Exclusivo: Esta es la resolución de la Cancillería que hace cambios en el examen para ingresar a la carrera diplomática

El Gobierno Nacional desde San Basilio de Palenque firmó, el pasado sábado, la resolución 8056 de 2024 que hace cambios a la forma en que los colombianos se presentan a la carrera consular. Si bien desde el anterior borrador, que fue revelado por El País en exclusiva, se implementaron algunos cambios, varios funcionarios de la Cancillería se han mostrado incómodos con esta disposición.

Durante el acto público, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, destacó que esta resolución implementa un concurso más inclusivo, al involucrar no solamente a los 32 departamentos del país sino, además, a cuatro Consulados de Colombia en el exterior (Madrid, España; Miami y Nueva York, Estados Unidos; y Esmeraldas, Ecuador).

“Con este concurso se diseñó un esquema de acción afirmativa para que la diplomacia tenga una mayor participación, no solamente de los pueblos étnicos y sus culturas en el país, sino de las regiones, de las provincias, de los grupos sociales y económicos que no han sido privilegiados”, dijo Murillo. Además, el funcionario indicó que, con esto, se busca plasmar la garantía constitucional de la igualdad en el acceso a las oportunidades. Y es precisamente este punto el que no le gusta a los funcionarios, pues, como se había denunciado en un principio, el hecho de pertenecer al Sisbén o alguna comunidad nativa entrega ventajas a algunos participantes.

Frente a este punto, uno de los sindicatos de la Cancillería, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, Unidiplo, aseguró que debido a que el ingreso a la carrera diplomática se hace a través de un concurso de méritos “cualquier desviación al mismo, atenta no solo hacia el cumplimiento de los fines mismos del estado, sino que es parte misma de la estructura del Estado Social de Derecho”.

Y es que a juicio de varios diplomáticos, el concurso reduce los requisitos para ingresar a la carrera diplomática, pues el aspirante solo debe certificar un uso de un idioma de uso diplomático en nivel B1, así mismo podrá acreditar un tercer idioma pero de una lengua de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de los Rrom o creolé del archipiélago de San Andrés. Estas personas tendrán un puntaje equivalente al 3% sobre el puntaje alcanzado en las pruebas escritas. Este tercer idioma es emitido por la autoridad del territorio o por los presidentes de los Consejos Comunitarios o por el representante legal de las comunidades étnicas. Para el tercer idioma, el aspirante también puede presentar una prueba de Coreano, Árabe, Swahili, Turco, Rumano, Húngaro y Checo.

Adicionalmente, los críticos de la resolución indican que su complejidad, tanto a la hora de presentarla como a la hora de evaluarla, puede llegar a incluir criterios subjetivos y esto afecta los puntajes obtenidos por los aspirantes. La resolución, conocida por este medio, plantea que las pruebas escritas de selección múltiple de Colombia contexto interno, Colombia contexto internacional, comprensión de lectura, y prueba de conocimientos sumarán un 60% del total de la prueba; mientras que se agrega una prueba psicotécnica (10%), una entrevista individual (15%) y una interacción grupal (15%), el total de estas últimas será del 40%.

Adicionalmente, en caso de empate, serán escogidos quienes pertenezcan a un pueblo indígena, negro, afro, palenquero Raizal, o Rrom, quien acredite ser víctima del Conflicto Armado, quien pertenezca al Sisbén A y B, quien se encuentre en situación de discapacidad o quien tenga derechos en carrera administrativa, entre otras.

Cabe anotar que en esta resolución figura que los admitidos conocerán los resultados el 17 de junio de 2025, lo que podría indicar que iniciarían su formación un mes después en julio de 2025, es decir, que durante el 2024 no hubo formación de funcionarios de carrera alargando así un proceso que durante los últimos años buscaba formar profesionales idóneos para la representación de Colombia en el exterior. Algunos expertos consultados por El País indicaron que es muy probable que esta resolución sea demandada, lo que podría retrasar aún más la formación de nuevos profesionales al servicio de Colombia en otras latitudes.