Sandra Ortiz vuelve a Paloquemao: Abogado defensor señala que la Fiscalía le propuso a la exfuncionaria un principio de oportunidad

Luego de que hace una semana se suspendiera una vez más la audiencia en contra de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este miércoles, 11 de diciembre, se reanudó el proceso para que una juez decida si la envía a prisión tal como lo ha solicitado la Fiscalía.

Por el momento, la audiencia que se está llevando a cabo en Paloquemao fue suspendida y se reanudará a las 2:30 de la tarde de este miércoles, 11 de diciembre.

Ortiz fue imputada por el ente acusador por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por presuntamente haber participado en el envío de 3.000 millones de pesos al senador Iván Name en octubre del 2023.

En la audiencia están programadas las intervenciones de la Procuraduría General de la Nacional, representantes de las víctimas, que son comunidades indígenas Wayuu de La Guajira y la defensa de la hoy imputada.

En una de las primeras intervenciones de la diligencia judicial de este miércoles, Pablo Bustos, abogado y representante de las víctimas del escándalo de la UNGRD, hizo un recuento de todo este entramado y señaló que se habría intentado hacer un ocultamiento de las pruebas que Ortiz organizó.

De la misma manera, señaló que Ortiz favoreció la desaparición de 69 cajas de documentos de las oficinas de la UNGRD, un disco duro y dos memorias con información.

Además, dijo que la exfuncionaria no tiene las exigencias para ostentar la calidad de madre cabeza de hogar, ya que fracasó en “los elementos de residencia compartida y cuidado exclusivo”. Por lo tanto, pidió que la medida de aseguramiento hacia la exconsejera presidencial no fuera de casa por cárcel, sino en un centro carcelario, tal como lo pidió el ente acusador.

De hecho, los argumentos del abogado Bustos se dieron en respuesta a una de las peticiones de la defensa de Ortiz, que pedirá que a su clienta se le conceda por lo menos una detención domiciliaria con el argumento de que debe de responder por el cuidado de una de sus hijas, que es menor de edad.

No obstante, ella mantiene su posición asegurando que es inocente de este entramado de corrupción.

Mientras que la Fiscalía podría hacerle la propuesta de que sé de inicio a un proceso de colaboración con beneficios, en caso de que Ortiz lo acepte, con el fin de que su eventual privación de la libertad tenga una disminución de tiempo en la condena. Por lo tanto, sería una negociación parecida a la que aceptaron Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, quienes están presos en una guarnición militar.

Procuraduría pide que se acate la solicitud sobre medida de aseguramiento

El representante de la Procuraduría General de la Nación pidió que se acate la petición de la Fiscalía sobre la medida de aseguramiento, con el fin de que Ortiz “no interfiera de alguna manera en el desarrollo de la investigación dada su alta capacidad de influencia sobre otras personas considerando su experiencia en el ámbito público” mientras se adelante el proceso judicial en su contra.

“Esta comisión del Ministerio Público solicita que se acceda a la petición de la Fiscalía y se dicte medida de aseguramiento”, afirmó en la audiencia el delegado del ente de control.

Abogado defensor señala que la Fiscalía le propuso a la exfuncionaria un principio de oportunidad

Por su parte, el abogado de Sandra Ortiz, Oswaldo Medina, ha sostenido en su intervención que el ente acusador está improvisando con las acusaciones en contra de su clienta. “Desde el 26 de agosto comienzan unos actos que la defensa considera una presión. (...) Se terminó ofreciendo un principio de oportunidad pero sin conocer por cuáles delitos”.

Asimismo, reveló que la Fiscalía le ofreció un principio de oportunidad a su defendida, que debía “aceptarlo en tres días”, ya que el escrito de imputación iba a ser radicado si no se acataba. Y alertó que Ortiz por el momento es la única persona imputada por el delito de lavado de activos en el caso de la UNGRD.

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