Así funcionará el mecanismo para denunciar delitos electorales

La Fiscalía General de la Nación estableció la hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos electorales antes, durante y después de las votaciones previstas para marzo, mayo y junio de este año en Colombia.

Según lo anunciado por el titular del ente acusador, Francisco Barbosa, en la Directiva 0002 se incluyeron lineamientos puntuales para poner en evidencia determinadores, máximos responsables y beneficiarios de las prácticas delictivas relacionadas con los comicios para el Congreso, las consultas interpartidistas y la Presidencia.

“De igual manera, identificar y desarticular las estructuras que, en cada territorio, se organizan para afectar la voluntad de los votantes en las urnas”, agregó el Fiscal General.

Esto después de que esa entidad encontrara que en 258 municipios del país hay riesgo alto de que se cometan delitos electorales, en 526 un riesgo medio y en 38 un riesgo bajo.

Y las estadísticas del ente acusador también indican que Antioquia es el departamento con el mayor número de municipios con alto riesgo de presentar corrupción electoral (38), seguido de Cauca, con 32; Nariño y Norte de Santander, con 18; Valle del Cauca, con 14 y Bolívar y Tolima, con 12.

En cuanto a municipios, se reveló que Buenaventura presenta el mayor riesgo de sufrir corrupción electoral, pues registra 59 puntos. Le siguen Turbo, Valdivia, El Bagre, Tumaco, Patía, Santa Marta y Cúcuta.

Es por ello que la directiva contempla estrategias para detectar anomalías desde el momento mismo de la inscripción de cédulas, así como los hechos delictivos que pueden tener lugar el día de las elecciones y durante los escrutinios, ante la eventual intención de modificar los resultados.

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Luis Fajardo, vicedefensor del Pueblo, se reunió con entes civiles, autoridades y personeros del Bajo Cauca, donde se detectó un alto riesgo electoral por la presencia de grupos armados.

Para este propósito se contará con un equipo especializado de fiscales del Eje Temático de Protección de Mecanismos de Participación Democrática, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, y se articularán los esfuerzos de las fiscalías delegadas contra la Criminalidad Organizada, para la Seguridad Territorial, y contra las Finanzas Criminales.

De manera puntual, esta última tiene la misión de detectar la financiación ilícita de campañas o las alteraciones en los informes contables que se presenten ante las autoridades competentes.

Por su parte, la Unidad Especial de Investigación será la encargada de investigar, junto con la Policía Judicial, todo lo referente a la elección de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y los homicidios o amenazas hacia reincorporados o miembros del Partido Comunes.

Antecedentes
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Otras cifras de la Fiscalía General indican que en los últimos cuatro años se han abierto 3867 casos de delitos asociados a procesos electorales en el país.

En 2018, cuando también hubo elecciones para Congreso y Presidencia de la República, se registraron 1273 casos; en 2019, 2358, con ocasión de los comicios de mandatarios locales y departamentales. En 2020 se reportaron 115 casos y el año pasado 101.

Este informe indica que los delitos electorales más recurrentes son corrupción al sufragante (936), fraude en inscripción de cédula (505), constreñimiento al sufragante (428), voto fraudulento (421), delito contra mecanismo de participación democrática (270) y alteración de resultados (270).

Asimismo, se estableció que en 2019 se registraron las cifras más altas en costreñimiento al sufragante, con 656 casos, y fraude en inscripción de cédula, con 323.

De 933 candidatos inscritos al Senado, solo 151 (equivalentes al 16,2%) han reportado sus ingresos en el portal Cuentas Claras, que fue creado hace una década como mecanismo de transparencia de los procesos electorales.

De ese mismo total, 203 aspirantes ya reportaron sus gastos ante esa misma instancia de rendición de cuentas y control de gastos de las campañas políticas.

En cuanto a la Cámara de Representantes, de 1899 aspirantes, únicamente han reportado ingresos 234, equivalente al 12,3 %, mientras que 147 ya reportaron sus gastos ante esta instancia del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.