Mano al bolsillo

Lo que pasó en Medellín es vergonzante. No solo por el juego de siempre del alcalde Quintero de tirar dardos, veneno y repartir culpas que siempre lo excluyen. También por la lavada de manos tan tremenda de todos los demás que tienen una obligación (sí, léase bien: obligación) de ayudar a contener la violencia alrededor del fútbol.

Eso incluye de forma innegable, a los equipos, como bien lo dice la Ley 1445 de 2011. Llevamos mucho en este tire y afloje de encontrar una solución definitiva a la violencia en los estadios y, aunque hay avances, la actitud de los responsables en los eventos de esta semana deja claro que el problema está vivo y que las medidas no han llegado al fondo.

Si esto sigue pasando, la única salida que quedará es llegar a las mismas de los ingleses que durante la administración de Margaret Thatcher impulsaron una persecución de frente para acabar con las barras bravas. Allá erradicaron de raíz la violencia de los hooligans montándoles restricciones serias: se les prohibió la entrada a los estadios e inmediaciones, se sancionaba a toda empresa de transporte que los aceptara y hasta a los bares que los recibieran.

Pedir hoy que ‘sencillamente’ se duplique la cantidad de uniformados es irreal y dañino. Cuando hay un partido o un concierto también hay una ciudad por cuidar. Los dispositivos que se están montando para contener la amenaza de hinchas violentos van en detrimento directo de la vigilancia de las ciudades. No tiene ningún sentido.

Claro que quienes quieren disfrutar del fútbol merecen ser protegidos. Pero ellos también merecen equipos y directivos con altura que asuman su responsabilidad y entiendan que parte de su negocio requiere asumir costos de seguridad o asumir costos para frenar a los violentos que los apoyan. No hay de otra.

La Policía no alcanza. Todos lo sabemos y lo vivimos a diario. Qué cansancio tener que repetirlo. Si no alcanza para frenar los atracos ni para frenar a los sicarios, ¿qué es lo que pretendemos teniéndolos cada fin de semana en un nuevo evento?

En la escala de prioridades, infortunadamente, eso no puede estar hoy en los primeros escalones. Resolver los problemas de seguridad en Colombia requiere de habilidad para priorizar con capacidades limitadas e insuficientes. Esa es una realidad. A los que nos metemos en esto nos toca encontrar soluciones creativas que reconozcan, entre otras, que la justicia no opera y que esa realidad (y otras muchas) no van a cambiar en el corto plazo.

Con la situación que atraviesa el país yo sí creo que la discusión tiene que pasar por asignar mayores cargas a privados en la protección y logística de eventos masivos. El orden público y la seguridad urbana de hoy no dan margen de maniobra para sacar uniformados de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo cuando otros sin el verde oliva podrían ayudar a frenar a los desadaptados que no pueden contener su odio y emoción.