Habla el colombiano líder de la comisión que Jimmy Morales no quiere en Guatemala

“Si el Gobierno de Guatemala garantiza que la Cicig pueda continuar cumpliendo cabalmente su mandato, yo no tengo ningún problema en renunciar”.

Así habla Iván Velásquez, el exmagistrado colombiano reconocido internacionalmente por enfrentar el paramilitarismo y la parapolítica, al que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, convirtió en una especie de paria al negarle la entrada a ese país, donde dirige la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Velásquez habló con El País de las razones por las que él y otros compañeros de la Comisión están siendo perseguidos por el Gobierno Morales y también de los estragos causados por Odebrecht en América Latina.

“En Colombia debería existir un compromiso mayor, muy fuerte, por descubrir, por indagar con profundidad qué fue exactamente lo que pasó, independiente de las personas que resultaran involucradas en una investigación de esa naturaleza”, asegura en relación al nombramiento de un fiscal ad hoc para que asuma algunas de las investigaciones sobre la empresa brasileña en nuestro país.

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El Presidente de Guatemala le pidió al Secretario de la ONU que lo releve a usted de la dirección del ente. ¿Está dispuesto a renunciar en aras de que la Comisión pueda seguir adelante con sus investigaciones?
En realidad el problema no es mi permanencia ni la de la Cicig. El problema es que requieren garantizarse impunidad a como dé lugar y para ello requieren recuperar el control absoluto de la Fiscalía y del organismo judicial. Si el Gobierno garantiza que la Cicig pueda continuar cumpliendo cabalmente su mandato, yo no tengo problema en renunciar.


Dado que la ONU acaba de negar esa petición, ¿usted va a seguir cumpliendo sus funciones desde fuera de Guatemala?

Tras la decisión del presidente Morales de impedir mi ingreso al país, el Secretario General de Naciones Unidas ya lo había dispuesto así, por lo que lo he venido haciendo desde Nueva York o Bogotá. Además, hay una decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que deja sin efecto esa prohibición de ingreso, pero el Presidente y la Canciller han dicho que no van a aceptar órdenes ilegales, así que esa es la situación.

¿Pero la Comisión todavía tiene validez jurídica en Guatemala o no?
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Sí, el acuerdo está vigente hasta el próximo 3 de septiembre. El 31 de agosto de 2018 el presidente Morales le comunicó al Secretario General de la ONU que Guatemala ya no tenía interés en continuar con la Comisión y que no se renovaría el convenio, pero hasta entonces la Comisión puede seguir con su mandato.

Resulta paradójico que siendo tan reconocido por su lucha contra la corrupción, usted hoy sea una suerte de paria que no sabe adónde ir...

Hay una explicación simple y es que, en el propósito de procurarse impunidad, muchas personas en Guatemala están haciendo todo lo posible para que no se pueda continuar el trabajo de la Comisión. Desde el segundo semestre del 2016 empezó una muy agresiva campaña de desprestigio y de desinformación a través de redes sociales y lobbies que se hicieron en Estados Unidos por parte de empresarios, como lo documentó la prensa guatemalteca.

Pero eso solo fue el comienzo, porque hace unos días un compañero suyo fue retenido durante 25 horas en el aeropuerto de Guatemala...

Sí. Es que otra acción contra la Comisión fue la revocatoria de visas a tres compañeros y la no concesión de visas a otros ocho, es decir, hay once funcionarios de la Cicig que no tienen visa. Algo grave porque la justificación que dio la Canciller es que eran personas que ponían bombas en sus países, cuando son abogados y policías colombianos, policías de Uruguay y abogados españoles que han acreditado que en sus países no hay investigaciones en su contra.

Uno se pregunta, si eso pasa con la Comisión, ¿cómo está la situación de derechos humanos en ese país?

Desde febrero del 2018 ha habido una escalada contra líderes sociales, miembros de organizaciones campesinas e indígenas. Van cerca de once homicidios y hay temor porque afirmaciones como las del Gobierno respecto de la decisión de la Corte puedan conducir a una fractura constitucional. Tras la decisión de prohibir mi ingreso, hubo contactos de la Policía Nacional civil con defensores y defensoras de derechos humanos inquietos ahora por cómo estaba su seguridad, cuando no había sido un motivo de preocupación en los últimos meses, lo que muestra que es una clara intimidación, así que la situación es de un riesgo grande para el Estado de Derecho.

¿Una gran trama para impedir las investigaciones de la Comisión?
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Hubo un cambio evidente en la posición del Presidente después de enero del 2017, cuando resultaron vinculados a investigaciones y privados de libertad su hermano y su hijo, y luego del antejuicio que se presentó en contra de él por financiamiento electoral ilícito. El asunto es que hay muchas personas con mucho poder en Guatemala que se han visto involucradas en investigaciones, militares y exmilitares, diputados, empresarios importantes y miembros del Gobierno, como un viceministro de Gobernación que se encuentra prófugo, acusado de ejecuciones extrajudiciales, entonces han reaccionado en contra de la Cicig y de las investigaciones, como una forma de propiciarse impunidad.

¿Pero entonces por qué se pidió la llegada de la Comisión a ese país?

Es que en Guatemala ha sido casi constante la impunidad del poder y cuando en el 2015 se adelantaron las investigaciones contra el Gobierno de entonces, del Partido Patriota, por actos de corrupción, hubo aceptación generalizada de la sociedad guatemalteca, pero cuando las investigaciones empezaron a afectar a otras personas con bastante poder, se iniciaron las campañas de desprestigio y los ataques a la Cicig y a mí.

¿Y si alcanzarán a terminar sus investigaciones antes de septiembre?
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No. Se requiere una voluntad fuerte del Gobierno, que no existe ahora, para fortalecer el sistema de justicia. Se presentó una reforma constitucional del sistema de justicia en el 2016, pero el proyecto quedó estancado en el Congreso de la República.

