvió como multiplicador del fuego producido por las colchonetas que previamente habían sido encendidas presuntamente por el personal privado de la libertad”, añade el ente de control.

Lo peor, y que es un hallazgo adicional, es que los guardas y la dirección de la cárcel no tomaron de manera pronta la decisión de evacuar a los detenidos del patio 8, por el contrario, vieron con negligencia cómo los presos empezaban a sucumbir ante las llamas crecientes.

La Procuraduría, incluso, llegó a la conclusión de que el oficial al mando de la guardia del Inpec, quien ordenó en principio disparar los gases lacrimógenos, no estaba en la cárcel dirigiendo las maniobras y tomó las decisiones equivocadas desde un lugar diferente.

“Los cargos endilgados provisionalmente al exdirector y los guardianes tienen que ver con la posible omisión de sus funciones por no haber adoptado y ejecutado las medidas necesarias para la correcta custodia y vigilancia de las personas al interior del establecimiento, velando por su integridad, seguridad y respeto de sus derechos”, concluye el Ministerio Público en su comunicado.