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Solicitan a la JEP intervenir un predio en Pradera, Valle, ante la presunta existencia de una fosa común
El tribunal especial inició el estudio del caso para determinar la veracidad de esta información.
Un predio localizado en el municipio vallecaucano de Pradera está bajo la mira de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) después de que un grupo de víctimas allegaran a la entidad una solicitud de intervención en este lugar.
La petición se realizó debido a que es posible que allí, en el predio denominado La Carbonera, exista una fosa común utilizada para sepultar cuerpos de víctimas de desaparición forzada que fallecieron en el marco del conflicto armado que se vivió en el país durante varias décadas.
“La JEP inició el estudio de una solicitud de medidas cautelares sobre un predio ubicado en el municipio de Pradera, Valle (…) La decisión la adoptó la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de la JEP”, informó el tribunal especial.
Al estudio fueron vinculadas la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), para que estas entidades en conjunto “entreguen la información que posean frente a este predio y la posible existencia de la mencionada fosa común, y las acciones que puedan estar realizando allí”, concluyó el organismo.
Esto hace parte del reforzamiento de los procesos que la Jurisdicción está realizando debido a que, según manifestó Jairo Acosta Aristizábal, procurador delegado ante la entidad, los familiares de personas desaparecidas o asesinadas en el conflicto están llegando a sus últimos años de vida y, en consecuencia, están muriendo sin conocer la verdad de lo que ocurrió con sus allegados.
Durante la intervención de Aristizábal en la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares para proteger los restos de personas desaparecidas que se encuentran en el cementerio alterno de El Copey, departamento del Cesar, este sostuvo además que “las víctimas se están desgastando en estos procesos de búsqueda sin que oportunamente les estemos entregando unos resultados”.
Agregó que los procesos tienen que ser más expeditos, que las demoras actuales en los procesos de búsqueda, identificación y entrega de los restos de los fallecidos es algo que debe mejorarse y que, de ser necesario, es importante reconocer sin reparos las fallas que la justicia especial está teniendo.
23 años después, entregan indemnización a víctimas de la masacre de El Salado en Bolívar
Han pasado 23 años después de que ocurriera la masacre de El Salado, y la Defensoría del Pueblo entregó las primeras indemnizaciones a las víctimas de la masacre perpetrada por paramilitares en febrero del año 2000 en el departamento de Bolívar.
“Para la Defensoría es una prioridad garantizar el resarcimiento de los perjuicios causados a las víctimas; por eso, hoy acompañamos a quienes sufrieron la masacre y el desplazamiento del corregimiento El Salado, para que reciban la indemnización ordenada judicialmente al Estado colombiano y obtengan el resarcimiento de los perjuicios sufridos”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.
Según expresó la entidad, la Resolución 526 del 25 de abril de 2023 reconoce y paga los perjuicios a 32 demandantes iniciales y 88 integrantes de sus núcleos familiares por más de 8.800 millones de pesos. A esta decisión se suma la Resolución 1202 del 20 de junio de 2023, que ordena el pago efectivo a otros 52 integrantes de los núcleos familiares, por valor de más de 4.000 millones de pesos.
Tras un largo proceso judicial realizado por los habitantes afectados por la masacre de El Salado, la justicia reconoció que sufrieron graves perjuicios por la pérdida de la vida y las lesiones de sus esposos, hijos, hermanos y padres.
