Estupidez o viveza forzosa

Ya estamos acostumbrados a las propuestas descabelladas del gobierno que siembran pesimismo en los mercados. La última perla es nada menos que transferir forzosamente entre 35 y 50 billones de pesos de los ahorros del público en la banca colombiana, a un esquema de crédito subsidiado manejado por el Estado, supuestamente con el fin de reactivar la economía.

Lo increíble de esta nueva ‘idea cósmica’ es que nadie en el gobierno, salvo el presidente Petro, sabe cómo se va a desarrollar ni qué instrumentos se van a utilizar. Lo que sí sabemos, es que ninguna entidad financiera estatal, ni Banco Agrario, ni Finagro, ni Bancoldex, ni el Fondo Nacional del Ahorro, tienen un plan de acción concreto para poner en marcha esta ocurrencia. Y tampoco cuentan con las capacidades necesarias.

Intentan desmentir a sus críticos afirmando que las inversiones forzosas ya existen, dado que la banca ya invierte en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) el 4,25% y el 5,61% de sus depósitos de corto y largo plazo. Hasta aquí es cierto y se hace a través de Finagro, que, tras décadas de mucho esfuerzo y numerosos rescates, ha logrado desempeñar un papel medianamente aceptable en el engranaje crediticio del campo en nuestro país. Sin embargo, la distorsión causada en el mercado por este esquema es significativa, ya que prácticamente inmoviliza recursos, restringiendo su disponibilidad para otros créditos, y asimismo encareciéndolos para compensar las pérdidas generadas en la intermediación.

Con lo que se pretende ahora, que podría llegar a representar casi el 8% de los depósitos corrientes, más lo que ya existe, podríamos superar el 13% de la cartera disponible comprometida. De por sí, esto ya es una mordida inmensa a los ahorros de los colombianos. Pero cuando nos damos cuenta de que para esta iniciativa no hay plan, no hay proyectos, y no hay políticas de evaluación de riesgo (actividad esencial en toda operación financiera), llegamos a la conclusión de que es muy probable que todo esto desemboque en uno de dos escenarios: uno es que, por falta de ejecución, que es la constante en este gobierno, se acumulen los títulos sin ningún beneficio para nadie, incluido el gobierno. El segundo, y más probable, es que se convierta en una feria de favores a amigos personales y políticos, quienes accederían sin evaluaciones rigurosas a astronómicas sumas de dinero, que por falta de experiencia o por simple corrupción como en la Unidad de Gestión de Riesgo, quedarían sin empezar, sin terminar, o fracasados en su operación, defraudando al gobierno, a los contribuyentes, a la banca, y al usuario y ahorrador financiero.

La excusa de necesitar reactivar la economía es risible, ya que está estancada es porque no hay confianza del inversionista ni del consumidor. Y con toda razón, dadas las pésimas señales enviadas desde Casa de Nariño, como la desastrosa reforma tributaria (pócima de la cual nos quieren dar una segunda dosis), la expropiación pensional ya efectuada, su suicida política de hidrocarburos, la ineficiencia en la ejecución y la corrupción generalizada al más alto nivel.

En conclusión, no veríamos con este mecanismo ninguna reactivación en ‘industrialización sostenible’, ni en ‘turismo en armonía con la vida’, ni ‘energías para la vida’, ni ‘vivienda para la vida’, ni ‘caminos de paz y progreso’. Nada de esta verborrea inútil que se inventan. Lo que sí veríamos es personas altamente ideologizadas y sin ninguna experiencia financiera, manejando el ahorro de las familias y asignando a dedo créditos a mansalva, aceitando de paso los votos y la plata para las elecciones del 2026. Por todas estas razones, este monstruoso adefesio de las inversiones forzosas, no debe ni puede pasar.