Continúa la polémica por la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Se quedará sin presupuesto?

Diferentes sectores siguen encendiendo las alarmas ante el supuesto bloqueo presupuestal que estaría sufriendo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por parte del Gobierno Nacional.

Saldadas las dudas sobre un cierre prematuro de ese tribunal de justicia transicional, tras la declaración del comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien aseguró que “no hay que acabarla, sino irla cerrando”, el llamado inmediato al Ejecutivo es a responder por la falta de recursos y la posible intención de reducir su alcance.

“Si la JEP llega a quedarse sin recursos, la culpa se centra y estaría en cabeza del actual Gobierno. No tendría presentación alguna y estaría el mismo Estado colombiano incumpliendo los Acuerdos de Paz”, indica Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia a la Justicia, quien señaló que la falta de presupuesto sería un acto de complicidad con la impunidad.

Según explica, esta situación no solo afecta la capacidad de la Jurisdicción para operar, sino que compromete su legitimidad, ya que las sanciones restaurativas, pieza fundamental del sistema de justicia transicional acordado en La Habana dependen de que estén disponibles los recursos necesarios para que los comparecientes puedan cumplir con los compromisos que en su momento disponga la JEP y que, como se sabe, pueden consistir en la construcción de obras de infraestructura o labores de desminado, entre otros.

Por ello, si el Estado no provee esos recursos, se corre el riesgo de que las sanciones no se cumplan, lo que, en palabras de Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, dejaría a las víctimas “sin una verdadera reparación”.

Herrera enfatiza que, si el Ejecutivo obstaculiza el funcionamiento de la Jurisdicción, esto lo convertiría en cómplice de violaciones a los Derechos Humanos. “Si por esa vía el Gobierno Petro hace inoperante a la JEP, tendrá que responder ante instancias internacionales por ese atropello”, añadió.

En ese mismo sentido es el llamado hecho por la Procuraduría General de la Nación, al explicar que “limitar sus funciones afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de Derechos Humanos”.

“Las amnistías indiscriminadas están prohibidas por el Derecho Penal Internacional. Estas acciones podrían reactivar la intervención de la Corte Penal Internacional. Es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad como garantes de los recursos para la implementación de las sanciones propias de la JEP. Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas”, agrega en un comunicado del pasado domingo.

De acuerdo con recientes declaraciones del presidente de la JEP, Roberto Vidal, “el año pasado convinimos con el Gobierno que estarían destinados $450.000 millones que estuvieron alojados en el Fondo Colombia en Paz, pero la noticia que tuvimos el último mes, que contravenía el desarrollo de este proceso, es que tales recursos fueron destinados a la Unidad de Víctimas para otras funciones”.

¿Menos competencias?

El Ministerio Público también sugirió la posibilidad de que se esté queriendo reducir el alcance de la Jurisdicción.

Al respecto, Herrera sugiere que cualquier intento de restringir sus competencias sería un atentado contra la independencia judicial: “La JEP es una alta corte, y cualquier intento de frenarla sería un ataque directo a la justicia en Colombia”.

Por su parte, Rodríguez explica que parte del descontento actual con respecto al tribunal de paz proviene de la falta de comprensión sobre el alcance de los casos que puede procesar. “El Acuerdo de Paz nunca dijo que solo los miembros del Secretariado de las Farc serían procesados”, añade.

A pesar de las dificultades, los juristas consultados coinciden en que la Jurisdicción ha avanzado en su misión, al haber abierto once macrocasos que incluyen a excombatientes y miembros de la Fuerza Pública, pero que todavía falta tiempo para evaluar completamente su efectividad, por lo que la incertidumbre sobre su futuro sigue estando latente.

“El reto es asegurar que la JEP cuente con los recursos suficientes para seguir adelante. El proceso de justicia transicional es esencial para Colombia, y es crucial que se respete el mandato que se le dio a la Jurisdicción Especial en el Acuerdo de Paz”, sostiene Ana María Rodríguez.

En ese sentido, en su comunicado la Procuraduría General de la Nación reiteró su disposición para colaborar en los procesos de articulación institucional que aseguren el cumplimiento de los derechos de las víctimas y la sociedad, en el marco del sistema de justicia transicional.