Raiza Isabela Salazar, la mujer trans a la que el Estado le pidió perdón, sigue siendo amenazada y no tiene protección

A Raiza Isabela Salazar, el Estado colombiano le pidió perdón públicamente por la vulneración a sus derechos, siendo la primera vez que se reconoce responsabilidad estatal en la inoperancia de los sistemas judiciales para proteger la integridad de una persona transgénero. Sin embargo, a pesar de las manifestaciones públicas, la mujer continúa padeciendo violencias por parte de los mismos vecinos que en 2005 hicieron que huyera de su hogar, en Dagua, Valle del Cauca, debido a continuos ataques.

“No tengo ninguna medida de protección. Si voy al CAI me mandan a la estación de Policía, llego allá y me dicen que debería acercarme al Ejército y del Ejército me han mandado para la Fiscalía de Dagua donde no me han dado solución y llevo todos estos años, 23, de la misma manera”, aseguró Raiza a El País.

Según ella, justo después del acto de perdón, el martes en la noche, al volver a su casa escuchó a algunos vecinos conversando. “Yo antes estoy más preocupada porque como eso salió por televisión ellos están enfurecidos, que porque seguí jodiendo”, indicó.

A pesar de las denuncias que ha interpuesto en la Fiscalía no ha sido escuchada. Debido a esta situación, fue que el Estado reconoció en un acto público este 19 de marzo que no atendieron las demandas de la mujer, que desde 2009 reposan sin avances en la Oficina de Contravenciones de la Policía de Dagua, como lo aseguró la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través de un comunicado.

“En el caso específico de Raiza Isabela Salazar, al Estado le asistía la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables que vulneraron sus derechos fundamentales y hemos sido testigos de la dolorosa búsqueda de la verdad y de la justicia que ha emprendido durante estos años”, indicó en medio del acto de reconocimiento el director general (e) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Jhon Camargo.

Desplazada de su hogar por su identidad de género

En 2001, Raiza Isabella adquirió una vivienda en Dagua gracias a una permuta con una casa que tenía en Cali; sin embargo, su sueño que vivir tranquila, rodeada de naturaleza y cuidando de sus plantas, se esfumó apenas llegó.

Por el simple hecho de ser una mujer trans, comenzó a ser atacada por distintos habitantes y trabajadores del condominio, la amenazaron con varillas, con machetes y en una ocasión a disparos, ataque en el cual un proyectil llegó a su cabeza y le comprometió un ojo. “Del miedo de que me atacaran, a mí me tocó comenzar a dormir en la cocina, en la sala y pasé por todas las habitaciones. Gracias a Dios, a mi padre amado es que estoy viva, indicó.

Raiza, después del disparo salió desplazada de su hogar, en 2005, y se fue a vivir a Bogotá. “Yo fui a la Unidad de Atención y Orientación a Víctimas, UAO, ellos me dieron platos, ollas y otras cositas para sobrevivir, todavía las conservo. En 2009 volví a la UAO para decir que quería regresar a mi casa, me dijeron que desde Bogotá no podía hacer nada, que me atendían en Cali, pero tampoco me solucionaron, entonces me vine de nuevo a mi hogar y la violencia continuó”, afirmó.

Las amenazas de muerte aparecieron de nuevo con su retorno a Dagua, por lo que se dirigió a la Fiscalía para interponer la denuncia.

“La Fiscalía es la que debería venir a pedirme perdón a mí, porque yo denuncié y les dije a mis vecinos que venía de allá, y ellos a los ocho días llegaron y me dijeron que ya habían ido a las oficinas y que pagaron doce millones de pesos para que los dejaran tranquilos. Por doce millones vendieron la vida de una persona como yo”, aseguró.

Al no encontrar ayuda por parte del Estado, con el apoyo la Fundación Santamaría de Cali, que lucha por los derechos de las mujeres trans, el caso llegó en septiembre de 2012 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de un arduo proceso, el Estado colombiano, la Cidh, Raiza y Santamaría Fundación llegaron a un acuerdo de solución amistosa en agosto de 2022.

En él se pactó que el Estado debía reconocer su responsabilidad internacional y pedir perdón, acto que se cumplió este martes en la Casa de Mono, sur de Cali

“Me alegro por todas las chicas de mi género, por mis chicos gays, por las negritudes, por los indígenas. A ver si algún día el Estado se empodera para ayudarnos y no dejarnos solos”, y añadió: “Nosotros no somos ciudadanos de quinta, somos ciudadanos de primera y queremos ser escuchados y apoyados”.

Raiza concluyó diciendo que, aunque es un honor haber sido la primera mujer trans a la que el Estado le pide perdón, la realidad es que su vida sigue corriendo peligro, así como las de sus compañeras, quienes todos los días padecen por la violencia y el odio.