La Fiscalía en Guatemala tiene presencia en once o doce por ciento de los municipios del país, es decir, es una fragilidad realmente impresionante. Los jueces, si el promedio latinoamericano es de trece por cien mil habitantes, en Guatemala es de seis jueces por cien mil habitantes, entonces, lo que se requiere es un fortalecimiento real del sistema de justicia, pero eso es obra de los propios guatemaltecos, del Congreso, del Gobierno, de manera que con la salida de la Cicig no es que se fortalezcan las instalaciones o que se haya logrado ese fortalecimiento.

Pero mientras el Gobierno no lo quiere, usted recibió el Nobel Alternativo por lo hecho en ese país y los ciudadanos guatemaltecos lo ha respaldado con varias marchas...
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Respecto al Nobel Alternativo, no lo asumo como un reconocimiento personal sino a la lucha del pueblo guatemalteco por el Estado de Derecho y la democracia y a la actitud que adoptó la ciudadanía en este combate a la corrupción y la impunidad, lo que se mostró, por ejemplo, con tres grandes marchas de indígenas y campesinos que se hicieron cuando se prohibió mi ingreso al país.

¿Cuántos miembros tiene la Cicig y cuántos son colombianos?
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En total somos cerca de 200 personas, en el tema de investigaciones, unas 100 o 120, cerca de 25 colombianos y hay un gran apoyo de la Policía Nacional de Colombia, que envía contingentes en investigación y en seguridad, como también lo hacen la Policía de Uruguay y de Perú. Y algo para precisar también es que la Comisión se sostiene solo por los aportes de la comunidad internacional, es decir que ni el Gobierno de Guatemala ni Naciones Unidas corren con algún costo, sino que países cooperantes como Estados Unidos, Suecia, la Unión Europea, Canadá y Alemania son los que hacen los aportes para que la Cicig pueda funcionar.

Saliéndonos de Guatemala, ¿cómo analiza las investigaciones que sobre el caso Odebrecht se están adelantando en varios países?
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Creo que ha faltado profundidad. Hablando particularmente de Colombia, me parece que debería existir un compromiso mayor, muy fuerte, por descubrir, por investigar con profundidad qué fue exactamente lo que pasó, independiente de las personas que resultaran involucradas en una investigación de esta naturaleza.

Muchos colombianos quisieran verlo acá, liderando esos casos. ¿Le gustaría volver a Colombia?
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Mi destino es Colombia. Ahora estoy al frente de la Cicig, pero Colombia tiene también gravísimos problemas de impunidad y corrupción. Hay grandes dificultades en el funcionamiento del sistema de justicia y es un tema en el que me interesaría trabajar en el futuro próximo.

¿Pero, como experto en el tema, cree que ha habido algún avance en el
país en el tema de la lucha contra la corrupción?

Creo que no ha mejorado sustancialmente. Hay algunos episodios de lucha contra la corrupción que se pueden mostrar como exitosos, pero también hay muchísimos en los que queda esa sensación de protección al poderoso, de impunidad.

¿Y cómo analiza la masiva votación de la Consulta Anticorrupción y el ‘conejo’ que se dice le están haciendo los partidos políticos a lo que se aprobó en ella?
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Creo que eso ha quedado evidente en algo que debería ser del interés de la mayor parte de la población y del Ejecutivo, el Congreso y la Rama Judicial, es decir, de todos los poderes. La lucha contra la corrupción debería ser un objetivo central hasta las últimas consecuencias, pero muchas veces se ve que no es un propósito real, sincero.

Sobre la Consulta Anticorrupción y el sentimiento nacional de unidad que se estaba generando en torno a esa lucha, creo que los poderosos saben manejar muy bien los hilos del poder y generar procesos de agotamiento para que el tema no genere el entusiasmo ciudadano que debería ni el compromiso de la ciudadanía para luchar contra la corrupción y la impunidad.

Algunos han pedido que, dado el involucramiento del Fiscal General con Odebrecht, se cree una Comisión similar a la Cicig para que asuma esa investigación en Colombia...
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Creo que, como una forma de cooperación de la comunidad internacional con un país que quiera luchar con decisión y real voluntad contra la corrupción y la impunidad, es un instrumento útil.

Debe considerarse cuál sería su alcance, su contenido y su forma de funcionamiento. Se critica que una comisión de esta clase afecta la soberanía del país que la acoge, pero, por lo menos en el modelo guatemalteco, eso es absolutamente falso. La titularidad de la acción penal continúa en cabeza de la Fiscalía General, la Comisión solo apoya las investigaciones, pero no puede solicitar órdenes de captura o allanamientos ni intercepciones telefónicas o información financiera; no puede iniciar una actuación ante los jueces, todo eso lo tiene que hacer la Fiscalía, lo que significa que la mejor investigación que se pueda tener con cooperación de la Cicig en Guatemala, si no hay una voluntad de la Fiscalía para judicializar el caso, quedará simplemente como un importante archivo.

¿Y concretamente qué piensa de las acusaciones en contra del Fiscal General por sus posibles inhabilidades frente al caso Odebrecht?
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Me parece que debe investigarse con con responsabilidad, objetividad y mucha profundidad. La garantía de transparencia la da una investigación seria, de manera que a eso es a lo que se debería encaminar la acción en investigaciones también relacionadas con supuestas o probables implicaciones del Fiscal General, que se haga por organismos o por figuras realmente independientes. A lo que todos aspiraríamos en el país es a que el Fiscal ad hoc tenga un apoyo técnico independiente para el desarrollo de la investigación, por ejemplo mediante la creación de una policía judicial especial, con la Dijin, para que él pueda adelantar una investigación objetiva e independiente.