La consulta

Lo que pone de presente el llamado del Presidente de la República a una consulta popular como resultado del enfrentamiento entre el Gobierno y el Congreso, es la necesidad de que haya de nuevo elecciones de medio período, llamadas de mitaca, como sucedía antes de la reforma constitucional de 1968 que las abolió para economizarse esa platica. En esas elecciones se elegía la totalidad de la Cámara de Representantes por períodos de dos años. El período de los senadores era de cuatro años coincidentes con la elección presidencial, pues no había dos vueltas.

El efecto de esa elección de mitaca como sucede en Estados Unidos, de donde se copió la figura, es que el electorado tenía la oportunidad de evaluar la gestión presidencial en la mitad del mandato, con efectos en la composición de la Cámara de Representantes y el Gobierno, de reafirmar su gobernabilidad si lo estaba haciendo bien, facilitando con nuevas mayorías el trámite de las leyes. O corregir el rumbo y formar nuevas coaliciones si el resultado le era adverso.

La consulta propuesta por el presidente Petro sobre temas que naufragaron en el Congreso, en el caso muy remoto de que sean aprobados (cada pregunta tiene que sacar más de 13.600.000 votos, que es la tercera parte del censo electoral, y ser aprobada por la mitad más uno), le crean al poder legislativo la obligación de legislar sobre ellos. O sea, tramitar una ley, cosa que bien podría hacerse de una vez si se vuelven a presentar los proyectos de una manera concertada y de paso economizarse esa plata, que se calcula en $500.000 millones, para gastarla en cosas más urgentes, que son tantas.

Cuando el presidente Carlos Lleras Restrepo abolió las elecciones de mitaca, no solo estaba pensando en la platica, sino también en evitar que el país viviera en permanente agitación electoral, como si ese no fuera el pan de cada día de los colombianos. Quizás hubiera tenido razón en un contexto bipartidista. Ahora, con más de 30 partidos registrados, una reorganización política del Congreso a mitad del mandato es más que necesaria. Si el actual gobierno presume de un gran apoyo popular, no habría una mejor manera de demostrarlo que con una apelación al constituyente primario con efectos electorales. Y si le va mal, asumir las consecuencias políticas en la recomposición de la Cámara.

Los mecanismos de participación popular en Colombia establecidos por la Constitución de 1991, aparte del voto, están diseñados para que no funcionen. Los altísimos umbrales aprobatorios son una muralla contra la voluntad popular, como ha sido demostrado cuando se han utilizado en el pasado. Pero de todos ellos la consulta popular es el más inane, puesto que en el plebiscito se somete a consideración una norma ya existente, en el referendo, se someten normas a la aprobación de los votantes, mientras que la consulta popular nacional, es solo un llamado obligatorio al Congreso para legislar sobre una materia.

Esa consulta se produciría cuando solo falta un año para las elecciones presidenciales, lo cual, en caso de ser aprobada, no le daría tiempo al actual Gobierno para el trámite de las leyes necesarias, ante un Congreso hostil. Cualquiera pensaría que de lo que se trata es de poner al país en trance electoral anticipado, sin consecuencias legales inmediatas, pero con claro impacto en la cercana campaña presidencial.