Caso Benedetti: Así sería una eventual investigación penal contra el presidente Petro

Ante la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara deberá presentar el senador Miguel Uribe Turbay la denuncia que anunció formulará en contra del presidente Gustavo Petro, luego de que la revista Semana revelara unos audios en los que Armando Benedetti insinúa que a la campaña que llevo a Petro a la Presidencia entraron dineros ilícitos.

Esta Comisión está conformada por dieciséis miembros, elegidos por el sistema del cuosiente electoral y ejerce funciones judiciales con los denominados aforados constitucionales que son el Presidente de la República, el Fiscal General, los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y los consejos de Estado y Superior de la Judicatura.

En el momento en el que algunos de los citados altos funcionarios es acusado de cometer un delito cuando está en ejercicio de sus funciones, o incurre en indignidad por mala conducta, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara debe entrar a investigarlo.

¿Cómo es el proceso?

Cuando llega una denuncia a la Comisión, el presidente de dicha célula legislativa debe designar a tres parlamentarios, quienes determinarán si es procedente o no iniciar una investigación en contra del aforado denunciado.

En caso de que los tres representantes determinen que se cuenta con el material necesario para continuar, se adelanta la investigación y dictan las medidas necesarias para recolectar pruebas del caso específico. Luego de esto, el proceso pasa a la plenaria de la Cámara y si avanza en esa instancia, es al Senado al que le corresponde definir si acusa al sindicado. En caso positivo, el proceso pasa a la Corte Suprema de justicia, quien adelanta el juicio contra el aforado.

Es de anotar que desde existe este proceso para juzgar al Presidente de la República y los otros funcionarios aforados, ningún mandatario ha sido condenado e, incluso, ninguna investigación ha llegado a manos de la Corte Suprema para adelantar el juicio.

El caso que más avanzó fue el que se siguió contra Ernesto Samper, a quien se investigó por el ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña que lo llevó a la Presidencia. En esa ocasión la Comisión de Acusaciones consideró que había méritos para poner el caso en consideración de la Cámara.

El 6 de julio de 1996, Por 111 votos contra 43, la plenaria de la Cámara decidió archivar la investigación. Samper no fue declarado ni culpable, ni inocente, el proceso simplemente fue precluido.

¿Comisión de absoluciones?

Ante la histórica falta de resultados que ha caracterizado el actuar de esta Comisión, desde hace varios años se ha venido proponiendo eliminarla Quienes piden acabar con la comisión tiene un fundamento muy claro: son más de 1.100 los procesos que tienen represados sin que se haya hecho nada para dar respuestas a cada uno de estos procesos

Esa es la razón por la cual hay un gran consenso en los círculos jurídicos sobre la necesidad de que esas funciones que debería cumplir esta dependencia de la Cámara, sean trasladadas a la Corte Suprema de Justicia, lo que implicaría una reforma constitucional.

Una de las mayores críticas que se le hacen a la comisión es que sus integrantes no son expertos en investigación y que no tienen ni asesores ni los elementos para adelantar correctamente un proceso contra los altos funcionarios aforados.

También se afirma que sus investigaciones tienen más carácter político que jurídico.