Poder y salud

“Buscan que el presidente y la vicepresidenta tengan que practicarse exámenes de ‘lucidez mental’ cada año. Los resultados tendrían que ser públicos si ponen en riesgo la toma de decisión de los mandatarios”.

Me encuentro con esa noticia en elcolombiano.com, publicada la semana pasada. La ilustran fotografías de Gustavo Petro y Francia Márquez, imagino por ser ellos quienes encarnan hoy esas investiduras y no por alguna otra razón.

Agrega ese medio que se trata de “un proyecto de ley que busca practicarle exámenes médicos anuales a los principales mandatarios del país”. Su autor, Carlos Felipe Quintero Ovalle, representante a la Cámara por Cesar y miembro del Partido Liberal.

Eso obligaría a Presidente de la República, Vicepresidente, gobernadores y alcaldes, actuales y venideros, a practicarse un “examen médico integral” que, entre otras cosas, “mediría su lucidez mental y su capacidad de tomar decisiones”.

Los resultados, dice la propuesta de Quintero, solo se harían públicos “en caso de evidenciar la existencia de enfermedades neurodegenerativas, catastróficas de pronóstico reservado o cualquier otra que comprometa la lucidez mental o capacidad cognitiva para la toma de decisiones propias del cargo y el desarrollo de las funciones”.

Disculparán ustedes, pero veo necesaria semejante ilustración para, ahora sí, intentar leer entre líneas lo que significa una iniciativa que, a primera vista, resulta interesante, compleja y, no menos, tardía. Ah, y urgente.

Interesante porque una buena “salud integral”, tanto en lo físico como en lo mental, es la mínima exigencia que debemos hacerles a quienes manejan el destino de las comunidades a su cargo.

Complejo, porque pese a que suena evidente, si el proyecto logra superar los escollos que abundarán antes de hacerse ley, su implementación podría convertirse en un nudo gordiano, fruto de ese deporte en el que somos campeones mundiales: el de las suspicacias. Más el uso de otros recursos, no exactamente nobles. Mal pensado que es uno.

Quintero plantea que sean las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez las que practiquen los exámenes, que además serían anuales. Y aparte contempla derecho a pataleo. Es decir, si el funcionario no comparte el dictamen, podría impugnarlo ante la Junta Nacional de Invalidez. Anticipar congestión en esa instancia no sería exageración.

Igual, es tardío. ¿Hace cuánto que nosotros, como electores, deberíamos contar con información de la salud de nuestros gobernantes que, además, debe ser pública? Quizás nos hubiéramos ahorrado más de un caso clínico al frente del poder.

Agregaría que algo así es urgente. Por una simple razón: la salud mental de los colombianos va a peor. En los últimos cinco años, dato del Ministerio de Salud en 2021, el número de personas atendidas en salud mental creció en un 34,6 %. ¿De dónde salen quienes gobiernan? De ese mismo universo.

Así que no sería bueno seguir haciéndonos los locos con lo que no es otra cosa que un asunto de lucidez. O, al menos, de algo de ella, para no ser tan exigentes.

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Sobrero: No son gratuitos los ataques de que viene siendo víctima la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, por parte de jaurías hechas de bodegueros. Otra línea ética que algunos fanáticos corren, tal cual lo saben hacer: sin vergüenza ni disimulo.