Alertan por los movimientos del Presupuesto General de la Nación para el 2025

Un nuevo Presupuesto General de la Nación, PGN, desfinanciado para el 2025 toca las puertas del Congreso, mientras desde varios sectores del país se pide que no se repitan los errores que se cometieron el año pasado, cuando se aprobaron cifras que no fueron justificadas.

Esta vez, la apuesta del Ejecutivo es enfrentarse con las bancadas parlamentarias en una batalla en la que se apruebe un PGN por $ 523 billones, de los cuales $ 12 billones están en el limbo, ya que solo podrían alcanzarse con una nueva reforma tributaria que despierta desconfianza en varios partidos políticos.

“Hay una responsabilidad política del Gobierno al pasar un presupuesto desfinanciado, porque implica que esa plata tiene que salir de algún lado, y esto se logra a través de deuda, de reducir el gasto o de una reforma tributaria para aumentar el recaudo”, explica Luisa María Lozano, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.

“Si el presupuesto se aprueba tal y como está, la vía de reducir el gasto no es tan viable, la deuda ya está alta, así que lo que se podría suponer es que la Casa de Nariño le está apostando a una reforma tributaria para cubrir todo el presupuesto, por lo que el Congreso tiene una responsabilidad y es que, al aprobar el presupuesto, a la vez se está aprobando implícitamente esa reforma tributaria”, agrega.

Aunque esa iniciativa se debatiría de manera independiente en el Legislativo, la senadora por la Alianza Verde Angélica Lozano le dijo a Colprensa que no ve “ambiente político para que se apruebe, porque estamos ahorita en el estrene de la tributaria en renta y todo el mundo está viendo el aumento, y la situación no da como para pensar en ese crecimiento en los impuestos”.

Este año es la representación del error de aprobar una partida presupuestal con ‘huecos’, porque en el 2023 se le dio el visto bueno a un PGN amparado en un recaudo de $ 12 billones proveniente de la Dian que terminó siendo ineficiente, lo que ‘golpeó’ fuertemente el establecimiento económico y obligó al Ejecutivo a hacer un recorte de $ 42 billones, comentan varias de las fuentes consultadas.

Para el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, “parte de la responsabilidad del Gobierno ante toda la sociedad y la comunidad política en la presentación de un tema tan sensible, como lo es el Presupuesto General de la Nación, es la de entregar cifras exactas y fiables”.

Y señala: “Pareciera que se está cometiendo el mismo error de antes, se están presentando cifras que no son exactas. De ahí la importancia de que centros de investigación y consultoría han hecho llamados para que se sepa que hay un desfase, y los congresistas de alguna manera tomaron decisiones en función de unas cifras que no fueron reales, y esa es una excusa previsible”.

Además, Charry menciona que el Banco de la República juega un papel muy importante en indicar si las cifras son reales o no, así como el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de presentar los números.

“Quizás en el momento en que se aprobó el PGN del año pasado había cierta coalición en el Congreso todavía funcionando, que le permitió al Gobierno aprobarlo, pero hoy en día, y debido a que se cayeron las demandas que iban a generar el equilibrio fiscal, los congresistas y la opinión pública están mucho mejor enterados de lo que está pasando. Por ello, debe haber un mayor control político por parte de senadores y representantes”, añade.

De hecho, la oposición y sectores independientes intentaron devolver el proyecto a la Casa de Nariño, pero la bancada oficialista rompió el quórum, obligando a que se levantara la sesión, a la espera de una nueva citación.

Al preguntar por esa posibilidad, el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón respondió: “Frente a las dudas de que el Gobierno devuelva el proyecto para modificarlo, tengo entendido que ya pasaron los tiempos para que eso se pudiera haber hecho”.

La discusión

Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, que se ocupa de asuntos económicos explicó también en entrevista con Colprensa: “No es por campanazo, ni por sacarle los dientes, pero de qué sirve aprobar $ 523 billones para el presupuesto, cuando el Ejecutivo presentó el marco fiscal con unos supuestos y un cálculo de recaudo en junio y en julio radicó el PGN con otro. ¿Qué milagro pasó en un mes?”.

Y alertó que “porque el Gobierno ponga datos que no cuadran, el Congreso no puede auspiciar y seguirle la corriente. Además, ya lo dijo en un tono suave pero contundente la Contraloría: que entre el marco fiscal presentado por Hacienda en junio y el que dijo en julio hay 16 billones de diferencia”.

Asimismo, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe advirtió que “el presupuesto crece de manera desproporcionada en el gasto en burocracia, funcionamiento y nómina, mientras que reduce los números para inversión. El derroche también es corrupción, y la baja inversión sacrifica política social y la posibilidad de dinamizar sectores fundamentales para la economía, como vivienda, infraestructura, educación, el campo e incluso el deporte”.

De hecho, su colega Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, denunció que con el recorte que tuvo que hacer el Ejecutivo, el Ministerio de Deporte sufrirá una reducción del 66 % en su presupuesto para el 2025, al perder $899 mil millones “que podrían servir para respaldar deportistas de alto rendimiento, invertir en infraestructura deportiva o financiar programas para jóvenes talentos”.

“En definitiva, lo del Presidente Gustavo Petro es gastar en burocracia, mientras recorta en inversión y en sectores que sí pueden contribuir a la reactivación económica, la visibilización del país o la movilidad social”, sostuvo el congresista opositor.

De su lado, Alfredo Mondragón comenta que “lo que está en debate en este momento es si el Congreso va a negar el presupuesto que debe ir acompañado de una ley de financiamiento de los 12 billones adicionales que son para inversión en las regiones. No veo a un Legislativo que no quiera recursos para sus regiones, a menos que el sectarismo contra el Mandatario les pueda más que las necesidades de financiamiento en sus territorios”.