Cese al fuego entre el Gobierno y el ELN: ¿Un avance significativo?

Por: Diego Arias, analista del conflicto y experto en Derecho Internacional Humanitario.

En cualquier circunstancia o tiempo que tenga lugar, un acuerdo de cese al fuego es un logro para celebrar. Cuando del mismo se obtiene que la destrucción y el fuego de ametralladoras y fusiles cesen o bajen su intensidad, así sea de manera temporal y con un alcance limitado, se gana en la posibilidad de avanzar en conversaciones de paz que pongan fin a la violencia de manera definitiva y, sobre todo, se salvan vidas.

Lo anunciado por el Gobierno y ELN en La Habana tiene una extraordinaria importancia. Puede llegar a constituirse en un punto de inflexión, un antes y un después, en el contexto de un proceso complejo para acordar la paz con esa guerrilla, cercana a cumplir 60 años de alzamiento armado.

Del cierre de este tercer ciclo, extendido en el tiempo dada la complejidad de los temas en discusión, se esperaban acuerdos en tres ámbitos: uno se refiere a concretar alivios humanitarios para la población civil en zonas priorizadas, como el Bajo Calima (Buenaventura) y la cuenca del río San Juan (Chocó), y atención médica y excarcelaciones para integrantes del ELN detenidos, dadas sus difíciles condiciones de salud. Otro de los anuncios esperados, medular para esta negociación de paz, está relacionado con la participación de la sociedad civil en el proceso, y el que ha concentrado la mayor atención: el cese al fuego que, hay que decirlo, se esperaba fuese también de hostilidades.

Cese al fuego

No es fácil pactar un cese al fuego. Resulta todo un desafío lograrlo en el contexto de un conflicto que tiene lugar en territorios complejos geográficamente y dinámicas militares de la cual participan el Estado y las guerrillas, pero también otros actores armados y múltiples lógicas de violencia y criminalidad ligadas a economías ilegales, especialmente narcotráfico.

La propuesta con la que el Gobierno llegó a La Habana sugería pactar un cese al fuego circunscrito a unos territorios específicos para escalarlo luego, con el tiempo y dependiendo de su buena aplicación, a nivel nacional. A cambio lo anunciado es un acuerdo nacional, bilateral y temporal.

Hay al menos dos razones que justifican este acuerdo, si se quiere llamar ‘tempranero’, con el ELN. Una es la prioridad que en la estrategia gubernamental se da a ‘salvar vidas’, algo en lo que se supone una sociedad madura debe estar de acuerdo. La otra tiene que ver con que la persistencia de la confrontación armada no contribuye al buen clima para el desarrollo de un punto esencial de la negociación: participación efectiva de la sociedad civil.

Limitaciones

El cese al fuego acordado tiene claras limitaciones. Una es que es bilateral, ya que trata sobre el cese de operaciones ofensivas entre las partes, siendo que lo deseable es que se pueda avanzar en un cese multilateral, que comprometa también a otros actores armados.

Así que la búsqueda de un cese al fuego de carácter multilateral sigue siendo un imperativo, pero hay que recibir como un avance notable este con el ELN, aceptando que, dada su naturaleza bilateral, hay dinámicas de la guerra que van a continuar, al menos por ahora. En esto es de esperarse que el Gobierno, en el marco de su estrategia de Paz Total, pueda avanzar rápido en el cese al fuego con otros grupos. Entre tanto, hay que demandar de las Fuerzas Armadas un accionar eficaz, con apego al Derecho Internacional Humanitario, mientras se llega a esos acuerdos o se somete, por el uso legítimo de la fuerza, a quienes renieguen de la posibilidad de desescalar pronto (y luego terminar) la confrontación violenta.

¿Y las hostilidades?

Un cese al fuego establece normalmente una limitación para desarrollar acciones ofensivas, pero, a menos que las partes acuerden que también sea de hostilidades, hay un grupo amplio de acciones sobre las cuales no hay proscripción para evitar que ocurran. Que lo anunciado en La Habana no haya involucrado hostilidades, especialmente en lo referido a secuestro, extorsión y otras maneras ilegales de financiación del ELN, está siendo, como era de esperarse, objeto de cuestionamientos.

No es fácil sustentar porqué esa guerrilla puede seguir haciendo uso de esas prácticas condenables que afectan de forma directa, en la mayoría de los casos, a la población civil. Más allá de cierto oportunismo político para criticar el acuerdo con el ELN, hay legítimos reclamos en amplios sectores en relación con el tema, a los cuales las partes deben dar audiencia. Este ‘faltante’ no tiene otra salida a que pronto se avance del cese al fuego a uno que incorpore todo tipo de hostilidades; la Fuerza Pública haga muy bien su tarea de prevenir o responder exitosamente a estas prácticas y, quizás lo más importante, que el ELN entienda bien que esas acciones serán siempre repudiables y que persistir en ellas lastima profundamente la credibilidad en el proceso de paz.

Sobre ese tema y la implementación práctica de lo acordado será decisivo el mecanismo de verificación atribuido a instituciones confiables en estos complejos asuntos como la ONU, la Iglesia Católica y otras concernidas en tareas de monitoreo, seguimiento y verificación. Es deseable que los tropiezos en la implementación (ojalá no sean muchos) no solo puedan ser resueltos o tramitados positivamente, sino que no distraigan la atención de lo central: convenir un acuerdo de paz.

Lo logrado por las partes sobre el cese al fuego es un gran avance, pese a sus limitaciones. Si funciona, puede llevar el proceso a un punto de no retorno en el que la paz pactada (¿2025?), que es la mejor paz posible, ocupe el lugar en el que hoy prevalece la confrontación violenta.

Hay que darle una posibilidad real a este cese al fuego para que funcione y salga bien…