‘Spinning’ reformista en educación

Desde la cartera del Ministerio de Educación de Colombia se anunció el cambio de la Ley 30 para dejar de concebir a la educación como un servicio y comenzar a considerarla un derecho. Este es un cambio importante en el cual el Estado será el encargado de garantizar a los colombianos, teniendo como garantía la constitución, el acceso a este derecho fundamental.

Con todo, la educación no dejará de ser un servicio público y deberá ser de calidad con pertinencia. Además, deberá incluir no solo aspectos como tipos de programas, niveles, preparación de los docentes, infraestructura técnica, física y administrativa, sino también la disponibilidad de información y al aprovechamiento del capital relacional internacional que hayan desarrollado, articulado y capitalizado nuestras instituciones educativas. Sin embargo, la calidad dependerá a su vez de un elemento previo estratégico como lo es el definir el tipo de sociedad y economía que el país requiere para poder garantizar a todos un buen y bien vivir. Este prerrequisito aún no se ha cumplido.

El gobierno preocupado por la cobertura de la educación y por garantizar la accesibilidad al servicio o al derecho educativo, ha centrado la atención en el financiamiento que, por supuesto es un asunto importante, pero tal vez no tan medular para una gestión estratégica de la educación nacional con miras al futuro de Colombia en una prospectiva social y económica aún no definida muy claramente.

El Ministerio debe preguntarse si realmente los programas profesionales que se ofertan hoy en Colombia corresponden con la perspectiva de desarrollo y crecimiento que se ha trazado desde la dirección política y económica del país. La formación profesional en Colombia ha sido diseñada con criterios académicos que no siempre coinciden con las necesidades actuales y futuras de las empresas y ni qué decir de las necesidades para la construcción social de un país que en el presente solo clama infructuosamente por la paz.

El sistema educativo ha sido reactivo más a las coyunturas políticas que a las necesidades sociales y económicas de Colombia. Pero ni la educación pública ni la privada han sido capaces de elaborar una propuesta estratégica para cambiar el sistema educativo de manera que se convierta en un eje de formación, investigación y aplicación de conocimiento transformador de las realidades nacionales. Pero no es un tema solo del sistema educativo, pues al parecer, ni los gobiernos ni el ministerio tampoco tienen claro este asunto.

Desde este punto de vista, seguiremos haciendo ‘spinning’ en lo que internamente consideramos importante mientras dejamos de lado lo estratégico. Seguiremos desatendiendo los requerimientos académicos para impulsar el cambio hacia una sociedad y una economía de futuro. Así, el destino está sellado: seguiremos siendo seguidores de conocimiento. Un tipo de dependencia que ha sido poco estudiado, tal vez porque a nadie le interesa.

La pregunta entonces sería ¿de qué le sirve al país en estas condiciones cambiar la educación de un servicio por un derecho? No parece que la transformación educativa y sus impactos en cambiar nuestras realidades vayan a ser significativos.

* Rector Fundación Universitaria San Martín