¿Es posible tener un fiscal general independiente?

Es necesario quitarle definitivamente al Presidente de la República la postulación de los candidatos a Fiscal General de la Nación.

Esa es la conclusión de varios constitucionalistas consultados por El País, a propósito de los señalamientos que algunos sectores le han hecho al actual jefe del ente investigador, Francisco Barbosa, quien ha sido acusado de recurrir a ‘cortinas de humo’ -como sería la captura del Gobernador de Antioquia- para desviar la atención del proceso que se sigue por la ‘Ñeñepolítica’, en el que se ha involucrado la campaña a la Presidencia de Iván Duque.

“Quizá debería ser la propia Corte Suprema de Justicia, que es la que al final lo elige, la que también escoja los candidatos y haga el proceso de selección y elija al Fiscal General”, plantea el abogado Héctor Riveros, quien agrega que la postulación del Jefe de Estado “le hace mucho daño” al ente investigador como institución.

“No necesariamente porque los presidentes interfieran o no en las decisiones de la Fiscalía, que sería muy grave, pero sí por la percepción de independencia que debe tener el titular de ese cargo. La gente en Colombia tiene un problema de desconfianza con la Fiscalía, generada entre otras cosas por esa relación con el Presidente”, puntualiza el experto.

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José Gregorio Hernández, quien fue presidente de la Corte Constitucional, va más allá y sostiene que la independencia del Fiscal frente al Gobierno, como la del Procurador, el Contralor y los magistrados, son elementos trascendentales en una democracia.

“Infortunadamente, la Constitución, al prever el sistema de elección de estos cargos, no garantizó esa independencia, por lo que la terna para elegir al Fiscal General es elaborada por el Presidente de la República”, agrega.

Hernández recuerda que durante el Gobierno Santos se expidió un decreto que pugnaba por abrir una convocatoria pública para suplir ese cargo, como lo dispone el Acto Legislativo 2 de 2015, “sin que haya sido muy bien aplicado por él mismo”.

Y continúa explicando que dicho decreto fue derogado por el presidente Duque, “quien envió a la Corte Suprema una terna compuesta por funcionarios subalternos suyos y, por tanto, cualquiera que fuera elegido, habría tenido esa relación burocrática, esa dependencia de él, siendo muy competentes, porque la crítica no se refiere a la persona sino al sistema”.

En ese sentido, plantea que modificar ese sistema de elección implicaría reformar la Constitución. En eso coincide también el abogado Rubén Darío Henao, quien especifica que esto solo se podría hacer a través de la sociedad, que es el constituyente primario, o vía Congreso.

¿Pero cómo debería ser entonces el proceso de escogencia del Fiscal General de la Nación?

“Por concurso público”, responde el exmagistrado Hernández y añade que dicho proceso deberá estar basado en normas que contemplen total y plena independencia.

“Prohibir que quien postula lo haga con personas con las que ha mantenido una relación de amistad, hayan dependido de alguna manera de él o contribuido a su nombramiento en cargos anteriores. Es decir, quien postula no debe tener una relación que implique posteriores impedimentos con quienes son postulados y lo propio pasa con los electores, tampoco deben depender, haber dependido o tenido relación de amistad, familia o intereses con el mismo funcionario”, argumenta.

Pero quien estuvo al frente de la Corte Constitucional tiene más requerimientos: “También hay que prohibir esa mala costumbre de obtener apoyo político absolutamente para todo, porque se han politizado, infortunadamente, tanto las cortes como los organismos de control”.

Entonces, dice, es indispensable establecer que lo válido para una postulación y elección sea una hoja de vida libre de antecedentes penales o disciplinarios, el conocimiento específico que se requiere para desempeñar un cargo y, por supuesto, independencia.

“No aceptar las recomendaciones de carácter político y eliminar esa otra mala costumbre que consiste en que los candidatos a cargo necesitan recorrer los despachos de quienes los pueden postular, rogando un voto y de pronto comprometiéndose, y después, cuando son postulados, recorrer los escritorios de quienes van a hacer la elección y también comprometiéndose”, indica.

Tres casos

Las últimas tres personas elegidas como Fiscal General de la Nación por el Jefe de Estado de turno estuvieron en entredicho porque ser ternadas por su compañero de trabajo, amigo o allegado les costó recusaciones, impedimentos e incluso la salida del cargo.

