¿Qué implica la nueva certificación de EE.UU. a Colombia por la lucha antidrogas?

Luego de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la certificación de Colombia por haber cumplido con la estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos en el 2021, el Departamento de Estado norteamericano aseguró que el país ha avanzado considerablemente en la meta que se tiene para el 2023: lograr una reducción de la mitad de los cultivos ilícitos que hay sembrados en la actualidad.

“El Gobierno de Colombia ha implementado una estrategia nacional antinarcóticos, con el objetivo de reducir los cultivos ilícitos y producción de coca en un 50 % para el año 2023. Estas acciones no violan los Acuerdos de Paz que se firmaron en el 2016 entre el Gobierno y la Farc”, menciona la secretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman.

De acuerdo con Iván Carvajal, consultor en temas de seguridad y experto en inteligencia estratégica, “el Acuerdo de Paz no se está violando, ya que todo aquello que genere recursos de manera ilícita, como el secuestro, la extorsión y los cultivos ilícitos, no desobedecen los términos pactados en las negociaciones de La Habana”.

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Según las estadísticas de EE. UU., cuando se adquirió el compromiso de eliminar el 50 % de los cultivos en 5 años, las hectáreas sembradas en Colombia alcanzaban las 208.000.

La cifra anterior quiere decir que para finales de 2023 deberían bajar unas 104.000 hectáreas, sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, el área cultivada ha seguido creciendo, y llegó a 212.000 en 2019 y 245.000 en el año 2020.

Álvaro José Pretel, analista e investigador en temas de seguridad ciudadana, aseguró que alcanzar la reducción de un 50 % en la erradicación de cultivos ilícitos es una meta muy ambiciosa: “Observando las tendencias de los últimos años será muy difícil de lograr, por lo que se deben tener en cuenta aspectos como los vacíos institucionales del Estado en zonas en las que se presenta una difícil accesibilidad, conectividad y donde es complicada la presencia de las autoridades por los grupos armados”.

En el documento emitido por Estados Unidos, también se calificó como “agresivas” las acciones lideradas por el Gobierno del presidente Iván Duque, y se señaló que estas estrategias cumplieron con los cinco pilares establecidos en el plan antinarcóticos de 2018, en el que se incluyen el desmantelamiento de organizaciones criminales, la reducción de la demanda de drogas, el combate al lavado de activos y el incremento del pie de fuerza en zonas rurales.

Frente a esto, Carvajal enfatizó que no se debe olvidar que aún hay zonas en las que se deben centrar los esfuerzos de la Fuerza Pública, como al norte del Cauca, Santander de Quilichao, la región del Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, Arauca y la zona del Pacífico sur, específicamente en Tumaco, Nariño.

Con esto coincide Pretel, y agregó que también se deben reforzar las estrategias de erradicación y prevención en los departamentos de Putumayo y Guaviare, además la región caribeña de los Montes de María.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (Unodc) otros de los departamentos que presentaron incrementos notables en cultivos ilícitos entre 2019 y 2020, fueron Córdoba, 30 %; Antioquia, 27,5 %; Bolívar y Chocó con 18 %.

Según los expertos, al Gobierno de Estados Unidos le interesa la erradicación de estos cultivos ilícitos porque Colombia es uno de los aliados estratégicos. Por esto, además de la certificación, también se está a la espera de la entrega de US $38 millones correspondientes al año fiscal 2021, dinero con el que los académicos recomiendan que se amplíen las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos y los planes de prevención de violencia en estos territorios.

“Más allá de los recursos, es importante revisar a dónde van a ir destinados. Lo importante es entender que hay estrategias que no sirven, como la erradicación manual de estos cultivos, pues ponen en riesgo la vida de los soldados, del personal de la Policía y hasta de los campesinos. Por el contrario, se debería apostar a la fumigación con glifosato solo en los lugares donde haya extensiones de tierra muy amplias”, expresó Carvajal.

Por su parte, Pretel añadió que debe trabajarse en un plan integral que esté orientado a que las personas que viven en zonas de presencia de cultivos ilícitos tengan estrategias de prevención de violencia, empleabilidad, generación de oportunidades y se haga un control del territorio por parte de las autoridades, pues “no es posible solo centrarnos en las hectáreas”, finalizó.

Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, afirmó que “Estados Unidos va a ser paciente con las reducciones lentas en los cultivos ilícitos, teniendo en cuenta que ya no se cuenta con aspersión aérea. El Gobierno ha mostrado un esfuerzo histórico en la erradicación manual. Entre 2020 y 2021 la erradicación fue cercana a las 100 mil hectáreas anuales. Ni siquiera en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe se habían logrado estas metas de forma manual”.