Consejo de Estado viajó a Washington para explicarle a la CIDH las sanciones de la Procuraduría contra funcionarios elegidos popularmente

Cuatro magistrados del Consejo de Estado viajaron este martes, 12 de noviembre, hasta Washington, para sostener una “reunión amistosa” con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de aclarar los alcances de las sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación a funcionarios elegidos por voto popular.

Luego de que el pasado viernes conmemoraran los 39 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, Milton Cháves, encabezó la delegación que incluyó a la magistrada María del Pilar Bahamón, de la Sala de Consulta y Servicio Civil, así como a los magistrados Alberto Montaña y Omar Barreto, integrantes de las Secciones Tercera y Quinta, respectivamente.

Esta reunión se da en un contexto tenso, marcado por la falta de consenso dentro del propio alto tribunal sobre la aplicación del fallo C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, que reafirmó las competencias del Ministerio Público para sancionar a estos funcionarios, pero condicionó dichas sanciones a una revisión por parte del Consejo de Estado.

Sin embargo, algunos magistrados no han seguido esta directriz, señalando que la CIDH había dado un precedente diferente en el caso del presidente Gustavo Petro, cuando este fue destituido de la Alcaldía de Bogotá por la Procuraduría en el 2014. En dicha ocasión, el fallo hizo que el hoy primer mandatario fuera restituido en el cargo argumentando que el Estado colombiano le había violado sus derechos políticos.

Y desde ahí, Petro ha insistido en que el ente de control no tiene la autoridad de sancionar o suspender a un funcionario público elegido mediante el voto popular. De hecho, por eso el jefe de Estado ha tenido varios choques con la actual procuradora Margarita Cabello.

Según lo informó la emisora la FM, durante la reunión, los magistrados explicaron a la CIDH que el Consejo de Estado actúa con autonomía, imparcialidad e independencia en sus decisiones, y que sus funciones como órgano contencioso administrativo y consultivo se rigen estrictamente por la Constitución y la ley.

De acuerdo con ese medio de comunicación, uno de los propósitos de la reunión es explicar a los comisionados de la CIDH que las decisiones del Consejo de Estado en Colombia no tienen como objetivo favorecer ni perjudicar al Gobierno Nacional de turno.

Las controversias sobre estas sanciones desencadenaron un enfrentamiento interno dentro del Consejo de Estado, especialmente entre las Secciones Segunda y Quinta.

La Sección Segunda había emitido una serie de fallos entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, en los que revocaba varias sanciones impuestas por la Procuraduría a funcionarios de elección popular, como el fallecido exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández y el representante a la Cámara Marco Sergio Rodríguez.

Sin embargo, la Sección Quinta, que respalda las competencias de la Procuraduría para sancionar a estos funcionarios, solicitó la revisión de los fallos emitidos por la Sección Segunda, argumentando que las sanciones no debían ser anuladas.

*Con información de Colprensa y redacción de El País