En marzo de 2012, durante el mandato de Juan Manuel Santos, y tras la renuncia de Viviane Morales, Luis Eduardo Montealegre fue elegido jefe del búnker, pero el haber asumido antes la defensa jurídica de Saludcoop EPS se convirtió en una sombra que lo acompañó durante los cuatro años.

En efecto, un manto de parcialidad rodeó las investigaciones por el desfalco de más de un billón de pesos, en medio de la cual la excontralora Sandra Morelli señaló a Montealegre de recibir cinco mil millones de pesos.

Justamente en documentos de la Contraloría General de la Nación se refieren 131 irregularidades administrativas y fiscales durante su gestión.

También llenos de turbulencia estuvieron los tres años que Néstor Humberto Martínez se desempeñó como fiscal general debido a un sinnúmero de impedimentos, recusaciones y debates de control político en el Congreso.

De hecho, en el 2016, cuando se posesionó, se estaba destapando el entramado de corrupción que suscitó la multinacional brasileña Odebrecht al entregar coimas a senadores, contratistas y funcionarios para lograr la adjudicación de contratos de infraestructura en el país y él había asesorado al Grupo Aval, que fue implicado en dichas irregularidades.

Ante las recusaciones y la presión de la opinión pública, Martínez y la exvicefiscal Paulina Riveros se declararon impedidos para conocer del caso, por lo que en diciembre de 2018 se tuvo que asignar un fiscal ad hoc.

En septiembre de 2009, en un hecho inédito, la Corte Suprema de Justicia le devolvió la terna al presidente Álvaro Uribe, porque los perfilados no eran idóneos para estar al frente de la Fiscalía.

Cinco meses más tarde, el titular anunció su renuncia irrevocable, según él, tras un revés de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionado con el desertor del Acuerdo de Paz con las Farc ‘Jesús Santrich’.

Finalmente, en febrero pasado llegó al búnker Francisco Barbosa, una de las personas de confianza del actual jefe de Estado, Iván Duque, quien ya tiene dos recusaciones para que se aparte de la investigación por la ‘Ñeñepolítica’.

Esto luego de que se conocieran audios en los que el señalado narcotraficante José Hernández mencionó una supuesta colaboración económica que se le habría dado a esa campaña por la Presidencia de la República.

Barbosa, a su vez, ha señalado que él no está en la primera línea de las investigaciones que se iniciaron en marzo, lo que no implica riesgo para las mismas y que ya se compulsaron copias de las mismas a la Corte Suprema, la Comisión de Acusaciones del Congreso y el Consejo Nacional Electoral.

Precisamente será la Corte la que determine si da el aval a las recusaciones, que son las solicitudes que pueden hacer las partes del proceso para que sea otro juez, magistrado o funcionario quien conozca de la situación, en aras de garantizar imparcialidad, justicia e igualdad.

Pero en opinión del abogado Camilo Burbano no existe ninguna causal de impedimento aplicable al actual Fiscal General en relación con la ‘Ñeñepolítica’, como lo ha señalado también la Oficina de Asuntos Jurídicos del ente investigador al sostener que tales actuaciones “se predican únicamente en procesos en curso” y que, de llegarse a tener una recusación, debe ser en contra del fiscal del caso y no de Barbosa.

Así las cosas, mientras el jefe del búnker insiste en la independencia del encargado de la investigación, tampoco cesan las voces que afirman que lo mejor sería que él dé un paso al costado, mientras que los constitucionalistas dicen que se debe solucionar el problema de fondo, que es cambiar la forma en la que se escoge al Fiscal.

Opiniones

Para el abogado Alfredo Gómez, un Fiscal General debe ser inde-
pendiente, cumplir el juramento que reza en la Constitución y la ley sobre actuar con rectitud, honestidad e imparcialidad.

“Eso lleva a descartar en el ejercicio de la función amistad, enemistad, gratitud y vínculos económicos”, agrega.

A su vez, José Gregorio Hernández, asegura que Barbosa sí debería declararse impedido “por transparencia, imparcialidad y dignidad y para que no se diga después que alguna decisión que adopte fue tomada para favorecer a alguien con quien tuvo participación en la campaña política”.