Chile en llamas tras desmanes por aumento al precio del pasaje del Metro de Santiago

La protesta por el aumento del precio del boleto del metro de Santiago derivó este viernes en una jornada de graves desórdenes, con incendios en varios puntos de la ciudad y actos vandálicos que sumido a la capital chilena en el caos y que han derivado en la promulgación de un estado de emergencia por parte del Ejecutivo nacional.

Efectivamente, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó en las primeras horas de este sábado (hora ce Chile) que el Gobierno decretó esa medida para poder responder ante la situación.

En el quinto día de protestas en varias estaciones del Metro, con centenares de jóvenes colándose sin pagar, causando destrozos y enfrentándose a la Policía, los disturbios fueron en aumento hasta dejar el protagonismo a grupos violentos, que han puesto en jaque a las autoridades.

Las llamas se prendieron en cerca de una decena de estaciones del metro -y todavía al menos cinco permanece con fuego-, en barricadas callejeras e incluso en el céntrico edificio de la empresa de distribución eléctrica Enel, en el centro de Santiago, incendio que ya fue sofocado.

También fueron quemados al menos una decena de unidades de la red urbana de autobuses y hubo saqueos en supermercados, farmacias y cadenas de comida rápida, entre otros.

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Una de las zonas más afectadas ha sido la céntrica Plaza Italia, lugar habitual para el inicio de las manifestaciones, que quedó cortada al tránsito y convertida en escenario de enfrentamiento entre grupos violentos y agentes de Carabineros.

En paralelo, en la comuna de Maipú, en el suroeste de la Región Metropolitana, en la que se ubica la capital del país, el mobiliario de la estación de metro quedó absolutamente destrozado.

Ante los altercados, el Metro de Santiago, una empresa privada en cuya propiedad participa el Estado chileno, anunció el cierre de todas las líneas de metro, que transportan diariamente casi 3 millones de personas, lo que provocó que el tránsito vehicular y de peatones colapsara.

El tráfico no avanzaba, los taxis y las aplicaciones como Uber quedaron saturadas, y los ciudadanos se amontonaban en las paradas de autobús, cuya flota no daban a basto para acoger a todos, o caminaban en masa a sus casas al no encontrar otra vía de locomoción.

El Gobierno invocó a ley de seguridad del Estado, una legislación que regula los delitos contra la seguridad interior del país y que endurece las penas, y el presidente Piñera, junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el Defensa, Alberto Espina, se encontraban reunidos en la sede del Palacio La Moneda (sede del Gobierno) analizando la situación.

Para este lunes, la Cámara de Diputados citó a una sesión extraordinaria para escuchar a los ministros de Interior y Transporte (Gloria Hutt) así como a las autoridades del Cuerpo de Carabineros por incidentes de este viernes en Santiago.

De momento, la red de metro permanecerá cerrada hasta que haya garantías para que pueda funcionar con garantías, dijo la ministra, que también anunció que se reforzará la flota de autobuses con 700 unidades para replicar por carretera las rutas del suburbano.

El detonante de las protestas ha sido el alza de 30 pesos en el precio de los tiquetes del metro decretado hace dos semanas, hasta los 830 pesos actuales (unos 1,2 dólares) en hora punta.

Los protagonistas de las protestas son principalmente estudiantes de secundaria y universitarios, aunque otras personas se han sumado al llamado a evadir el pago del pasaje.

El precio del metro lo fija el llamado Panel de Expertos con base en varios indicadores, como la inflación, el costo de los suministros para su operación y el tipo cambio, entre otros, y es aprobado por el Ministerio de Transportes.

Los grupos políticos de la oposición han criticado que las autoridades no vean que el problema de fondo no es el precio del metro, sino la inequidad del país.

Desde el oficialismo, por su parte, algunas voces comentaron que actos de desobediencia civil como los que tuvieron lugar no son admisibles en democracia, donde existe derecho a la manifestación pacífica, y menos para justificar destrucción de bienes públicos como el mobiliario urbano.