Diplomacia de Estado

“Nos proponemos por tanto que nuestro equipo diplomático, en consulados y embajadas, sea mucho más profesional…quienes hayan acumulado saberes específicos alrededor de las relaciones internacionales puedan acceder a los cargos y no simplemente, como ocurre hoy, que llegan los hijos de los presidentes, los amigos y las amigas de la clase política, algunos incursos en corrupción”. El presidente Petro debería hacerle caso al candidato Petro. Aunque en campaña prometió darles prioridad a nombramientos de carrera, o de gente que estuviera capacitada para manejar las relaciones internacionales del país, sus nombramientos dejan mucho que desear.

Según datos de Diplomacia Abierta, centro de pensamiento liderado por David Mauricio Castrillón, desde la llegada del nuevo gobierno la Cancillería ha nombrado 30 embajadores, de los cuales ocho han sido de carrera. Entre los casos más llamativos están el de Moisés Ninco Daza quien, según la revista Cambio, no tiene título profesional, pues solo cursó 9 semestres de la universidad Sergio Arboleda. Adicionalmente, para poder nombrarlo como Embajador en México, la Cancillería le hizo una compensación de requisitos, incluyendo como experiencia laboral un simposio de Política y Relaciones Internacionales en 2014, un Model United Nations en la Universidad de la Sabana en el 2015, y su tiempo en la UTL de Gustavo Bolívar. Queda claro que su nombramiento fue por cercanía con el gobierno de turno, no por experiencia laboral o de estudios que lo capaciten para ejercer como embajador en México.

Este tipo de nombramientos han sido recurrente en gobiernos anteriores. Según un reportaje de El Tiempo, entre 2002 y 2022 la Cancillería nombró 432 embajadores. De estos, solo 64 eran de carrera diplomática. Según el Presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, el bajo nombramiento de personas de carrera para estos puestos radica en la trayectoria y capacitación de funcionarios exigidas.
Mientras las personas de carrera necesitan cumplir con una serie de requisitos de experiencia laboral y conocimientos de política exterior, a los de libre nombramiento no se les exige, ni siquiera, tener título profesional. Esto disminuye la efectividad de la política exterior. Un claro ejemplo de esto es la poca diversificación en la política exterior del país.
La política exterior de Colombia con Asia-Pacífico es deficiente, aun cuando estos países representan el 36% del PIB mundial, 53% de la población, y siete de los países más innovadores del mundo, según el Índice Global de Innovación de la Wipo. Uno de los problemas que tiene Colombia para expandir sus relaciones con estos países radica en la estructura de la cancillería. Las relaciones de Colombia con Asia-Pacífico son coordinadas por la Dirección de Asia, África y Oceanía. No obstante, la principal falla de esta dirección radica en juntar tres continentes con intereses y capacidades disímiles, bajo un mismo grupo. Según David Castrillón, doce funcionarios son los encargados de manejar las relaciones de Colombia con 102 Estados de Asia, África y Oceanía, en donde Colombia tiene 20 embajadas. Por su parte, la Dirección de Europa maneja las relaciones con 57 Estados, y la Dirección de América tiene a cargo las relaciones con 34 Estados.

Por consiguiente, la diplomacia colombiana necesita una reorganización urgente. Entre los objetivos debe estar separar la Dirección de Asia, África y Oceanía dentro de la cancillería, y establecer una dirección de Asia y Oceanía, que se encargue primordialmente de las relaciones de Colombia con Asia Pacífico, y una Dirección de África y Medio Oriente, encargado de expandir la presencia de Colombia en esta región.
Igualmente, debe expandirse los cupos de la carrera diplomática, para aumentar el número de personas capacitadas en política internacional, y aumentar, significativamente, el número de personas de carrera diplomática en altos cargos de política exterior. Esto fortalecería, no sólo la política exterior del país, sino que blindaría la proyección internacional de Colombia de las políticas a corto plazo de los gobiernos de turno. En otras palabras, convertiría la política exterior de Colombia, en una de Estado, no de gobierno.