¿Acabar o no con la Procuraduría? Los más y los menos de la propuesta de Petro

El anuncio del presidente electo Gustavo Petro de que una de sus metas como presidente es eliminar la Procuraduría General de la Nación, sigue generando controversia en el país.

“No se trata de echar a la calle a los miles de empleados de la Procuraduría, que tienen unas experiencias investigativas ligadas en su mayoría a ejes jurídicos del derecho disciplinario, se trata es de que se conviertan en la gran Fiscalía Anticorrupción. Es decir, una Procuraduría que pase al poder judicial”, dijo el electo presidente en La W Radio.

Y agregó que su proyecto se haría una vez la actual procuradora, Margarita Cabello, finalice su mandato: “Ahí empezaría la transición para que la Procuraduría pase a fortalecer el poder judicial de Colombia en su ámbito investigativo y centrado en la persecución de la corrupción”.

No obstante, algunas críticas han surgido, con el argumento central de que el Ministerio público es necesario para el correcto equilibrio de poderes en el país.

Entre los críticos de la iniciativa está el exprocurador Fernando Carrillo, quien dijo tener “serias discrepancias con esa propuesta. La función disciplinaria del Estado hay que mantenerla. Se debe transformar indiscutiblemente, pero una institución que va a cumplir 200 años, y que ha cumplido en la mayoría de los casos en la lucha contra la corrupción, va a hacer falta”.

Eso sí, dijo que el organismo de control sí debería fortalecerse y tecnificarse, pero “no va a ser así de fácil reemplazarla por otro ente. Con todo respeto, yo difiero de que el camino sea eliminarla”.

Quien también se pronunció fue Alfonso Gómez Méndez, exprocurador y exfiscal, quien recordó que una propuesta similar se intentó aplicar con el DAS, pero no fue exitosa.

Para él la propuesta podría ser viable “en términos políticos, pero no creo que sea necesario en este momento (…) Habría que esperar a que pasen seis meses, en Colombia no se puede planificar a dos meses (de la posesión) y que se haga el debate en el Congreso y la opinión, ahí seguramente surgirán ideas”.

De la misma manera, apuntó que el proyecto no sería aplicado sino hasta el 2025, año en el que Cabello dejaría su cargo en la Procuraduría.

“Colombia tiene instituciones sólidas, la Fiscalía lo es, hay que fortalecerla, especialmente, en el área de investigación y de fiscales. No sé qué tan buena sea la idea de trasladar automáticamente a funcionarios de la Procuraduría a la Fiscalía”, añadió.

La Procuraduría General de la Nación tiene alrededor de 4000 funcionarios y tiene la obligación de velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas a los servidores.

Por su parte, el consultor Álvaro Benedetti cree que la Procuraduría comparte características con la rama judicial, “allí puede haber, en términos de eficiencia, una mejor focalización de la vigilancia y sanciones disciplinarias, de ser el caso”.

Y agrega: “En un principio estoy de acuerdo con la iniciativa del electo presidente, ante todo porque creo que, no por existir más instituciones dentro del Estado, estas están siendo eficientes y eficaces en la lucha contra la corrupción. Este llamado que hace Petro es para atizar un poco la captura del Ministerio Público por parte del Ejecutivo”.

Para el sucesor de Iván Duque no será tan fácil cumplir con su proyecto, pues este deberá ser aprobado por el Congreso de la República.

“Como todo lo que está por pasar en el gobierno Petro, dependerá mucho de la acogida que tenga en el Congreso, además, este proyecto no es prioritario. Dentro de la agenda del primer año esto no estará en el orden del día. Sin embargo, puede haber sorpresas”, sostiene el consultor.

Otro defensor de la eliminación de la Procuraduría es el exvicepresidente Francisco Santos quien manifestó, a través de su cuenta de Twitter, “si Gustavo Petro quiere acabar la Procuraduría lo acompaño en esa decisión. Solo sirve a los políticos que la llenan de amigos. Ojalá lo mismo pase con la Contraloría. Ahí se ahorra $3 billones o más para el gasto social”.

Cabe destacarse que la relación entre Gustavo Petro y el Ministerio Público es tensa desde que el exprocurador Alejandro Ordoñez lo suspendió de su cargo en el 2013 como alcalde de Bogotá.

El caso llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dictaminó que la Procuraduría no puede sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.